- Proyecto de ley busca reconocer e institucionalizar la vigilancia y el monitoreo ambiental ciudadano e indígena.
Servindi, 1 de noviembre, 2014.- Un proyecto de Ley que busca reconocer el rol preventivo y de alerta temprana de los monitoreos ambientales comunitarios se anunció en el foro público: Institucionalización de la Vigilancia y el Monitoreo Ambiental y Social Ciudadano e Indígena, realizado el viernes 31 de octubre en el Congreso de la República.
La congresista cusqueña Verónika Mendoza, una de las gestoras de la iniciativa legal, sostuvo que “el reconocimiento del Estado a la labor de los monitores ambientales de las comunidades no es un favor, es un derecho”.
“El Estado debe entender que la participación ciudadana no es una amenaza, sino un gran potencial, y es fundamental en el cuidado de los territorios y el medio ambiente” indicó.
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El proyecto de ley
El proyecto de ley es resultado de un proceso participativo de cerca de dos años, el cual involucró diversas experiencias de vigilancia ambiental comunitaria y la participación de autoridades, empresas y organizaciones de la sociedad civil.
Su propósito es reconocer e institucionalizar la vigilancia y el monitoreo ambiental ciudadano e indígena. Además, reconocer y preservar su autonomía en el establecimiento de sus líneas de base, de su metodología, en el recojo de información y la elaboración de sus reportes.
Plantea que los monitores puedan realizar monitoreos inopinados, proponer el establecimiento de áreas críticas, entre otras funciones.
También propone que las entidades del Estado se vean obligadas a incorporar y utilizar los reportes en su trabajo de monitoreo y fiscalización ambiental, para que no se repitan casos como los de Edwin Chota en Ucayali o del Pastaza o Espinar, en los que las comunidades alertan, denuncian, pero el Estado hace caso omiso.
La congresista aclaró que la vigilancia y el monitoreo ambiental ciudadano e indígena no pretende sustituir a las entidades públicas en su rol de garantes de los derechos a la salud y a un medio ambiente sano.
Se trata más bien de complementar y fortalecer la capacidad del Estado, tarea que hoy resulta fundamental considerando que el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) ha sido debilitado normativa y políticamente con la ley 30230, dijo Mendoza.
El foro público
El foro público fue organizado con el apoyo de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, la Red Muqui, y la asociación Derecho Ambiente y Recursos Naturales (DAR).
Lizardo Cauper, de la Organización Regional Aidesep Ucayali (ORAU), presentó la experiencia de veeduría forestal de Ucayali, y Walter Pereda, de la Asociación Marianista de Acción Social (AMAS), el monitoreo ambiental con macro invertebrados en Otuzco, en La Libertad.
Jorge Casanova, especialista y exfuncionario de la Municipalidad de Espinar, comentó el proceso de diálogo y monitoreo ambiental en la zona de influencia del proyecto minero Tintaya.
También se presentó la experiencia de monitoreo indígena de las cuencas del Pastaza y Corrientes en el ámbito de lote 192, entre otros.
Jorge Casanova, destacó que después del conflicto de Espinar el monitoreo participativo con las entidades competentes del Estado confirmó los problemas de contaminación advertidos por los monitores comunitarios y que inicialmente fueron negados.
Lizardo Cauper resaltó la importancia de la vigilancia y el monitoreo indígena por que el Estado no realiza un monitoreo verdadero en los lugares donde operan las industrias extractivas.
“Estamos cansados de enviar imágenes, informes sobre lo que pasa en nuestros territorios sin recibir respuesta. El Estado demora semanas en llegar cuando ya el problema no se puede arreglar o las evidencias ya se han borrado”, agregó.
Walter Pereda, consideró que el monitoreo es una ayuda al Estado y sus diversas instituciones competentes. “Si ellos no llegan, por lo menos que nos escuchen y atiendan una realidad que ellos deben verificar y corregir”, señaló.