- Abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL) desvirtúa detención en Chiclayo de nuevo presunto implicado.

Servindi, 6 de mayo, 2013.- Las legisladoras Verónika Mendoza y Esther Saavedra, así como los representantes de la sociedad civil e invitados a una mesa de trabajo en el Congreso, coincidieron en demandar la libertad de Danny López Shawit, Feliciano Cahuasa Rolin y Asterio Pujupat Wachapea, acusados por los hechos del denominado Baguazo en junio de 2009.

Fermín Rodríguez Campoamor, padre de Chiriaco, en Bagua, y quien encabeza desde hace más de dos meses una campaña en Lima para lograr la libertad de los tres amazónicos, advirtió de la desaparición, ya desde hace varios meses, de Medalí, una de las menores hijas de Asterio Pujupat.

Juan José Quispe, abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL), que patrocina a otros tres acusados por los hechos de Bagua, cuestionó la reciente detención de Juan Cruz Cotrina en Chiclayo, por el delito de homicidio en agravio del mayor de la Policía Felipe Bazán.

Según indica el abogado de IDL, la detención de Cruz Cotrina se da a raíz de que en julio del año pasado se amplió a un tercer presunto autor de la muerte del mayor PNP Felipe Bazán.

Párroco Fermín Rodríguez Campoamor sostiene página de "Una herida abierta ¡Libertad para los tres presos del Baguazo!"

“Ya no es Asterio Pujupat ni Feliciano Cahuasa, ahora es Juan Cruz Cotrina, una persona que tiene un problema de toxicología muy grave y que el año 2009 fue procesado como mototaxista y su caso fue sobreseído porque no se encontró ninguna participación en su contra”, aseveró el abogado.

Cabe recordar que tras los sucesos del 5 de junio de 2009, se instauran una serie de procesos contra miembros de comunidades indígenas y mestizos por los hechos en la Curva del diablo, la Estación 6, la desaparición del mayor Felipe Bazán, entre otros, y en contra de nueve mototaxistas.

Sospechosa desaparición

Según Quispe Capacyachi, existe una declaración “extraña” del señor Cotrina, “sin fiscal, sin abogado, en la comisaría de Bagua Grande en la que él se autoinculpa de la muerte del mayor Bazán”.

En esta declaración, explicó el abogado de IDL, Cruz Cotrina precisó que tras hallar herido en la pierna al policía, en la Curva del diablo, procedió a dispararle seis balazos y que luego una turba tomó sus cosas y lo arrojaron al río.

Abogado Juan José Quispe del Instituto de Defensa Legal (IDL)

Al respeto, Quispe Capacyachi sostuvo que esta explicación no es creíble.

“En la foto (la última donde se ve al policía) se ve al señor Asterio Pujupat bajando del cerro de la Curva del diablo con el mayor Bazán, cómo se puede creer la versión del señor Cotrina que dice que lo mató en la Curva del diablo”, advirtió.

Finalmente, el abogado indicó que existe una declaración ampliatoria en la que Cruz Cotrina, ya acompañado de fiscales, se retracta y afirma que su primera versión la dio para llamar la atención de su esposa que trabaja en el Poder Judicial de Bagua Grande y con la que se había enemistado.

El abogado lamentó que no se tenga mayor información sobre en manos de quién se encuentra esta segunda declaración.

Piden ubicar a hija de Asterio Pujupat

En su intervención, Fermín Rodríguez Campoamor, párroco de Chiriaco, culpó a la Sala Penal de Bagua de la situación en la que hoy viven los tres nativos acusados de los hechos de Bagua y sus familias, y pidió a los presentes se investigue el paradero de la pequeña Medalí.

Al respecto, Daniel Sánchez Velasquez, jefe del Programa de Pueblos Indígenas de la Defensoría del Pueblo, se prestó a cruzar información con el párroco para trabajar en la ubicación de la menor de edad, desaparecida, según este último, hace varios meses.

Parlamentaria Esther Saavedra Vela

Rosa Marina García Munive, representante del Parlamento Mundial para la Seguridad y la Paz, sostuvo sobre los nativos encarcelados, que no se puede sobrecriminalizar conductas a través de una acusación fiscal en la cual no existen medios probatorios.

También se hizo presente en la mesa Alberto Pizango, presidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), quien pidió se respete el debido proceso para sus hermanos acusados.

La parlamentaria Esther Saavedra, cuyo despacho organizó el encuentro desarrollado en el Congreso, reafirmó su compromiso de continuar en la lucha por conseguir la libertad de los tres nativos.

Por su parte la congresista Verónika Mendoza hizo lo propio y pidió se cumpla con la Ley de Consulta Previa, como mecanismo de democracia y participación de los pobladores indígenas en la toma de decisiones para el futuro de sus familias y lugar donde viven.

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