- Proyecto de Ley 3941 "paraliza la titulación, recorta los territorios y anula futuras compensaciones por servidumbre" afirma organización nacional.

Servindi, 19 de abril, 2015.- Representantes de las nueve organizaciones regionales afiliadas a la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep) rechazaron el dictamen del Proyecto de Ley 3941 por atentar contra sus derechos territoriales. Anunciaron la consulta y preparación de protestas, incluida una movilización nacional, si se aprueba la iniciativa.

Así lo informaron el viernes 17 de abril mediante una conferencia de prensa realizada en la Casa de Gobierno de los pueblos indígenas amazónicos, en el marco de una sesión de dos días del Consejo de Coordinación Ampliado.

“Pedimos el archivamiento y cancelación de este proyecto de ley que viene direccionado desde el Ministerio de Economía y Finanzas, y exigimos al Gobierno y al Congreso que no siga atropellando los derechos de los pueblos indígenas".

Así se manifestó Henderson Rengifo Hualinga, dirigente del pueblo Awajún y flamante presidente de la Aidesep, quién desde enero de 2015 reemplaza a Alberto Pizango Chota en la conducción de la organización amazónica nacional.

“Los pueblos indígenas organizados rechazamos profundamente el proyecto de ley 3941 porque vulnera los derechos territoriales ya que paraliza la titulación, recorta los territorios y anula futuras compensaciones por servidumbre" dijo Rengifo.

Además, pisotea la Constitución Política y el Tratado Internacional 169 de la Organización Internacional de Trabajo (OIT)”, afirmó Rengifo.

El citado proyecto es denominado “Cuarto Paquetazo” porque forma parte de una saga de combos legislativos que con el pretexto de promover la inversión debilitan la institucionalidad ambiental y la seguridad territorial de las comunidades originarias del país.

La Ley 30230 aprobada en julio de 2014 y que forma parte del Primer Paquetazo ha merecido la presentación de una demanda de inconstitucionalidad por parte de organizaciones indígenas y asociaciones de la sociedad civil, con el respaldo de más de diez mil firmas ciudadanas.

Preparación de acciones

Los representantes de las nueves organizaciones regionales informaron que por lo pronto se declararán en movilización pacífica para evitar que el cuarto paquetazo sea aprobado.

La protesta indígena amazónica se desarrollará en sus respectivos territorios y serán las propias comunidades de base quienes definirán sus propias estrategias y próximas acciones de protesta.

En los próximos días los representantes indígenas regresarán a sus bases para informar y consultar a las comunidades las medidas a adoptar si se aprueba el cuarto paquetazo. "Nosotros vamos a responder desde nuestros territorios" reafirmó Henderson Rengifo.

El líder awajún pidió la anulación de la iniciativa legal e informó que se encuentran en coordinación con los congresistas Verónika Mendoza, Marisol Pérez Tello y Eduardo Nayap, para ver cómo siguen los acontecimientos y conocer qué decide el Congreso de la República.

Por lo pronto Jaime Tapullima Pashanase, del Consejo Étnico de los Pueblos Kichwa de la Amazonía (CEPKA), anunció que los días 24 y 25 de abril se reunirá con sus bases para organizar una protesta pacífica que posiblemente será programada para el 5 de junio.

En tal sentido Edwin Montenegro Dávila, de la Organización Regional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Norte del Perú (ORPIAN-P), remarcó que el Proyecto de Ley 3941 "no contribuye a aliviar las heridas de conflictos sociales anteriores como el sucedido en Bagua en junio de 2009".

De igual modo, Alfredo Vargas, representante de la Federación Nativa del río Madre de Dios y afluentes (Fenamad) anunció que las comunidades de base realizarán un congreso el 28 y 29 de abril a fin de informar la situación y consultar las acciones a adoptarse.

“No somos violentos”

Todos los delegados indígenas reafirmaron la condición pacífica de los pueblos indígenas "mientras no se violenten nuestros derechos".

Reiteraron que las movilizaciones que emprenderán tendrán un carácter pacífico, pero firmes. Destacaron que no permitirán que se produzca otro "baguazo".

El apu Marcial Mudarra Taki, dirigente de la Coordinadora Regional de los Pueblos Indígenas de la Región San Lorenzo (CORPI-SL), ratificó que los pueblos originarios "no somos violentos. Vivimos y queremos vivir en paz; pero el gobierno no está respetando el derecho de consulta".

“Antes de expedir una ley que nos afecte a los pueblos originarios el Congreso debe consultarnos, pero no lo está haciendo" expresó Mudarra.

"Nosotros vamos a consultar con nuestras comunidades cómo enfrentar estos atropellos y el pueblo desde las bases es el que tomará las decisiones" concluyó.

Demandas territoriales insatisfechas

Los dirigentes de la Aidesep enfatizaron la urgente necesidad de que el Estado peruano atienda la histórica demanda territorial de los pueblos originarios amazónicos postergada desde hace muchas décadas.

“Nosotros vivimos de nuestros bosques. El Estado hasta ahora lo que ha hecho es dar oportunidades y concesiones a las grandes corporaciones mineras, petroleras, forestales; mientras nosotros, los pueblos originarios seguimos postergados, esperando”, manifestó Henderson Rengifo.

La demanda territorial de los pueblos indígenas amazónicos alcanza los 20 millones de hectáreas, dentro de los cuales se encuentra la titulación de 1166 comunidades indígenas.

El presidente de Aidesep, presentó un mapa del Perú con las áreas indicadas de los pueblos y comunidades nativas que aún esperan la titulación de sus territorios.

Precisó que ellos no están solicitando territorios ajenos sino el reconocimiento del territorio ancestral que ellos han poseído desde antes de la creación del Estado peruano.

Jorge Pérez Rubio, presidente de la Organización Nacional de Pueblos Indígenas del Oriente (Orpio) –que abarca la región Loreto y representa aproximadamente a 20.000 nativos–, afirmó que el Estado ha descuidado el proceso de titulación y prueba de ello es que los gobiernos regionales carecen de recursos para este fin.