Imagen: El Tiempo

Por Iván Herrera

Servindi, 23 de abril, 2015.- Tras el reciente asesinato de cinco indígenas, miembros de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN) expresaron su preocupación por el recrudecimiento de los enfrentamientos entre las guerrillas y el Ejército y denunciaron haber recibido amenazas de muerte.

Héctor Fabio Dicué, consejero de la ACIN, anunció que miembros de la organización recibieron una amenaza de muerte, a través de un mensaje dado por dos afrodescendientes armados a una indígena en Santander de Quilichao.

De acuerdo a Dicué, los individuos afirmaron conocer a los integrantes de la organización y que ya no habrían más mensajes, porque procederían a asesinarlos.

La organización indígena sospecha que los autores de las amenazas serían bandas criminales como “Los Rastrojos” y otras que se disputan la zona.

Para Fabio Dicué la situación de las comunidades es de gran vulnerabilidad, especialmente por estar en medio de un conflicto armado, y por denunciar la presencia de la minería ilegal y grupos armados.

Como se recuerda, el 14 de abril, cinco indígenas del municipio de  Suárez fueron secuestrados y asesinados por hombres armados.

Tres de ellos fueron ejecutados en la vereda Agua Bonita, en el Corregimiento de Robles, en Suárez. Se trata de Mario Germán Valencia Vallejo, Belisario Tróchez  y Cristian David Tróchez, los tres miembros de una misma familia.

Los otros dos, Barney Tróchez y Wilson Albeiro Tróchez, de 43 y 39 años de edad, respectivamente, fueron encontrados muertos con cinco impactos de bala en el cráneo, en la vereda La Honda, norte del Cauca.

Dicué señaló que no se puede determinar la autoría de los asesinatos, y que la población está asustada y no denuncia a los sicarios que se trasladan por la zona en camionetas blancas.

Indicó que la violencia se ha agudizado tras la muerte de once soldados del ejército colombiano por una columna de las guerrillas de las FARC, un día antes de la desaparición y asesinato de los indígenas.

Señaló también que los indígenas victimados habían denunciado recientemente el riesgo que han generado los enfrentamientos ocurridos entre la guerrilla y el Ejército colombiano. Así como la presencia en la zona de una unidad antinarcóticos para eliminar cultivos ilícitos.

Una hipótesis manejada por las autoridades civiles y tradicionales indica que el crimen se habría debido a la oposición de las comunidades a la minería ilegal, que es custodiada por hombres armados.

Otra posible causa apunta a que la zona es un corredor de armas y drogas de las guerrillas.

Recrudece la violencia

La organización indicó que los recientes asesinatos se suman a una serie de acciones violentas ocurridas en los últimos días en la región.

En lo que va del año, en Suárez ya han perdido la vida diez indígenas, incluyendo a Gersaín Fernández, en el municipio de Silvia, quien a mediados de marzo recibió un disparo accidental por parte de un soldado.

Igualmente, el 10 de abril, fue asesinado Guillermo Pavi Ramos, por disparos de armas de fuego durante un enfrentamiento con la fuerza pública, en el desalojo de la hacienda La Emperatriz.

Dos días después, ocurrieron choques armados entre las fuerzas armadas y las guerrillas FARC en las veredas de La Betulia, la Chorrera, Guadualito, el  Amparo y La Estrella, en el resguardo Cerro Tijeras, sin víctimas que lamentar.

Sin embargo, el 14 de abril fueron asesinados por las FARC los once efectivos militares adscritos a la Brigada Móvil número 17 y Fuerza de Tarea Apolo.

Frente a este violento contexto, las autoridades Nasa han elevado denuncias ante instancias internacionales, ante lo que consideran un plan para exterminarlos.

La Defensoría se pronuncia

La Defensoría del Pueblo lamentó la reciente matanza de indígenas en Suárez y expresó su preocupación por la persistente violencia en la zona.

En un comunicado, pidió a las autoridades del departamento que identifiquen a los autores intelectuales y materiales del hecho.

La vulnerabilidad de las comunidades del municipio ante la presencia del conflicto armado y de grupos armados había sido advertida por la Defensoría desde diciembre de 2014, en un informe de riesgo de inminencia.

Ataque a militares

Un reporte de la Agencia de Noticias Telesur reveló que los habitantes de la vereda La Esperanza, donde fallecieron los once soldados en un ataque de las FARC, manejan una versión distinta a la oficial sobre lo ocurrido.

De acuerdo a esta información, el Frente Amplio por la Paz recogió la versión de los pobladores que señalan que los militares, por órdenes superiores, se instalaron en el polideportivo del caserío desde el 19 de marzo, pese al rechazo de los vecinos.

Posteriormente se retiraron por cuatro días, pero regresaron y se instalaron el 11 de abril, días antes del ataque guerrillero.

Sin embargo,  la versión oficial indica que los militares estaban en el polideportivo desde la misma noche del ataque y usaron el recinto para protegerse de la lluvia.

El reporte señala también que, al ubicarse en el polideportivo, las fuerzas armadas cometieron una infracción al derecho internacional humanitario, puesto que se encontraban a 50 metros del centro poblado.

Asimismo, denuncia que el hallazgo de un militar sin vida en una de las casas indica que en ellas los efectivos se resguardaron del combate.