Nada hace temblar la permanencia de Urresti en el cargo pese a ser cuestionado por una diversidad de temas como la ejecución del periodista Hugo Bustíos. Foto: Andina

- Coordinadora Nacional de Derechos Humanos recuerda que con Jhapet son 35 los civiles fallecidos por la acción policial en protestas en lo que va del gobierno de Ollanta Humala.

Servindi, 5 de setiembre, 2014.- El martes 2 de setiembre, en el marco de una protesta, un bala procedente de un arma de fuego de largo alcance acabó con la vida del menor de 16 años Jhapet Huillca Pereyra en la provincia cusqueña de La Convención.

Este hecho ha generado el rechazo casi unánime a la gestión del hasta ahora ministro del Interior Daniel Urresti. Como no podía ser de otra manera, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) planteó una serie de acciones al gobierno.

Una de estas es la individualización de las responsabilidades por lo ocurrido.

Señaló también que el uso de tales armas frente a civiles desarmados que ejercen su derecho a la protesta, o inclusive para el control de disturbios, constituye una grave violación de las obligaciones en materia de derechos humanos asumidas por el Perú y cuestiona la solidez de nuestro sistema democrático.

La Coordinadora que agrupa a más de 80 organizaciones de la sociedad civil sostuvo además que independientemente de las responsabilidades penales resultantes, el Estado debería indemnizar a los familiares del fallecido a la mayor brevedad.

A continuación el comunicado que emitió a raíz del trágico suceso.

¡Ni un muerto más!

CNDDHH ante ejecución extrajudicial de adolescente en Quillabamba

La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos lamenta profundamente la muerte del adolescente Jhapet Huillca Pereyra (16) producto del uso abusivo de la fuerza por parte de la Policía Nacional del Perú en Quillabamba, Cusco, el pasado martes 2 de setiembre. El adolescente falleció al impactarle en el abdomen un proyectil de arma de fuego de largo alcance. El uso de tales armas frente a civiles desarmados que ejercen su derecho a la protesta, o inclusive para el control de disturbios, constituye una grave violación de las obligaciones en materia de derechos humanos asumidas por el Perú y cuestiona la solidez de nuestro sistema democrático. Cabe recordar que con Jhapet son 35 los civiles fallecidos por la acción policial en protestas durante lo que va de gobierno, por lo que nos encontramos en la práctica ante una política de Estado, más que frente acciones aisladas.

Por otra parte, la muerte ocurrida pudo ser evitada mediante una atención oportuna de las legítimas demandas que han llevado a la población de Quillabamba a un paro indefinido. Antes de dar este paso, la población ha tratado de usar durante varios años los canales institucionales sin obtener respuesta oportuna frente al problema de la corrupción, la falta de adecuada participación en los beneficios económicos derivados de la operación del gaseoducto sur andino, y los graves impactos ambientales frente a la construcción de una hidroeléctrica en Santa Teresa, entre otras demandas.

Desde el movimiento de derechos humanos requerimos que se lleve a cabo una investigación exhaustiva que permita sancionar a los responsables de la muerte de Jhapet Huillca Pereyra. En ese sentido, reconocemos que la dirección de la PNP ha actuado de manera rápida al relevar al Jefe Policial de la Convención y a los comisarios de Maras y Chinchero, pero es preciso individualizar a quienes dirigieron y coordinaron el operativo que costó la vida de un escolar peruano. Independientemente de las responsabilidades penales resultantes, el Estado debería indemnizar a los familiares del fallecido a la mayor brevedad.

Hacemos además un llamado a implementar las recomendaciones de la Defensoría del Pueblo y de los diversos organismos internacionales en la materia, garantizando dotación de armamento no letal y entrenamiento adecuado a los policías, regulando de manera precisa los procedimientos para el control de disturbios, garantizando el acceso a la justicia y reparación de los afectados, y derogando las normas que favorecen la impunidad de los abusos policiales contra manifestantes. Pedimos también al gobierno que dé una salida sustancial a las demandas del pueblo de Quillabamba, dentro de un contexto de diálogo democrático.

Lamentamos que en el marco de los disturbios al hacerse pública la muerte del escolar quillabambino, varios efectivos policiales resultaran heridos.

Por último, consideramos que esta muerte constituye una nueva evidencia de la falta de idoneidad de Daniel Urresti Elera para ejercer el cargo de Ministro del Interior. Ello se suma a su procesamiento por la ejecución del periodista Hugo Bustíos, y las graves violaciones de derechos humanos perpetradas en Madre de Dios en el marco de la interdicción de la minería informal, incluyendo la muerte del también quillabambino Américo Laura Zambrano. Por todos los hechos mencionados, Daniel Urresti debería renunciar.

4 de setiembre de 2014

Secretaría Ejecutiva

Coordinadora Nacional de Derechos Humanos