Foto: Tomada del Twitter @Nuvia_Mayorga

- Autor advierte debilidades en plan presidencial que, según documentos del mismo, limita participación de la ciudadanía además que reduce fondos para pueblos indígenas.

Por Marcos Matías Alonso*

12 de noviembre, 2013.- “El Presidente propone y el Congreso dispone”, fue una de las pocas expresiones afortunadas de Vicente Fox. Con el mensaje anterior, el titular del Ejecutivo Federal manifestaba su disposición de aceptar las modificaciones del Congreso en materia presupuestal.

En el 2000 la aprobación del PEF dejó de ser una atribución exclusiva del poder presidencial. Las fuerzas políticas, representadas en el Congreso de la Unión, hicieron reasignaciones presupuestales. Se pactaron acuerdos e iniciaron procesos de diálogo y negociación en el ejercicio del presupuesto público de la nación.

Nunca hay que pasar por alto que “los presupuestos nacionales, más que ser datos financieros, reflejan las prioridades gubernamentales sobre los diversos sectores sociales de cada país. Los presupuestos públicos no son sólo instrumentos financieros, son documentos políticos que expresan las relaciones de poder en cada una de nuestras naciones” (V. Toledo). El Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF/2014), como todos los presupuestos nacionales, expresan relaciones de poder que tienen y tendrán impacto político en el futuro escenario del ejercicio de gobierno, tanto en su escala local como nacional. En Guerrero, veremos sus resultados en el 2015.

El jueves 31 de octubre, el Senado de la República aprobó la Ley de Ingresos de la Federación (LIF) para el ejercicio fiscal del 2014, por 4 billones 467 mil 225 millones de pesos. El próximo 15 de noviembre, la Cámara de Diputados tiene como límite Constitucional aprobar el PEF del 2014. En las relaciones de poder entre la Cámara alta y el Ejecutivo Federal hubo ajustes, acuerdos y negociaciones en la Ley de Ingresos. El Plan Nuevo Guerrero es un producto que ilustra dichos acuerdos políticos de alto nivel.

Hasta el 15 de noviembre, la Cámara baja tiene como mandato constitucional aprobar el PEF/2014 y su techo financiero para la negociación está determinado por la LIF. La facultad constitucional de los legisladores para proponer ajustes y reorientar el presupuesto demanda la identificación de “gastos superfluos” o “bolsas con destino dudoso”, programados por el Ejecutivo Federal. El Dr. Juan Moreno, experto en temas financieros del GPPRD, en el PEF/2014 ha identificado 35 mil millones de pesos susceptibles a ser recortados y reasignados para gasto social emergente. La contribución del Dr. J Moreno pone al alcance de los diputados cumplir el precepto: “El Ejecutivo Federal propone y el Congreso dispone”. Obvio, la negociación implica correlación de fuerzas y relaciones de poder.

Las relaciones y el equilibrio entre poderes es lo que permitió concretar la iniciativa del Plan Nuevo Guerrero. Nadie pone en duda que el papel del Senador Armando Ríos Piter (ARP) fue determinante en este proceso de negociación. Sobre todo, en su carácter de Secretario de la Comisión de Hacienda y Crédito Público del Senado. Pero no sólo él. Los principales acuerdos políticos nunca son forjados por un solo hombre, son esfuerzos y acuerdos colectivos que no desdeñan la visión individual.

En este contexto, en el debate de la Reforma Hacendaria, los Senadores del PRD se comprometieron destinar más presupuesto para el Sur de México, con alta prioridad para Guerrero. Su capacidad de negociación incluyó un artículo transitorio para que, en el PEF/2014, se contemplen recursos extraordinarios para el estado de Guerrero, por ser uno de los estados que más sufrió los embates del huracán “Ingrid” y la tormenta “Manuel”. Los Senadores Miguel Barbosa, Sofío Ramírez y Zoé Robledo, se sumaron a este esfuerzo colectivo. Contaron con la simpatía, incluso, de Senadores del PRI.

A la iniciativa anterior se le denominó “Compromiso con el Pacífico Sur de México”, el cual se sustentó con ocho proyectos emblemáticos de impacto macrorregional. Esta es la propuesta que forjó la idea seminal del Plan Nuevo Guerrero, el cual, además de impactar en la negociación del PEF/2014, también incide, de manera fundamental, en la aplicación de una nueva política pública para Guerrero.

Es lógico pensar que el PNG (Plan Nuevo Guerrero), al tener el respaldo presidencial, tendrá el consenso en la mayoría de los diputados del PRI. El amanecer del 15 de noviembre el PEF/2014 para el PNG tendrá un presupuesto de 30 mil millones de pesos. Si la negociación progresa favorablemente para Guerrero, a la cantidad anteriorse agregarán los 40 mil millones del presupuesto ordinario que nuestro estado solicitó para el próximo año. Es decir, estamos hablando de 70 mil millones de pesos. En el peor escenario, contaremos con una bolsa financiera de aproximadamente 65 mil millones de pesos.

Para el 2014 se avecinan tiempos de bonanza y, lamentablemente, también tiempos de corrupción y relación clientelar en el control del dinero para la política pública. Las grandes empresas constructoras se frotan las manos y los “diezmeros” hacen cuentas alegres. Si no hay una aplicación honesta y transparente de los recursos públicos, al final del 2014 los indicadores de desarrollo humano pueden estar igual o peor que en el nivel donde ahora nos encontramos.

En los documentos básicos elaborados por la presidencia de la Repúblicas se indica que el PNG fomentará el crecimiento económico y el desarrollo social incluyente, en un marco de transparencia y participación ciudadana. Señala que las dependencias de la Administración Pública Federal serán pilares en la construcción de un “Nuevo Guerrero”. Al tiempo se debatirán los ejes principales del PNG; por ahora se señalan dos debilidades: limitada participación de la ciudadanía y omisión de un plan de atención integral para la Montaña de Guerrero. La omisión en la atención de los pueblos indígenas y sectores marginados (urbano/rural) puede ser uno de los principales talones de Aquiles del plan presidencial. Es tiempo de hacer las rectificaciones necesarias.

Finalizo la presente nota con el tema de la reducción presupuestal para los pueblos indígenas. En el anexo 9 de las “Erogaciones para el desarrollo integral de los pueblos indígenas”, hay una reducción de 2 mil trescientos millones. En este año se ejercen 74 mil millones, los diputados deben de presionar para alcanzar por lo menos 80 mil millones de pesos. Al presupuesto para CDI sólo hacen un incremento presupuestal de 500 millones de pesos. En este año, CDI ejerce un presupuesto de 10 mil millones trescientos mil pesos. Los legisladores de la Comisión de Asuntos Indígenas deben hacer las gestiones necesarias para alcanzar por lo menos15 mil millones de pesos para el presente año fiscal.

La negociación del presupuesto se basa en la correlación de fuerzas y en la relación de poder de los legisladores, tanto en su esfera legislativa, como en su relación con el Ejecutivo Federal. El certero estudio del Dr. Juan Moreno, pone al alcance de los legisladores las bases para proponer las reorientaciones y reasignaciones presupuestarias para beneficiar a los pueblos indígenas de México. Si los diputados indígenas no inciden en los canales de negociación de alto nivel, el amanecer del 15 de noviembre tendremos un PEF/indígena de bajo impacto e incidencia menor. Pronto conoceremos los acontecimientos financieros y los frutos de la negociación en la batalla por el gasto social.

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Artículo de opinión publicado en El Sur. Acapulco, Guerrero 12 de noviembre del 2013.

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*Investigador titular del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS).