Alberto Roque ex alcalde del Distrito de Mara, Apurímac

Por Raphael Hoetmer*

27 de marzo, 2015.- Alberto Roque fue padre de tres niños pequeños, quechua, campesino de la comunidad de Yuricancha y dirigente social con ganas de aportar al futuro de su distrito Mara en Apurímac. Alberto ya no es. Fue asesinado en circunstancias extrañas cerca de su localidad en la madrugada del miércoles 18 de marzo de retorno de una reunión de coordinación en Cusco.

Iba a dar una audiencia pública sobre el proceso de transferencia y el estado financiero de la municipalidad el sábado 21 de marzo. También quería hablar de una agenda compartida frente a la minería en la zona.

Conocí a Alberto Roque y a su equipo de regidores en diciembre del año pasado, en una reunión con el CBC. Explicaron que en realidad Alberto no tenía un deseo tan grande de ser alcalde, pero que el respaldo de las comunidades lo hizo asumir la responsabilidad de ser candidato. Compartieron su deseo de realizar una gestión buena y honesta, y planteaban que necesitaban acompañamiento para ello. Alberto habló poco. Tenía la sensación de cierta angustia e inseguridad en el grupo por todo lo que iba a venir.

Alberto y sus regidores sabían que el escenario que los esperaba no iba a ser fácil. Como primer alcalde campesino, su elección no contaba con la simpatía de las elites locales. El margen mínimo de su elección anunció posibles disputas de su liderazgo. Y el alcalde antecesor no había sido muy cooperativo hasta el momento.

Finalmente, la entrada de la minería –liderado por el megaproyecto Las Bambas– había generado muchas expectativas, pero también tensiones, conflictos, violencia y temores en la provincia de Cotabambas en los últimos años.

El escenario mayor: la “política” en Apurímac y el Perú

Lo cierto es que el asesinato no es un “incidente aislado”, si no parte de procesos nacionales y locales que nos deben preocupar de sobremanera. De un lado, Apurímac y la provincia Cotabambas han visto en los últimos años un aumento dramático de conflictividad y de violencia, que ha resultado ya en varios muertos(1) y rumores de otros asesinatos, y que ha puesto la pequeña región continuamente entre las dos regiones con más conflictos en el país según la Defensoría del Pueblo.

Apurímac es una de las regiones más empobrecidas del país, que fue severamente afectada por la violencia política, tiene una presencia estatal aún más débil que en otras regiones, una fuerte presencia de las comunidades campesinas, y es la región con mayor inversión minera prevista para estos años.

Sin duda ello hace un coctel complejo y explosivo, considerando que los límites entre comunidades en general no están registrados formalmente, y que el Estado peruano no aplica procesos adecuados de consulta previa, libre e informada, pese a que Apurímac es la región con mayor vigencia de la cultura y el idioma quechua en el país.

De esta manera, la región y particularmente la provincia de Cotabambas se ha convertido en un espacio lleno de conflictos entre intereses económicos distintos, donde cada uno negocia por su cuenta ante la ausencia de procesos institucionales adecuados, generando inequidades enormes en el acceso a los beneficios de la minería en la zona, e injusticias flagrantes en la vulneración de derechos de comunidades y poblaciones locales.

Del otro lado, el asesinato de Alberto evidencia nuevamente que se está consolidando una lógica de hacer política muy peligrosa en el Perú, en lo cual las elecciones son solo una de las formas de disputa del control de territorios locales entre grupos de poder para generar acumulación económica. No vale el bien común, sino los intereses particulares.

No prevalece el debate o las propuestas programáticas, si no la habilidad de imponer estos intereses a la sociedad local. Para ello sirve el trabajo en los medios de comunicación local y la participación electoral, como la corrupción, la extorsión y la violencia de distinto tipo.

Es evidente que todo ello, no ayuda en fortalecer la democracia y ciudadanía local, ni los procesos de desarrollo territorial ordenado y sostenible o políticas educativas o agrícolas de calidad, sino provoca nuevas formas de autoritarismo y “violencias políticas” en el país que buscan defender intereses particulares por encima del bien común.

Justicia pendiente

Lo cínico e infinitamente triste es que todo indica que Alberto Roque más bien no optaba por esta política oscura. Quienes lo conocieron más, hablan de su sencillez y de esta lucidez popular de decir grandes verdades con pocas palabras. Comentan que quería hacer una gestión distinta, cercana a las comunidades y sus intereses, con participación ciudadana y transparencia. Es muy desesperanzador pensar que quizás justamente por ello fue acribillado.

La muerte de Roque no puede quedar impune. El Estado debe asumir su responsabilidad con su viuda y sus hijos, ya que ellos son afectados directamente por un atentado contra una autoridad en ejercicio de su función. También debe determinar las responsabilidades directas e indirectas de la muerte de Alberto, aunque es posible que nunca sepamos los motivos y circunstancias exactos de su asesinato. En la zona circulan muchas hipótesis distintas, que indican responsables distintos. Nadie duda que fuera un acto preparado y dirigido, y no un asalto.

A la vez, mayor atención política y fortaleza institucional en Apurímac son urgentes. Para que los procesos económicos no impongan el conflicto, la violencia y la vulneración de derechos a las sociedades locales se requiere de procesos de consulta, de ordenamiento territorial, de vigilancia ambiental, de reparación de vulneraciones de derechos y de canalización equitativa de los beneficios económicos para los proyectos de vida de las poblaciones locales.

Nota:

(1) Tres de los casos que más cobertura han recibido son estos: http://www.larepublica.pe/20-09-2013/matan-a-esposa-e-hijo-de-dirigente-por-apoyar-formalizacion-minera, http://www.noticiasser.pe/02/05/2014/nacional/conflicto-de-linderos-entre-comunidades-de-apurimac-deja-dos-muertos y http://www.expresion.pe/2014/12/30/un-campesino-muerto-y-tres-heridos-en-ataque-de-mineros/.

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*Raphael Hoetmer es representante de Broederlijk Delen en el Perú, entidad que realiza un programa de cooperación para el desarrollo rural y los derechos humanos en las provincias altas de Cusco y Apurímac.

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Fuente: Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (OCMAL): http://www.conflictosmineros.net/contenidos/19/17617?pk_campaign=boletin&pk_kwd=noticias