- Justicia federal admite recursos de amparo presentados por organizaciones indígenas.

Servindi, 16 de abril, 2015.- El Poder Judicial de la Federación ordenó la suspensión temporal de las concesiones mineras involucradas hasta que se resuelvan tres juicios de amparo promovidos por habitantes de cuatro municipios de Pueblo, en México.

Los recursos legales fueron promovidos por opositores indígenas de los municipios poblanos de Cuetzalan, Tlatlauquitepec, Yaonáhuac e Ixtacamaxtitlán, además de Zacualpan, perteneciente a Colima.

Los demandantes consideran que los proyectos de las empresas Almaden Minerals y Minera Autlán atentan contra el ecosistema de la región.

Además, al querer ser impuestos, violan sus derechos humanos por perjudicar sus derechos territoriales ancestrales y su identidad cultural.

Otro de los efectos negativos de la actividad en cuestión corresponde al despojo de tierras, situación que –afirmaron- cada vez es más frecuente.

Los juicios de amparo fueron impulsados por la Red Mexicana de Afectados por la Minería, el Consejo de la Tierra Tiyat-Tlali, el Consejo Indígena por la Defensa del Territorio de Zacualpan, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) y por Fundar.

Fueron 3 demandas de amparo

Los primeros en presentar su demanda fueron los indígenas náhuas de los municipios de Cuetzalan, Tlatlauquitepec y Yahonahuac, quienes el 17 de marzo presentaron el documento que fue admitido por el Juzgado Segundo de Distrito, con sede en la ciudad de Puebla.

Una semana después, el 24 de marzo, pobladores de la misma etnia, pero originarios de la comunidad de Zacualpan, en Colima, ingresaron su petición de garantías, la cual fue recibida por el Juzgado Primero de Distrito con sede en la capital de ese estado.

Por último, fueron los habitantes de la comunidad campesina de Tecoltemic, ubicada en el municipio de Ixtacamaxtitlán, Puebla, quienes el pasado 7 de abril sumaron otro amparo, esto ante Juzgado Cuarto de Distrito de la capital poblana.

“Estas acciones jurídicas… ponen en evidencia la violencia estructural y simbólica que se fomenta desde la legislación y la política pública en materia minera" señalaron los representantes de las organizaciones.

"La Ley Minera actual ha sido el instrumento que posibilita la expedición de los títulos de concesión, para el despojo de los territorios de los pueblos en favor de las compañías mineras" agregaron en un comunicado.

"Lo anterior constituye una discriminación, violando con ello la Constitución Política y los acuerdos internacionales que obligan al Estado mexicano a respetar los derechos humanos, particularmente el derecho de los pueblos originarios y comunidades equiparables a la autodeterminación y al control de los recursos naturales que sobre su territorio han utilizado ancestralmente”, señalaron.

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Fuente: OCMAL: http://www.conflictosmineros.net/contenidos/23/17684?pk_campaign=boletin&pk_kwd=noticias