- El diputado Brooklyn Rivera, cuestionó a las autoridades del Consejo Regional de la Región Autónoma del Atlántico Sur (RAAS), que, dijo, no consultaron a las comunidades indígeneas del Caribe sobre el mega proyecto del presidente Ortega que afectará a poblaciones del Caribe.
Por Wilfredo Miranda Aburto
El Confidencial, 11 de junio, 2013.- Los pueblos indígenas de la Región Autónoma del Atlántico Sur (RAAS) no fueron consultados sobre la construcción del llamado Gran Canal Interoceánico, que afectaría directamente estas poblaciones del Caribe nicaragüense, se quejó el diputado Brooklyn Rivera, después que sus colegas sandinistas aprobaran en mayoría el dictamen del proyecto de ley que entrega la concesión de la construcción y gestión del canal a la empresa china HKND Nicaragua Group.
La tarde de ayer lunes, el Consejo Regional Autónomo de la RAAS llegó a la Comisión de Infraestructura y Servicios Públicos a exponer su posición favorable ante la pretensión de Daniel Ortega de revivir el sueño canalero. Dentro del dictamen ya se conocía una resolución en pleno que autoriza al Gobierno a realizar las gestiones necesarias para la construcción del Canal en territorio del Caribe.
Sin embargo, Rivera, de origen indígena, cuestionó al Consejo de la RAAS, ya que “ni los consejos municipales han hecho las consultas previas a las comunidades, de manera que hubo fallas de procedimiento”.
“Ellos (Consejo RAAS) no fueron a los territorios, ni informaron nada las comunidades. Se limitaron a escuchar nada más en la Comisión, porque saben que habían fallado”, aseguró el diputado.
El legislador dijo que el Consejo de la RAAS no tiene potestad para decidir sobre los territorios indígenas, porque es un órgano político al igual que los consejos municipales.
“Todavía pueden ir las autoridades a reunirse con las comunidades, que son los dueños de los territorios, no los consejos regionales, que son autoridades políticas. Ni los consejos municipales porque no tienen tierras legales, sino que son comunales y son parte de la vida y existencia indígena”, afirmó el legislador, quien evadió responder el cómo y cuándo realizar su propuesta, tomando en cuenta la prisa del régimen orteguista por aprobar esta normativa de semejante envergadura, cuyo proceso de consulta relámpago duró dos días.
Rivera también subrayó que de aprobarse esta ley (posiblemente el jueves) se violaría el convenio 169 de la OIT Sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, ratificado por Nicaragua en 2008.
Si bien la resolución del Consejo de la RAAS fue firmada por su presidenta, Vernardine Lorna López Stephe, ella no se presentó a la consulta. En su lugar, llegó el secretario Mario Dacosta Holmes, quien literalmente se corrió de los medios de comunicación para no brindar declaraciones.
A contrapelo de lo declarado por Rivera, la presidenta de la comisión, la parlamentaria Jenny Martínez, dijo que en el dictamen incluyeron todas las recomendaciones hechas por diferentes sectores.
“En el dictamen están todos los aportes presentados tanto por el Cosep (Consejo Superior de la Empresa Privada) y Amcham (Cámara de Comercio Americana de Nicaragua), así como de las instituciones gubernamentales y los consejos regionales”, afirmó la legisladora. No obstante, Martínez esquivó emitir algún juicio por los señalamientos de su compañero de bancada.
Rivera agregó que “las comunidades están de acuerdo con el proyecto. Lo que pasa es que no puede estar en contra de sus derechos”.
Parte de los derechos a los que hace alusión el diputado, están consignados en la ley 445. Dicha normativa establece que cualquier construcción en la Costa Atlántica de Nicaragua tiene que ser aprobada por los pueblos indígenas en cada comunidad en su asamblea, para que el Gobierno municipal y el gobierno regional aprueben alguna concesión.
“La ley (del canal) es fuerte. Deroga varias disposiciones legales, inclusive la ley 800 (Ley del Régimen Jurídico del Gran Canal Interoceánico de Nicaragua y de Creación de la Autoridad del Gran Canal Interoceánico de Nicaragua). Habría que analizar a fondo también cómo incide la ley 445”, reconoció Rivera.
“Hay que tomar medidas en el orden ambiental, cultural y social para los impactos que va a producir este proyecto no sean irreversibles. Es lo que urge en este caso (…) Y si no toman las medidas de protección, van acabar con las comunidades indígenas”, alertó el diputado.
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Fuente: El Confidencial: http://www.confidencial.com.ni/articulo/12239/quot-concesion-del-gran-canal-viola-derechos-indigenas-quot
Infografía: La Semana.com