Servindi, 24 de abril, 2015.- A través de una declaración pública emitida esta semana, un amplio grupo de instituciones de la sociedad civil chilena, expresaron su rechazo a un proyecto de ley que busca concentrar el poder de las empresas sobre el espectro radioeléctrico.
La norma en debate, promovida por el ministro de Transporte y Telecomunicaciones Andrés Gómez-Lobo Echenique en setiembre del 2014, aprobaría la creación de “un mercado secundario del espectro radioeléctrico”.
De aprobarse esta nueva legislación lograría que “el recurso ya concesionado pueda ser vendido o sub-arrendado a otras concesionarias o empresas para aumentar su capacidad espectral”.
Debido a que el espectro radioeléctrico permite el uso de la radio, televisión, y las telecomunicaciones (comunicación vía celular y la descarga de datos), es reconocido como un bien público.
Sin embargo, las compañías de telecomunicaciones lo estarían ‘subutilizando’ por lo que es posible “transferir una concesión de espectro radioeléctrico de manera completa con los mismos derechos y obligaciones que tenía la concesionaria original”.
Por ello, se presume que estas acciones incentivaría la no competencia en el sector. Es decir, se facilitaría que el poder del espectro radioeléctrico se concentre en pocos grupos económicos.
En el documento de rechazo dieron su rúbrica algunos profesores de diversas universidades, organizaciones, asociaciones, medios comunitarios, periodistas, comunicadores y académicos.
Posición oficialista
En la oportunidad, el Ministro Gómez-Lobo explicó que el proyecto busca crear un Mercado Secundario de Espectro Radioeléctrico, "lo que permitirá que las bandas de frecuencia que se encuentren subutilizadas, puedan ser ofrecidas por los actuales concesionarios, de manera parcial, a otras empresas, manteniéndose las obligaciones de la concesión original."
De esa manera “permitirá extender la cobertura geográfica de los servicios, mejorando su calidad, especialmente a lo referido al acceso a internet."
"También permitirá aumentar la velocidad de conexión y disminuir los precios a los usuarios, reduciendo con ello la brecha digital, especialmente en zonas rurales y menos pobladas del país, mejorando las condiciones de competencia en el mercado”.
A continuación la declaración completa:
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Declaración Pública: No a la privatización del espectro radioeléctrico
El espectro radioeléctrico es el bien nacional de uso público que permite la existencia de radio, tv abierta y telecomunicaciones. El marco regulatorio vigente sobre telecomunicaciones permite transferir una concesión de espectro radioeléctrico de manera completa, previa autorización de la SUBTEL, con los mismos derechos y obligaciones que tenía la concesionaria original. El Ministro de Transportes y Telecomunicaciones presentó un proyecto de ley que propone un “mercado secundario de espectro radioeléctrico”, que permitiría que el recurso ya concesionado pueda ser vendido o sub-arrendado a otras concesionarias o empresas para aumentar su capacidad espectral. Esto abriría la posibilidad de acumular espectro a quien tenga mayor capacidad económica, contradiciendo lo que señala el programa de gobierno con respecto a promover una ley que determine una “apertura plural del espectro radioeléctrico”. Bajo ninguna circunstancia la apertura de un mercado secundario podría considerarse como una apertura plural a las concesiones. A su vez, un aspecto sumamente cuestionable del proyecto es que al momento de la venta o del sub-arriendo se permitiría darle un uso distinto al bien concesionado que el previsto originalmente. De esta manera se obstaculizaría una futura planificación estratégica que asegure el acceso equitativo de diversos sectores a los usos posibles del espectro (hoy dominado por el sector comercial en todas las tecnologías). El proyecto propone que “el derecho de uso del espectro cedido podrá ser destinado a cualquier uso que permita el Plan General de Uso del Espectro y la normativa técnica aplicable en la especie”. Esta formulación preocupa dado que abre márgenes de interpretación poco transparentes: en la actualidad no se conocen otros usos –comerciales- que puedan brindarse, a la vez que los usos de las diversas bandas de espectro están delimitados por el Plan de uso del Espectro, ordenamiento que es de atribución del Ejecutivo. El efecto jurídico del proyecto es delegar en el mercado de las telecomunicaciones la función reguladora del Estado, cuando es éste quien debería garantizar que las frecuencias se asignen en función del interés general y en forma equitativa entre los distintos tipos de prestadores de servicios de telecomunicaciones. El acceso al espectro -como bien nacional-, debe ser independiente de los vaivenes del mercado. En lo que hace a las concesiones de radiodifusión sonora, el proyecto revalida la re-venta de concesiones de un servicio público altamente concentrado, cuyo único límite sería -de acuerdo a un informe de la Fiscalía Nacional Económica- afectar la libre competencia. Cabe señalar que el consorcio español PRISA ya concentra al menos un 42% de las concesiones de radio de Chile. No obstante, lo más alarmante del proyecto es lo que omite. La libertad de expresión se despliega en el espectro radioeléctrico, y el proyecto de ley no asegura la circulación de las ideas ni del pensamiento, ni tampoco impide una mayor concentración de concesiones. De este modo no aporta a la mencionada apertura plural sino que, por el contrario, obstaculiza la entrada de nuevos y diversos operadores. La Relatoría especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en su informe anual 2002, capitulo IV sobre Libertad de expresión y Pobreza, entiende que los Estados en su función de administradores de las ondas del espectro radioeléctrico deben asignarlas de acuerdo a criterios democráticos que garanticen igualdad de oportunidades en el acceso a todos los individuos. Esto precisamente es lo que establece el Principio 12 de la Declaración de Principios de Libertad de Expresión Necesitamos declarar servicios de interés nacional a la telefonía móvil y estacionaria, a la TV y la radio y el acceso a Internet; paralelamente, necesitamos un mercado de servicios convergentes más competitivo, con prestaciones de mayor calidad y a precios convenientes para los usuarios. Por sobre todo, si aspiramos a democratizar las comunicaciones, urge una ley con mirada antimonopólica, que promueva la entrada a pequeños y nuevos operadores. No necesitamos más mercado sino un mejor mercado. Chile requiere un nuevo marco legislativo que establezca una regulación general de las telecomunicaciones a la altura de estos tiempos y que, fundamentalmente, garantice el derecho humano a la comunicación y a la realización de las actividades económicas de radiodifusión y telecomunicaciones, impulsando la integración eficiente de estos servicios. Adhieren a la declaración:
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