Por Jonathan Hurtado

Servindi, 17 de enero, 2013.- Una nueva forma de agresión se configura en torno al Rally Dakar, que este año tiene como escenario Argentina, Bolivia y Chile. A un día de su culminación repasamos lo ocurrido en cada país y que tuvo como protagonistas a los pueblos originarios defensores de sus territorios y del patrimonio histórico.

El Rally Dakar es una competición deportiva de resistencia que se desarrolla fuera de las pistas y por etapas. Tuvo como punto de partida, el 5 de enero, la ciudad de Rosario, en Argentina.

Si en ediciones anteriores las protestas tenían como protagonistas a ambientalistas y estudiosos que velaban por la integridad del patrimonio cultural, arqueológico y paleontológico de cada país, hoy la activa protesta involucra más a los pueblos indígenas u originarios.

Ello ha llevado a que en la tarea de preservar el "orden" de la carrera intervengan nuevos elementos como lo son las fuerzas policiales al servicio de los gobiernos que optaron por albergar y promover el Dakar.

Precisamente, antes de que la competición abandonase suelos argentinos, el domingo último, se registraron agresiones físicas a miembros del pueblo Kolla y Omaguaca, en la provincia de Jujuy, que protestaban por no haber sido consultados sobre el paso del Dakar por sus territorios.

La mañana de aquel día, la policía golpeó salvajemente a los originarios cuando celebraban una asamblea comunitaria sobre la ruta de la competición. Fueron reprimidos, sin distinción, mujeres, niños, un sacerdote y el primer intendente indígena de Argentina.

Tras la golpiza los heridos fueron trasladados al hospital de Abra Pampa y los detenidos a la Seccional 1ª en San Salvador de Jujuy y liberados a medianoche.

El daño provocado no terminó ahí. Luego de las agresiones vinieron las declaraciones del ministro de Gobierno y Justicia, Alberto Matuk, quien resaltó el operativo de seguridad realizado por la Policía de la provincia antes y durante el paso del Rally Dakar por Jujuy.

Según señaló la Policía tuvo que intervenir “para evitar riesgos tanto para los corredores como para los propios manifestantes”.

Originarios de Jujuy rechazan competición en torno a la cual se generan millonarias ganancias.

Al frente de sus declaraciones salió el diputado provincial Néstor Sanabia (UCR) quien calificó de “irresponsable" al Gobierno de la Provincia y de la que además dijo "no sólo es ineficiente en las negociaciones frente a los conflictos sociales, sino que además maneja un doble estándar para evaluar la protesta social”.

Sanabia precisó que los derechos a la consulta y al consentimiento, tal como han sido definidos por el sistema Interamericano de Derechos Humanos, no son una simple consulta, sino que requiere un esfuerzo del estado por establecer procedimientos culturalmente adecuados y definidos por las propias comunidades.

En Bolivia las protestas tuvieron un matiz diferente. Estas surgieron por una preocupación medioambiental, pero también, como pasó con el Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (Conamaq), una oportunidad para demandar la devolución de su sede en La Paz.

Días antes del inicio de la carrera los ayllus de Potosí dieron un plazo de tres días al gobierno para que retire el cerco policial de la sede de su máxima organización, en manos de los efectivos desde el 10 de diciembre pasado.

Vencido el plazo el gobierno debió entregar el debido estudio de impacto ambiental del Rally Dakar, el cual atravesaría territorio indígena.

Posteriormente, los originarios de la nación Killakas del citado departamento resolvieron suspender el bloqueo pero sin descansar en su demanda para que se haga una inspección en las áreas que podrían ser afectadas por el paso de los vehículos.

Desde el 13 la competición tiene lugar en Chile. Los que han elevado su voz por el daño al patrimonio cultural de este país, es el Colegio de Arqueólogos que sostiene que "la actividad del Dakar es altamente dañina para el patrimonio cultural de Chile."

Ruta de la competición que culmina el 18 de enero en Valparaiso, Chile.

En una entrevista con El Tiempo de Colombia, Paola González, vicepresidenta de la citada entidad, afirmó que el Dakar no es una competencia deportiva. "Ellos promocionan marcas internacionales sin ningún respeto por el medio ambiente y el patrimonio cultural”, afirmó.

Y es cierto, en innumerables ocasiones estudiosos ligados a la preservación de la naturaleza y el patrimonio han descrito esta competición que va en su versión número 35 -sexta ocasión en Sudamérica- como "una tropelía irresponsable a los valores ambientales y socio culturales".

En cada edición se hace más evidente que los gobiernos están más interesados en el “beneficio” económico que genera este tipo de eventos que en la defensa del patrimonio cultural, arqueológico y paleontológico.

El biólogo Marco Octavio Ribera Arismendi la califica de "aventurismo tecnológico millonario supeditado a los caprichos y veleidades de una figura corporativa transnacional encargada de promover e impulsar este nefasto evento".

Y continúa: "A los promotores del Dakar les importa un pepino los impactos a los países y zonas por donde pasa; a ellos les interesa la millonaria recaudación y la imagen".

En Chile también, organizaciones ciudadanas recientemente celebraron que la Corte de Apelaciones aceptara el recurso de protección contra el Dakar 2014.

Los Pueblos Originario Unidos (POU), el Consejo Ayllu sin Fronteras, el Colegio de Arqueólogos, la Fundación Patrimonio Nuestro, y el abogado Luis Mariano Rendón calificaron el hecho como “un nuevo paso en contra del daño patrimonial indiscriminado”.

Pese a la represión y la espectacularidad de eventos como el Dakar que propician que los gobiernos atenten contra su propia historia y su gente, la defensa de los territorios y el pasado no se detiene.