Servindi, 31 de diciembre, 2014.- Finaliza el 2014 y las personalidades de Edwin Chota, Máxima Chaupe, Santiago Manuin y Ruth Buendía destacan de manera inobjetable por su impecable trayectoria y desempeño público a favor de las causas de sus pueblos.

Como Servindi somos claros en advertir que se trata de causas nobles y sociales, producto de una actuación colectiva, donde puede ser injusto destacar la individualidad y no al sujeto social.

Pero también somos conscientes de que las personalidades cumplen su papel en la historia y en el imaginario social las personas de carne y hueso son referentes de identidad.

Se trata de mostrar y valorar los Hombres-signo o Mujeres-signo que tanto necesita nuestra juventud, en una época de crisis política y moral, donde predomina la corrupción, la traición y falta de lealtad a los principios, el interés individual por sobre el bien común o público.

He aquí nuestro homenaje a cuatro personalidades indígenas, consecuentes y comprometidas, que han sabido dar la cara aún a riesgo de sus vidas, para enfrentar grandes intereses económicos y políticos, con valor y dignidad admirables.

Edwin Chota

Edwin Chota ha sido el líder indígena que ha cobrado más notoriedad en el 2014, pero lamentablemente no está físicamente más con su familia, su comunidad y su pueblo. Su muerte a inicios de setiembre, cuando enfrentaba la invasión de madereros ilegales, trascendió a la esfera internacional.

Chota fue un apu de la comunidad ashéninka de Saweto, en Ucayali, que junto a otros tres dirigentes fue interceptado y asesinado por sicarios al servicio de mafias de madereros ilegales cuando viajaba a una reunión con sus pares de Brasil.

El dirigente de 53 años ya había sido amenazado por madereros ilegales debido a la tenaz defensa de las tierras de su comunidad: Durante doce años reclamó hasta el cansancio la titulación de sus territorios y denunció la tala ilegal en la zona.

Lamentablemente, sus acciones de defensa no recibieron respuesta de las autoridades del Gobierno peruano, hasta que la noticia de su muerte empezó a tener notoriedad en las cercanías de la cumbre mundial climática COP20 que se llevó a cabo en la capital peruana en diciembre.

Tras el asesinato, el Estado peruano prometió el acceso a la justicia a los deudos, así como la titulación inmediata de las comunidades. Posteriormente, se detuvo a tres personas vinculadas al crimen de los ashéninkas.

Para la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, el Estado peruano tuvo una gran responsabilidad en las muertes puesto que incumplió su obligación de proteger a la población de los ataques de terceros.

A mediados de noviembre, Diana Ríos, hija de uno de los líderes asesinados junto a Edwin Chota, fue premiada en Nueva York por la fundación de Alexander Soros, en tributo a la lucha comunal contra la tala ilegal y sectores vinculados al narcotráfico.

En tanto que varios de los miembros de la comunidad se refugiaron en una ciudad cercana y manifestaron miedo de regresar a sus tierras por temor a represalias.

En diciembre, las viudas de los ashéninkas fallecidos se hicieron presentes en la sede de la COP20 para reclamar al Gobierno por paralizar las investigaciones del caso y la búsqueda de los cuerpos que aún faltan.

Denunciaron que aún no existen condiciones para regresar a Saweto porque persiste la amenaza de los taladores ilegales en su zona. Asimismo, reclamaron que se cumpla con la titulación de sus tierras ofrecida.

Santiago Manuin

El líder awajún Santiago Manuin Valera, natural del departamento de Amazonas, posee una amplia trayectoria en la defensa de los derechos de su pueblo, desde los diferentes espacios y cargos que ha tenido a lo largo de su vida,  ya sea en su inicial labor pastoral o en alguna dirigencia indígena.

Su nombre trascendió el ámbito local cuando en 2009 fue gravemente herido en los lamentables sucesos conocidos como el “Baguazo”, enfrentamiento que concluyó una extendida protesta indígena contra unos decretos que los nativos consideraron lesivos a sus derechos.

En aquél conflicto, Manuin recibió 5 balazos de parte de la policía al intentar detener mediante el diálogo el desalojo de la carretera que los indígenas habían bloqueado por varias semanas.

Cinco años después, el tesón por continuar su labor a pesar de las secuelas que le dejó el conflicto, Manuin fue reconocido con el premio Ángel Escobar Jurado 2014 que le otorgó la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), el 10 de diciembre.

El galardón es entregado cada año a las personas que luchan por los derechos humanos en el país.

La Secretaria Ejecutiva de la CNDDHH, Rocío Silva Santisteban, consideró la premiación de Manuin como un justo reconocimiento a su labor ejercida desde diferentes cargos y espacios, que incluyen la protesta social, hecho por el cual ahora está siendo criminalizado por el Estado.

Manuin afronta un juicio por el que podría recibir una pena de cadena perpetua por ser el presunto autor intelectual de los violentos hechos del “Baguazo” en el que murieron 34 personas entre policías y nativos.

Sin embargo, organizaciones de la sociedad civil que siguen el caso afirman que para esta grave acusación la fiscalía no ha aportado prueba alguna.

El líder awajún afirma no sentirse avergonzado ni arrepentido por la protesta de 2009, por el contrario, en un reciente reportaje, aseguró que su pueblo lo volverá a hacer si es que vieran su territorio amenazado y se vean sin opción por la vía legal.

Máxima Chaupe de Acuña

Una mujer campesina de Cajamarca se ha convertido en el emblema de la resistencia contra los grandes poderes económicos y empresariales. Se trata de Máxima Acuña de Chaupe, quien ha logrado detener la arremetida de la poderosa empresa minera Yanacocha contra sus tierras.

En el conflicto contra el proyecto minero Conga, Máxima se ha convertido en un ejemplo de lucha consecuente para las poblaciones que rechazan convertir su región en un distrito minero.

Asimismo, ha sido una pieza fundamental en la resistencia campesina contra la transnacional minera, dando albergue y alimento a los denominados “Guardianes de las lagunas”, comuneros que vigilan los cuerpos de agua que el proyecto minero pretende desaparecer.

La señora Máxima Acuña ha sufrido constantes agresiones por parte de la policía y Yanacocha porque su terreno está comprendido dentro del área del proyecto Conga, en la zona denominada Tragadero Grande, en la provincia de Celendín.

El momento más crucial de las hostilizaciones ocurrió en 2011 cuando un contingente policial ingresó a su predio y agredió físicamente a su familia para luego incendiar su casa.

Por el terreno en disputa, la minera abrió un proceso judicial contra la familia Chaupe, acusándola de usurpación violenta, en el cual se los condenó a dos años y ocho meses de prisión suspendida, así como pagar una indemnización a la minera y entregarle el predio.

Sin embargo, el pasado 17 de diciembre, tras la apelación de la defensa de los Chaupe, la corte falló a su favor y los absolvió de los cargos, pues consideró que no se ha demostrado ninguno de los actos imputados.

Ante el revés sufrido, la empresa Yanacocha ha anunciado que apelará la sentencia pero Máxima Chaupe y toda su familia seguirán resistiendo, como lo han hecho hasta ahora, pero con la solidaridad de los que aman la justicia y la dignidad.

Ruth Buendía Mestoquiari

Foto: Goldman Environmental Prize

La lideresa indígena del pueblo Asháninka Ruth Buendía Mestoquiari fue distinguida el 2014 con el máximo galardón ambiental del planeta: el Premio Goldman.

El mérito de Buendía radica en haber unificado a su pueblo para juntos expresar su rechazo a dos proyectos hidro-energéticos que amenazaban con inundar y desplazar a miles de indígenas asháninkas y que nunca fueron consultados a su pueblo.

Se trata de los proyectos Pakitzapango y Tambo 40 aprobados el 2009 por el gobierno de Alan García. El embalse del primero inundaría territorios ancestrales de las comunidades asentadas en la cuenca del río Ene, en la selva central, que constituye la zona de amortiguamiento de la Reserva Comunal Asháninka y del Parque Nacional Otishi.

Tambo 40 afectaría por su parte a las comunidades asháninkas de las cuencas del Tambo y del Ene.

Los dos formaban parte de un total de quince proyectos promovidos en el marco del Acuerdo Energético Perú-Brasil firmado por Alan García e Inácio Lula da Silva un año antes y que contemplaban el desplazamiento de cerca de 25 mil indígenas de la Amazonía.

Fue en ese contexto que surgió la figura de Ruth Buendía quien como presidenta de la Central Asháninka del Río Ene (CARE) encabezó una poderosa campaña en contra de la instalación de todas estas represas de gran escala que amenazaban con desarraigar a todo su pueblo, así como antes lo había hecho el terrorismo.

Desde el 2011, gracias a la oposición de las comunidades, los planes de construcción de los hidroeléctricas están detenidos.

Según la Comisión de la Verdad y la Reconciliación (CVR), creada en el 2001, de 55 mil asháninkas, cerca de 10 mil fueron desplazados forzosamente de sus valles durante la guerra interna. Unos 6 mil murieron, cerca de 5 mil fueron secuestrados por Sendero Luminoso y más de 30 comunidades nativas desaparecieron.

Una de las víctimas de esta violencia fue el padre de Ruth Buendía, quien murió cuando ella tenía solo 12 años. Luego de aquel trágico suceso ella fue enviada a Lima.

Años después volvería a su tierra para moldear a pulso y trabajo su liderazgo, el mismo que la llevó a ser reconocida con el Premio Goldman junto a activistas de India, Indonesia, Rusia, Sudáfrica y Estados Unidos.

El Premio Goldman se otorga anualmente a “héroes del medio ambiente” provenientes de cada una de las seis regiones continentales habitadas en el mundo. Ruth Buendía fue premiada por América Central y del Sur.