Servindi, 25 de marzo, 2014.- El Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (Conamaq) expresó en un reciente comunicado su “total repudio" al Proyecto de Ley de Minería y Metalurgia porque vulnera derechos como el de la consulta previa  y criminaliza la protesta.

El comunicado, emitido el pasado 22 de marzo, sostiene que la citada ley fue elaborada sin la participación de actores importantes como el sector indígena campesino y comunidades afectadas por la minería.

Asmismo, advierte que con esta norma los territorios indígenas “serán invadidos” por proyectos mineros ya que permite su desarrollo en todo el territorio nacional, incluso sobre comunidades de pueblos originarios y áreas protegidas naturales.

Criminaliza la protesta

La organización indígena denunció también que el proyecto “criminalizará el derecho a la defensa del territorio” y a la protesta “usando la fuerza pública” y abriendo procesos judiciales contra quienes impidan el inicio de las obras de explotación “o soliciten la suspensión de actividades mineras".

"Reduce" la consulta

Conamaq consideró que la iniciativa legislativa “atenta contra la consolidación del Estado Plurinacional” y viola una serie de derechos como a la libre determinación del territorio, al autogobierno y a la consulta previa libre e informada, entre otros.

Denunció que el mecanismo de consulta se reducirá a “tres simples reuniones orientadas a implementar la explotación minera”. De no llegarse a un acuerdo, el Ministerio de Energía y Minas estará facultado para emitir una resolución que será “definitiva e inapelable”, indicó.

Consideró además que se afecta el derecho a la libre determinación de los pueblos originarios pues no se les otorga el derecho a veto ante actividades mineras.

De igual modo, Conamaq aseguró que los pueblos no serán sujetos de consulta pues para ello se requiere una serie de certificaciones, como la de existencia precolonial, dominio ancestral del territorio, de conservar patrones culturales propios, y otras.

Proyecto de ley minera

La iniciativa legislativa de 241 artículos del Ejecutivo fue enviada el lunes 17 de marzo a la Asamblea Legislativa Plurinacional, con el pedido expreso que no se introduzcan cambios en el documento de ley alcanzado tras consenso con las partes del sector minero y metalúrgico.

Tras demorar tres años en ser consensuado,  el nuevo texto reemplazará al Código de Minería vigente desde 1997, y establecerá además que la estatal Corporación Minera de Bolivia (Comibol), dirigirá al menos seis compañías subsidiarias.

En 2013, las exportaciones mineras de Bolivia sumaron tres mil 38 millones de dólares, lo que representan una cuarta parte de los 12 mil 042 millones de dólares sumados en total ese año por las ventas al exterior.