- Solicitan a la CIDH renovar exigencia al Estado de cumplir de buena fe la medida cautelar y garantizar la vida e integridad de los beneficiarios y beneficiarias claramente identificados.

Servindi, 22 de mayo, 2014.- El Pacto de Unidad de Organizaciones Indígenas calificó de "retrechera" la respuesta del Estado peruano a la Resolución 9/2014 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que solicita garantías para un conjunto de personas que se oponen al megaproyecto minero Conga, en Cajamarca. 

Es decir, acusó al Estado de recurrir a artificios disimulados y mañosos a fin de eludir el cumplimiento de lo debido, en este caso para evadir su responsabilidad en el cumplimiento del mandato de dicha resolución.

A través de un comunicado, el Pacto de Unidad advirtió que de no dar respuesta a la Resolución 9/2014 que otorga una medida cautelar, el Estado Peruano estaría desconociendo un instrumento de obligatorio cumplimiento en un Estado democrático de derecho.

Cabe recordar que la petición fue formulada por el Pacto de Unidad en diciembre de 2011, cuando el Estado peruano declaró en situación de emergencia la región Cajamarca para imponer el megaproyecto minero Conga, a cargo de la empresa Yanacocha.

Por aquellas fechas se registraron una serie de agresiones en contra de líderes y lideresas de las comunidades y rondas campesinas, así como de la familia Chaupe y del comunicador indígena César Estrada Chuquilín que se han venido agravando desde entonces.

La respuesta al petitorio hecho por el Pacto se conoció el 5 de mayo de este año, a través de una medida cautelar otorgada luego de verificarse tres condiciones esenciales: amenaza a la vida y la integridad personal de los beneficiarios de manera grave, urgente e irreparable.

De este modo el organismo con sede en Washington dio la razón a las denuncias de amenazas y agresiones que venían haciendo las rondas campesinas y que no eran atendidas por el Estado peruano.

El Pacto de Unidad recordó, además, que hoy -jueves 22 de mayo- vence el plazo que la CIDH concedió al Estado para informar sobre los “continuos ciclos de amenazas, hostigamientos y actos de violencia” contra las personas que en su legítimo derecho rechazan Conga.

La mala fe del Estado peruano

La nota de prensa difundida hoy por el Pacto, recuerda que la primera reacción del Estado peruano fue ignorar la importancia de la medida cautelar como medida especial.

Señala así que el embajador del Perú ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Juan Jiménez Mayor,  sostuvo que esta medida no difería de la protección que el Estado brinda a 30 millones de peruanos.

La segunda reacción- continúa el comunicado- fue detener y maltratar el martes 13 de mayo a doce campesinos y activistas e incluso golpear a algunos de estos.

Entre los detenidos por la policía estuvieron aquel día César Estrada Chuquilín y otros beneficiarios de la medida cautelar, quienes recibieron burlas de los policías con frases como: “¿Y ahora dónde está la CIDH para que te proteja?”, explica el documento.

Como se informó en aquella ocasión, los detenidos fueron liberados la madrugada del miércoles 14 sin que haya habido de por medio ninguna orden ni mandato judicial que justifique la detención.

Pese a que el contenido de la Resolución de la CIDH se conoció la primera semana de mayo, fue recién el 13 que el Procurador Público Especializado Supranacional del Ministerio de Justicia "en una actitud dilatoria y retrechera" solicitó la lista completa de los beneficiarios de la medida cautelar y la identificación de sus representantes.

Pero los cuestionamientos a la respuesta del Estado no terminan ahí.

Según explica el Pacto, en un "afán malicioso" el Estado Peruano observó en una misiva a la CIDH que una asesora del Instituto Internacional Derecho y Sociedad (IIDS) - la abogada Zulma Villa – aparezca en las comunicaciones de los demandantes cuando ella no habría firmado la solicitud original de medidas cautelares.

"Con esa actitud el Estado peruano busca escabullir su responsabilidad y distraerse de los problemas sustanciales de fondo intentando menoscabar el derecho a la defensa y a pesar que dicha abogada representa a los peticionarios desde el inicio del caso, hecho del cual tiene pleno conocimiento la CIDH", finaliza el colectivo de organizaciones indígenas.