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- Descartan que inversiones en minería hayan descendido tal como indicó el Gobierno. Advierten que existe total desinformación de proyectos como el de la represa Chadín II.
Por Jonathan Hurtado
Servindi, 12 de diciembre, 2013.- La minería ilegal que en los últimos años se ha venido expandiendo de manera explosiva y sin control en diversas regiones del país se convertirá en una de las principales causas de conflictividad social el año 2014. Así lo advierte el 13° Reporte del Observatorio de Conflictos Mineros (OCM).
El informe advierte también que temas como reducción de canon minero y "medidas orientadas a destrabar las inversiones", que se sumaron este año a las ya conocidas demandas por el agua y la tierra, tomarán mayor fuerza en la agenda de conflictos del próximo año.
La presentación del reporte correspondiente al segundo semestre del 2013 estuvo a cargo de Acción Solidaria para el Desarrollo (CooperAcción), la Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz (Fedepaz) y el Grupo de Formación en Intervención para el Desarrollo Sostenible (Grufides).
Investigadores señalaron que si bien en el 2013 se han registrado menos conflictos activos vinculados a la minería en relación al año paso, esto no marca una tendencia a su desvanecimiento.
Minería ilegal
Según datos recogidos por el reporte, entre el 2005 y 2011 el número de titulares en régimen de minería artesanal se han incrementado en un 20 por ciento, mientras que el área concesionada prácticamente se triplicó.
Se tiene así que se pasó de 1.5 millones a 4.4 millones de hectáreas concesionadas, muchas de las cuales serán operadas en el marco de operaciones legales o, en su defecto, trabajadas por mineros ilegales que se apropiarán de las mismas.
Según José de Echave, de CooperAcción, en la actualidad casi la totalidad de regiones del Perú registran minería ilegal. Para comprobarlo basta empezar por Lima, en la zona norte, pasando la cuenca del río Chillón, precisó.
Destacó que ya no solo Puno, Madre de Dios o La Libertad albergan minería ilegal, sino que regiones como Apurímac también han empezado a registrar este tipo de actividad, y que su crecimiento, en los últimos cinco años, se han dado a niveles alarmantes.
José de Echave, investigador de CooperAcción
Recalcó que es posible que por abril del próximo año a razón de que en ese mes vence el plazo otorgado por el Ejecutivo para la formalización, se registren mayores tensiones.
¿Qué hacer para combatir la minería ilegal?
De Echave, consultado sobre las medidas que se deberían tomar para combatir la minería ilegal, sostuvo que es primordial contar con insumos claves que permitan encarar y diseñar una estrategia.
Lo primero es contar con un diagnóstico actualizado sobre lo que está pasando alrededor de la minería informal e ilegal. Este debe dar cuenta de las características y particulares de este tipo de minería en las diferentes regiones del país.
El investigador de CooperAcción señaló también que es necesario contar con un Estado que tenga capacidad de actuación multisectorial. "Los ministerios no dialogan", enfatizó.
Finalmente, afirmó que hace falta trabajar el tema de institucionalidad y citó el caso de Arequipa donde la dirección encargada de tratar la minería ilegal cuenta solo con seis personas. "Así no hay ninguna capacidad para enfrentar una problemática de este tipo, con una institucionalida tan precaria", finalizó.
Reactivación de proyectos
Dados los anuncios del Gobierno de dar incentivos a la actividad minera y promover políticas para destrabar las inversiones, proyectos mineros al norte del país reiniciaron sus trabajos a fin de reactivar proyectos que no se habían concretado por la resistencia de la población.
Ana Leyva, de Fedepaz, indicó que uno de estos proyectos es Río Blanco en Piura. Señaló, tal como se explica en el reporte, que la empresa viene gestionando la reapertura de su oficina en la provincia de Huancabamba.
Asimismo, la especialista dio cuenta de la instalación de la mesa de desarrollo de Tambogrande, impulsada por la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y presidida por el Ministerio de Energía y Minas (MINEM).
Este hecho es significativo, dado que Tambogrande fue el primer distrito en que la población logró paralizar un proyecto minero hace diez años, mediante una consulta ciudadana.
De otro lado, Leyva precisó que el crecimiento de la minería artesanal en Piura es significativo y que son muy pocos los que van camino a la formalización.
Lo que nadie sabe de Chadín II
Antonio Zambrano, responsable del Área de Integración Solidaria de la ONG Forum Solidaridad Perú, alertó sobre la construir de más de una veintena de hidroeléctricas en la cuenca del río Marañón para generar energía para la minería que se desarrolla en la zona norte.
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Precisó que otro de los beneficiados con la construcción de estas hidroeléctricas es Brasil ya que servirían para abastecer su matriz energética, en el marco de una serie de conversaciones sostenidad a la fecha con el Estado peruano.
Aseguró, además, que la construcción de la hidroeléctrica Chadín II, ubicada entre los departamentos de Cajamarca y Amazonas, sólo generará 36 puestos permanentes de trabajo y sin embargo desplazará a 983 personas.
Explicó que si bien se prevé que el proyecto en la etapa de construcción empleará unas cinco mil personas, las operación por 40 años solo empleará a 24 obreros calificados y 12 obreros no calificados.
Antonio Zambrano de Forum Solidaridad Perú
Zambrano criticó la resistencia que existe por realizar una adecuada evaluación de impacto ambiental para la construcción de hidroeléctricas.
De igual modo, cuestionó que no se consulte e informe a la población sobre estos proyectos. "Hay una suerte de desinformación galopante sobre la construcción de Chadín II", afirmó.
Por su parte, Pablo Sánchez de Grufides alertó sobre los convenios existentes entre las empresa mineras y las fuerzas del orden. "A quién obedece esta policía que recibe un pago de las mineras", se preguntó.
Sostuvo además que si continúa este patrón, los hechos de violencia se volverán a repetir en regiones como Cajamarca.
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