Servindi, 08 de abril, 2014.- Compartimos nuestro boletín semanal de noticias, edición Perú, con algunos de los hechos más destacados de la semana en el ámbito indígena y ambiental del país. Se autoriza la libre reproducción y difusión. Todos los derechos están compartidos.
- Resumen Perú, 08 de abril, 2014. (Archivo mp3, 5 minutos, 59 segundos. Descargar con un clic en el enlace y luego elegir guardar como).
Mundo Indígena Perú al 08 de abril de 2014
Por la Paz. El 4 de abril se realizó en Lima una gran Marcha por la Paz y la Seguridad Ciudadana en la que decenas de miles de personas salieron a las calles para exigir medidas concretas y efectivas al Gobierno para combatir la inseguridad y la violencia.
La marcha estuvo convocada por la Confederación General de Trabajadores del Perú, la Cámara Peruana de la Construcción, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y el Instituto de Defensa Legal.
Conflicto de interés. Un funcionario de la Oficina de Diálogo de la Presidencia del Consejo de Ministros trabajó para la consultora que hizo el estudio de impacto ambiental del proyecto Toromocho, denunció el Instituto de Defensa Legal.
Se trata de José Luis Álvarez Ramos quién trabajó para la consultora Knight Piésold Consultores y ahora promueve el referido proyecto desde la oficina encargada de manejar los conflictos.
Olleros resistió. Campesinos del distrito de Santo Domingo de los Olleros, en la provincia de Huarochiri, en Lima, resistieron la invasión de 150 paramilitares que pretendieron invadir sus tierras el 29 de marzo.
El saldo del enfrentamiento fue un muerto y más de 10 heridos por armas de fuego, según informó la agencia Adital.
Los campesinos responsabilizan a la empresa fantasma Lince Security, que contratada por el grupo de poder peruano de Navarro Grau Dyer y otros, provoca invasiones para apoderarse extrajudicialmente de tierras al sur de Lima.
Locuto. La comunidad campesina Juan Bautista de Locuto, ubicada en Piura, vive en zozobra ante el posible inicio de actividades mineras en su territorio concesionado en su totalidad a favor de las empresas Minas Buenaventura y Bear Creek.
Un video elaborado por la asociación CooperAccion presenta a autoridades locales, dirigentes comunales, asociaciones de mujeres y pobladores en los que se reafirman en defender sus bosques secos y la agricultura como principal actividad.
Piden se respete la histórica consulta vecinal que se realizó el 2002 en el distrito de Tambogrande y que culminó con un rotundo no a la minería.
¿Quién representa a los pueblos en aislamiento? Representantes de la Confederación de Nacionalidades Amazónicas del Perú (CONAP) cuestionó el rol de las oenegés que abogan por la protección de los pueblos en aislamiento.
Con ese propósito miembros de la CONAP acudieron hasta Washington, Estados Unidos, para participar en una audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Lo que llama la atención –observa Ruiz Molleda- es que en el discurso de los representantes de la CONAP no aparecen mínimamente los pueblos en aislamiento voluntario.
CONAP “desconoce” e “invisibiliza” la voluntad y la libre determinación de los pueblos en aislamiento voluntario, al promover ampliar las actividades de exploración en el Lote 88.
Y ello se realiza “a pesar que la vida, la salud y la supervivencia de los pueblos en aislamiento voluntario, no está suficientemente garantizada en las actuales circunstancias” afirmó el abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL).
Pastaza. “Hemos perdido la paciencia. Vemos que el Estado no hace nada, la empresa sigue haciendo el mismo mal, la contaminación sigue dañando animales, cochas, quebradas, tierra y a nosotros mismos que tomamos y comemos de ellas”
Así se pronunció la Federación Indígena Quechua del Pastaza (Fediquep) luego de reunir a los apus y dirigentes comunales de toda la cuenca en una asamblea de comunidades efectuada entre el 23 y el 27 de marzo en la comunidad de Soplín.
En ella se acordó iniciar una movilización permanente para exigir la atención a sus problemas derivados de las operaciones petroleras que se realizan en la cuenca hace más de 40 años.
Convenio. La Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA) y la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep) suscribieron el 1 de abril un convenio con el Ministerio del Ambiente (Minam).
El objetivo es mejorar la participación e incidencia en el escenario de negociaciones climáticas por parte de las organizaciones indígenas amazónicas sobre la base del reconocimiento del aporte de la Amazonía Indígena para enfrentar el cambio climático.
Los territorios indígenas amazónicos comprenden 210 millones de hectáreas y representan en reservas de carbono un equivalente a trece años de emisiones de Estados Unidos.
Esto demostraría la eficacia, eficiencia y sostenibilidad para enfriar el planeta de la “Amazonía Indígena” sostuvieron en un documento los representantes amazónicos.
Encuentro provechoso. Cerca de 30 comunicadores indígenas de Lambayeque, Piura, Cajamarca y Ancash participaron en el segundo Taller descentralizado para la Formación de la Escuela de Comunicación Indígena e Intercultural en Perú, en la norteña ciudad de Chiclayo.
El viernes 5 se realizó un foro público sobre comunicación y cambio climático con cerca de 100 asistentes.
En él participaron representantes del Gobierno Regional de Lambayeque, el Proyecto Enfoque Territorial al Cambio Climático (TACC Perú), la Oficina de Comunicaciones y Gestión del Conocimiento de la COP 20 y el Grupo Perú de la COP 20.
Intervinieron como panelistas Rodolfo Aquino de la Coordinadora Nacional de Radio, y Karín Anchelía de la organización ONAMIAP, miembro del Pacto de Unidad de Organizaciones Indígenas del Perú.
Cultura forestal. Solo entendiendo la cultura forestal de los diversos actores sociales se puede mejorar la gobernanza forestal afirmó el ingeniero Rodrigo Arce Rojas en un reciente artículo publicado en Servindi.
Sostuvo que la antropología forestal tiene el reto de profundizar en la cultural forestal de los diversos actores sociales y ofrecer pistas sobre cómo alcanzar acuerdos sociales efectivos que contribuyan a conservar y aprovechar los bosques de forma sostenible.