Por Jorge Agurto
23 de julio, 2014.- Un reportaje televisivo difundido el domingo 20 de julio tiene la extraordinaria virtud de mostrar de forma contundente la verdadera y oculta realidad ambiental del Perú, y que los poderes fácticos tratan de ignorar de manera sistemática.
El vídeo muestra cómo una empresa del Estado -Petroperú- emplea a la población nativa, incluyendo menores de edad, para enfrentar un colosal desastre ambiental, sin ninguna protección y advertencia sobre su salud, a cambio de 80 soles, aproximadamente 28 dólares americanos.
Los hechos de por sí sorprendentes y abominables muestran cómo los pobladores se ven expuestos a un considerable daño a la salud así como el desprecio brutal de los funcionarios hacia la población indígena local.
No estamos exagerando ni aprovechando un hecho aislado para hacer generalizaciones.
Después de 40 años de explotación petrolera y denuncias sempiternas de las comunidades nativas ahogadas en el olvido recién el Estado peruano reconoció entre el 2013 y 2014 el estado de emergencia ambiental en cuatro cuencas amazónicas: Corrientes, Marañón, Pastaza, Tigre.
El reciente caso ilustra cómo los funcionarios y empresarios involucrados responden a este tipo de derrames de crudo que se han vuelto comunes en la amazonía.
Primero, niegan los hechos sin ningún rubor.
Luego, lo atribuyen a factores fortuitos materia de investigación que nunca terminan. Paralelamente anuncian que todo está bajo control a pesar que no conocen ni las causas ni la magnitud del desastre.
Cuando el drama es revelado por la prensa entonces declaran que se investigará a los responsables.
Todo queda allí. Nunca -que tengamos noticia- las autoridades abordan el caso por sí mismas o informan por iniciativa propia cómo han remediado los desastres ambientales.
Peor aún, nunca se tiene noticia de que algún funcionario haya sido sancionado (sancionado, no removido) o que alguna entidad haya cumplido con pagar de la suya una sanción.
El poder judicial es el ámbito dónde se inmovilizan las multas administrativas... hasta el olvido.
Pero eso sí, las empresas redoblarán sus gastos en publicidad a fin que la corte mediática a su servicio sature hasta el hartazgo afirmando que ellas actúan de manera responsable con el ambiente y las comunidades indígenas.
Sino vean la publicidad multimillonaria de Pluspetrol, responsable de contínuos derrames de petróleo.
Es en este contexto de salvaje impunidad que el gobierno aprobó el 12 de julio un “paquetazo” de medidas para reactivar la economía, que debilita aún más la ya famélica institucionalidad ambiental en el Perú.
El paquete de medidas aprobado por el voto de once congresistas ha sido cuestionado por la Defensoría del Pueblo, por las Naciones Unidas, por la sociedad civil peruana, por los pueblos indígenas, por más de cien redes y asociaciones internacionales.
La opinión pública nacional e internacional debe saber que el gobierno peruano que se luce en eventos internacionales como un digno anfitrión de la Cumbre Climática COP20 pisotea sin ningún rubor las normas nacionales e internacionales que protegen el derecho a la vida, al ambiente y al desarrollo de los pueblos.
Y deben saber también que los ambientalistas de ayer -que hoy fungen de ambientalistas oficiales- y edulcoran el feo rostro del gobierno han perdido la vergüenza y justifican sin rubor tales medidas con la ilusión de mantenerse hasta diciembre y quizás obtener los mejores beneficios para su provecho personal e institucional.
El país no gana nada con un maquillaje postizo y superficial que oculta la crudad realidad que oprime a la ciudadanía peruana, en particular a las comunidades indígenas que dependen de un ambiente sano para vivir y que se ahogan en un charco de petróleo que las contamina y las enferma.
Imagenes del derrame captados del video por Nelly Luna Amancio
Carlincatura de Carlos Tovar, del diario La República, que tiene el genio de graficar de forma punzante la realidad política en una imagen.