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Servindi, 28 de diciembre, 2013.- La comunidad nahua de Cuacuila, en Huachinango, en el Estado de Puebla, “clausuró" la construcción del gasoducto Tuxpan–Atotonilco de Gasomex y expulsaron a los trabajadores porque  consideran peligrosa la presencia del gasoducto en su territorio. Indican que han sido vulnerados sus derechos a la autodeterminación y consulta.

La construcción del gasoducto de la empresa Gasomex que va de Poza Rica, en Veracruz, a Atotonilco, en Hidalgo, y que atraviesa la citada comunidad nahua, es rechazada por los indígenas, quienes demandan se respete su derecho a la consulta y autodeterminación.

Como se recuerda, a mediados de noviembre, la comunidad decidió en asamblea presentar acciones de amparo contra el proyecto y exigir se detengan las obras.

Sin embargo, la semana pasada al ver que continuaban las labores, unos doscientos pobladores de Cuacuila se movilizaron por el pueblo hasta la válvula de seguridad del gasoducto, que se construye a pocos metros de la escuela, y pidieron a los trabajadores de la obra paralizar la instalación de tuberías de manera definitiva.

Ante el pedido de la población, un representante de la empresa planteó la formación de una mesa de diálogo con los manifestantes, pero la propuesta fue rechazada por los indígenas que consideran que las decisiones deberían hacerse en una asamblea comunitaria.

Presentarán acciones de amparo

El pasado 16 de noviembre, en una asamblea de la comunidad se acordó que presentarán amparos contra la construcción del gasoducto en sus cercanías.

La estrategia legal será conducida por el abogado René Sánchez Galindo, del Nodo de Derechos Humanos, quien aseguró que un equipo de juristas está redactando un “amparo colectivo”.

La acción solicitará a la justicia se respeten los derechos de autodeterminación sobre su territorio y recursos, así como el derecho a la consulta previa, tal como está establecido en tratados internacionales reconocidos por la Constitución.

“No importa que el ducto ya esté instalado en otros lados, si no hay permisos de la Semarnat, de las autoridades locales, es decir del presidente municipal y de su Cabildo en materia de uso de suelo, desarrollo urbano y asentamientos humanos y no cuenta con la autorización de la comunidad, la obra no puede realizarse” informó a la población el abogado.

En la asamblea de noviembre, participó también el ingeniero Heberto Barrios Castillo, quien aseguró que el gas LP, que irá por el gasoducto, es un “producto explosivo, muy flamable, además es tóxico"

"En el caso concreto de Cuacuila el gasoducto Tuxpan-Atotonilco, pasará muy cerca de un kínder, con lo que no se están respetando las distancias mínimas. Por ello la comunidad debe estar al pendiente y nosotros apoyaremos lo que decidan”, indicó.

Al respecto, la empresa considera que no existe riesgo para la población porque el diámetro de la tubería fue reducido y porque cuenta con 25 válvulas de seguridad, una de ellas en la comunidad.

Denuncian intimidación

Los pobladores y líderes de Cucuila denuncian haber sido víctimas de acciones de intimidación por personal de la empresa Gasomex y del gobierno local a fines del mes pasado.

Mediante un comunicado, las organizaciones Ciudadanos Indígenas en Defensa de sus Derechos (CIDD) y la Unión de Defensores de Derechos Humanos de la Sierra Norte (UDDH) afirmaron haber sido visitados en sus domicilios, los días 20 y 22 de noviembre, por personal de la empresa y del municipio quienes los habrían conminado a abandonar la resistencia.

Las organizaciones demandan a las autoridades estatales, municipales y auxiliares que estén al tanto de la integridad de los pobladores y responsabilizan a las empresas Biósfera Ingeniería Ambiental y Gasomex “de lo que les pueda pasar a los compañeros y a sus familias o a cualquier habitante de la comunidad de Cuacuila”.

Las empresas, por su parte, a través de una carta titulada “disculpa a manera de réplica”, aceptaron haber visitado a habitantes y ex presidentes auxiliares de la comunidad pero adujeron que su visita fue malinterpretada y que no tuvieron la intención de intimidar, sino de informar a la población.

En un reciente boletín, la CIDD denunció que se está emprendiendo una campaña de intimidación judicial contra los indígenas opositores a la obra, mediante 12 órdenes de aprehensión por presuntos ataques a vías de comunicación y amenazas.

La CIDD sindica a los empleados de la empresa Gasomex y a funcionarios municipales como los autores de las denuncias.