- Apenas el 0.07 por ciento del presupuesto del Poder Ejecutivo se ha destinando el 2013 a enfrentar el problema de la violencia familiar y sexual.

Servindi, 25 de noviembre, 2013.- “Los hallazgos nos permiten afirmar que el problema de la violencia contra las mujeres, que en las últimas semanas se ha expresado en feminicidios, violaciones y acoso sexual, no es prioridad para el gobierno del presidente Humala" afirmó Jeannette Llaja Villena, directora de la asociación feminista DEMUS.

"Si el presupuesto público es la expresión más concreta de voluntad política y compromiso podemos decir que la prevención, atención y sanción de los casos de violencia no figura en la agenda del actual régimen”, afirmó Llaja Villena.

Apenas el 0.07 por ciento del presupuesto del Poder Ejecutivo se ha venido destinando el 2013 a enfrentar el problema de la violencia familiar y sexual, aseveró.

Tal porcentaje resulta mínimo e insuficiente para responder en forma eficaz y con la debida diligencia a esta realidad que afecta a cuatro de cada 10 peruanas, según la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES, 2012).

La información se desprende del análisis que a través del Portal de Transparencia Económica hizo DEMUS sobre el presupuesto público vigente y las asignaciones al Programa Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual (PNCVFS) y al Plan Nacional Contra la Violencia Hacia la Mujer (PNCVHM) 2009-2015.

Ambos programas dependen del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), ente rector de las políticas de igualdad de género y contra la violencia hacia la mujer, y que representó solo el 0.4 por ciento del presupuesto del gobierno nacional.

De esa reducida asignación, el 19.2%, es decir 55,272,712 nuevos soles, se destina al PNCFVS para las acciones de prevención y atención a través de la Línea 100, 190 Centros de Emergencia Mujer (CEM), hogares refugio, Chat 100, Centros de Atención Integral (CAI) y el Servicio de Atención Urgente (SAU).

Si se divide el monto presupuestal referido entre las atenciones brindadas por los CEM y el SAU, se obtiene que la inversión promedio es de 26 soles por cada una de ellas, monto que puede inclusive disminuir si se tomaran en cuenta las otras prestaciones.

El análisis también devela una curva descendente en el presupuesto para la prevención de la violencia y nula asignación al trabajo previsto con los medios de comunicación, pues los recursos se orientan hacia la atención, sin que ello signifique el incremento del número de atenciones, situación que daría cuenta de un necesario mejoramiento de su sistema de gestión.

Al comparar las 42,537 atenciones que prestaron los CEM durante 2012 con las 629,203 (1) mujeres víctimas de violencia familiar y sexual que potencialmente podrían haber requerido atención en dichos servicios en ese año, se observa que estos habrían cubierto sólo un 6.8% del universo factible (2).

El estudio estima que para cubrir el 100% de los casos potenciales se hubiera requerido una asignación presupuestaria de por lo menos de 321,941,121.86 millones de soles, monto aproximado al presupuesto total asignado al sector (MIMP).

Igualmente respecto de sus presupuestos sectoriales, los ministerios del Interior y Salud invierten apenas el 0.004% y 0,01% respectivamente. En el caso de los Ministerios de Educación y Justicia no colocan información precisa en sus portales.

Llaja Villena hizo un llamado a que en el próximo debate del pleno sobre el proyecto de ley del presupuesto público 2014, se considere una distribución de los ingresos que dé prioridad a la erradicación de la violencia hacia las mujeres, pues de lo contrario el problema persistirá.

Asimismo propuso al Ejecutivo que reconsidere la asignación de recursos vía los Programas Presupuestarios Estratégicos para la lucha contra las diversas formas de violencia contra las mujeres que permita articular las asignaciones de montos a todos los sectores en forma obligatoria, sobre la base de resultados e indicadores.

Notas:

(1) Cifra estimada sobre la base de reportes de la ENDES 2009 y 2012 para mujeres adultas en edad fértil, alguna vez unidas en pareja, víctimas de violencia familiar y sexual en los últimos doce meses antes de las encuestas.

(2) Efectivamente, sólo el 5% de las víctimas acuden a los CEM (ENDES, INEI, 2012).