Servindi, 1 de marzo, 2015.- Compartimos nuestro boletín semanal de noticias, edición Perú, con algunos de los hechos más destacados de la semana en el ámbito indígena y ambiental del país. Se autoriza la libre reproducción y difusión. Todos los derechos están compartidos.

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Mundo Indígena Perú - 1 de marzo de 2015

Derechos Humanos. El informe 2014/2015 de Amnistía Internacional advierte que el 2014 en el Perú los conflictos sociales y las protestas en las comunidades afectadas por industrias extractivas fueron generalizadas.

Durante la presentación del reporte en Lima, Silvia Toledo, representante del organismo en el Perú,  señaló que un amplio sector de la población indígena no cuenta con el reconocimiento de la propiedad de sus territorios ancestrales, por lo cual, se encuentra en permanente riesgo de expulsión.

Afirmó además que las actividades extractivas y otros proyectos de desarrollo siguen siendo a menudo impuestos sin consulta previa y sin respetar el derecho de los pueblos indígenas al consentimiento libre, previo e informado.

En ese mismo sentido, el reporte sostiene que continuaron los “ataques contra activistas y detractores del gobierno, incluidos los defensores de los derechos humanos, particularmente los que defendían los derechos de las comunidades afectadas por las industrias extractivas”.

Pluspetrol. La comunidad nativa de Pampa Hermosa y la empresa Pluspetrol llegaron a un acuerdo sobre el pago que esta última debe hacer a la comunidad por el uso de su territorio ancestral para actividades petroleras.

La acción motivó que se levante la medida de fuerza que se inició el 24 de enero en la base petrolera de Jibarito, en el lote 1-AB.

La reunión entre ambas partes tuvo lugar el 24 de febrero, en el campamento de Huayurí, en la cuenca del río Corrientes, departamento de Loreto.

Según informó Carlos Sandi, presidente de la Federación de Comunidades Nativas del río Corrientes (Feconaco), la empresa se comprometió a desembolsar un millón 100 mil soles por concepto de compensación por uso de tierras y para la instalación de un aserradero comunal.

De otro lado, la comunidad de Nueva Jerusalén, también ubicada en el Corrientes, continúa con su medida de fuerza en la base petrolera de Dorissa. Ellos exigen el pago de una compensación por todo el daño sufrido a raíz de un derrame de crudo ocurrido el año pasado.

Titulación. En una reunión con funcionarios del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Asociación Indígena nacional (AIDESEP) enfatizó la necesidad de priorizar la titulación de las comunidades indígenas amazónicas.

Según la organización, tal necesidad no ha sido atendida desde 1996, año en que se implementó el primer Proyecto de Catastro, Titulación y Registro de Tierras Rurales en el Perú (PTRT).

Durante la reunión se analizó la conveniencia de incrementar de 80 a 96 millones de dólares la tercera etapa del proyecto para titular 1166 comunidades indígenas amazónicas.

Negligencia de Petroperú. Los continuos derrames de petróleo no son consecuencia de un supuesto sabotaje indígena como suelen deslizar las autoridades o empresas para desviar la atención sino de la falta de adecuación del oleoducto a normas de seguridad.

Así lo exponen Juan Carlos Ruiz Molleda y Rita Ruck Viera quienes sustentan que existe “negligencia y responsabilidad funcional” de Petroperú y del organismo de supervisión OSINERGMIN.

OSINERGMIN descubrió recién en diciembre de 2014 que Petroperú no cumplió con adecuar el Oleoducto Norperuano (ONP) al Reglamento de transportes de petróleo a través de ductos a pesar que éste fue aprobado en noviembre de 2007, advierten los expertos.

El artículo completo se encuentra disponible en el sitio web de Servindi.

Educación en la selva. El Ministerio de Educación (MINEDU) presentó el primer borrador del “Plan Selva”, herramienta para reforzar la calidad educativa en las escuelas públicas de la Amazonía.

La iniciativa fortalecerá la educación en esta zona tanto en términos de recursos humanos, infraestructura, gestión y aprendizajes, explicó el ministro de Educación, Jaime Saavedra durante una visita a Loreto.

Como parte de la propuesta se crearán incentivos atractivos, como bonos salariales y programas de bienestar social para lograr que más profesores se interesen por trabajar en los colegios de la Amazonía.

La estrategia permitirá aumentar en 20 por ciento el número de docentes para la enseñanza intercultural bilingüe en la Amazonía.

Rechazan consulta. El presidente de la organización regional AIDESEP Ucayali (ORAU), Lizardo Cauper, cuestionó  los procesos de consulta realizados en las áreas de influencia directa de los lotes petroleros 169 y 195, en las regiones de Ucayali y Huánuco, respectivamente.

Cauper cuestionó el poco tiempo en que se dio la consulta, el lenguaje técnico, la falta de discusión de los impactos reales así como de las medidas para proteger los derechos colectivos.

El líder indígena señaló que los plazos establecidos no guardan relación con la complejidad cultural de las zonas.

Consideró, además, que la deficiencia se hace más grave si se observa que la población consultada  presentaba bajos niveles de instrucción educativa y altos índices de analfabetismo, y que las autoridades conocían esta situación.

Cuestionada minera. Tahoe Resources, empresa minera estadounidense conocida por los conflictos que mantiene, adquirió una importante participación en la empresa Río Alto que opera proyectos mineros en La Libertad y en Cajamarca.

Tahoe Resources carga severos cuestionamientos en países como Guatemala donde opera el proyecto Escobal, que amenaza con desplazar comunidades xinkas como San Carlos Alzatate.

Ley estancada. El proyecto de ley para implementar la vigilancia y el monitoreo ambiental como derechos para las comunidades indígenas y fiscalizar las actividades extractivas se mantiene estancado en la comisión de Pueblos Andinos y Amazónicos.

Así lo denunció el despacho de la congresista Verónika Mendoza, autora de la iniciativa legal.

El proyecto propone que la población tenga una herramienta legal que le permita fiscalizar las actividades extractivas que las empresas realizan en el interior del país. La iniciativa busca que no se profundice la problemática de la deforestación.

Marcha por una televisión mejor. El viernes 27 de febrero una marcha exigió en Lima, y en otras partes del país, el cumplimiento de la Ley de Radio y Televisión, en especial el Código de Ética y el horario de protección a la familia o al menor.

También formó parte de la movilización el Foro por el Derecho a la Comunicación, un colectivo plural, diverso y con vocación democrática.

Dicho colectivo recordó que “sólo podremos acceder a una comunicación con calidad y que contribuya a la educación si se garantiza la diversidad de los medios de comunicación” lo que supone “la existencia de condiciones legales y económicas para el acceso plural a la propiedad de medios.”