- Buscando prever la vulnerabilidad familiar.
Por Antonio Peña Jumpa*
17 de julio, 2014.- Uno de los conflictos humanos muy íntimo pero al mismo tiempo muy complejo es el de la violencia familiar, más específicamente el de la violencia de pareja. El feminicidio es el extremo de su manifestación, pero el inicio del mismo está relacionado con riñas, enfrentamientos, maltratos psicológicos, entre otros, y, luego, palizas o pugnas incontrolables.
Si bien el problema tiene causas estructurales y sistemáticas que requieren una atención de largo plazo, frente a los casos que hoy ocurren es urgente asumir su control o resolución. ¿Qué hacer para controlar estos casos o conflictos relacionados con la violencia de pareja?
En 1986, un grupo de estudiantes universitarios tuvimos la oportunidad de confrontar un caso de violencia de pareja a través de un consultorio jurídico gratuito del distrito de Carabayllo. Una joven pareja recurrió a nuestro servicio para resolver el problema de maltrato que ya se había tornado en físico y permanente. Primero, acudió la joven esposa, luego ésta acudió acompañada de su joven esposo. Ellos tenían toda la intención de seguir juntos, identificados con su calidad de inmigrantes de la región de Ancash.
Intentamos la resolución del conflicto ante el Juez de Paz, quién amenazó al maltratador con la intervención de la policía en caso el hecho se repitiera. Recurrimos luego al apoyo de una psicóloga especialista en terapias de pareja, quien solidariamente acudió hasta nuestro consultorio. Pero el maltrato no cesó. La policía ni el Ministerio Público pudieron intervenir dado el contexto de violencia política de aquel entonces, pero sobretodo porque en otros casos semejantes los efectos de su intervención hizo que el daño sea mayor en la víctima inmigrante: si se detenía al maltratador, ella quedaba en abandono, y cuando aquél era liberado, la violencia se tornaba más aguda.
El caso nos sirvió para llevar su problemática a un trabajo de investigación sobre los sistemas de resolución de conflictos en las comunidades Aymaras del Sur Andino (Lima, PUCP, 1991, 1998). ¿Cómo se resuelven estos conflictos de violencia de pareja en las comunidades Aymaras como Calahuyo? ¿Conviven estas comunidades con conflictos permanentes como el experimentado en Carabayllo? Grata fue nuestra sorpresa al encontrar en la Justicia de los Aymaras una alternativa de resolución basada en su organización familiar y comunal.
Esta Justicia Comunal tiene, desde muchos años atrás, mecanismos de control sobre dichos conflictos. Su procedimiento puede entenderse, en resumen, bajo el siguiente esquema:
1.El conflicto de violencia de pareja es, ante todo, un conflicto familiar. Ante un caso de maltratos es legítima la intervención de la familia de la víctima, y también de la familia del maltratador.
2.La intervención familiar supone que los representantes familiares de la pareja conversen y tomen las medidas que consideren adecuadas, evaluando los antecedentes de la pareja. Si cabe la reconciliación de la pareja, la analizan considerando la opinión de la víctima.
3.Si el conflicto persiste, los representantes familiares, con el apoyo de las autoridades comunales, deciden la separación de la pareja. Esta separación puede ser “voluntaria” o “forzada”. Ambas familias asumen las responsabilidades en gastos de los niños si los hubiere.
4.Acordada la separación, ambas familias (incluyendo sus vínculos extendidos) están alertas a los acontecimientos. Si saben o notan que el varón se está acercando a su ex pareja, inmediatamente “se pasan la voz” en la comunidad y se anteponen a la presencia del varón.
5.En caso el varón maltratador quiera reconciliarse, tiene que someterse a la fiscalización permanente de la familia, previo consentimiento de la ex víctima.
Si bien existen muchos detalles en el procedimiento de resolución de los comuneros Aymaras, el esquema presentado puede dar muestra de su efectividad. Es una alternativa de resolución del conflicto de violencia contra la pareja bajo la perspectiva de una justicia familiar – comunal.
¿Es posible su implementación en nuestro mundo urbano o moderno? Si bien en el mundo de los inmigrantes de primera generación resulta difícil, dada la pérdida del vínculo familiar, en aquellos casos donde sí existe el vínculo familiar o donde es posible revivir o fortalecer el vínculo familiar con el apoyo de la comunidad urbana (barrio o distrito), es posible implementarlo.
¿Por qué no apostar por experiencias como la de los Aymaras para atender los complejos conflictos de violencia de pareja? Si los procedimientos oficiales modernos, normalmente especializados y costosos, no funcionan o no son posibles de aplicar en la diversidad de nuestro país, no perdamos de vista que nuestra tradición cultural, en lo familiar y comunal, puede consolidar una mejor respuesta. La comprensión y decisión de cada uno de nosotros al respecto, más allá de la gubernamental, es urgente.
Ayacucho 29 de Junio, y Lima 13 de julio de 2014
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*Antonio Peña Jumpa es profesor principal de la Pontificia Universidad Católica del Perú, abogado, Master en Ciencias Sociales, PhD. in Laws. El autor agradece los comentarios de Juan Ansión y Ana María Villacorta.