Servindi, 3 de abril, 2013.- El Centro de Derechos Económicos y Sociales (CDES) y su Observatorio de Derechos Colectivos pidió respetar el derecho a la autodeterminación y al territorio del pueblo Taromenane, en condición de aislamiento voluntario, y expresó su más rotundo rechazo al contacto como solución.

El contacto traduciría la irresponsabilidad del Estado ecuatoriano para afrontar el problema y esto solo conllevará incrementar la presión sobre los aislados y por lo tanto más muertes y enfrentamientos, indicaron.

El CDES y el Observatorio propusieron algunas medidas concretas y factibles para manejar la situación como la acontecida el 5 de marzo en Yarentaro, donde un desafortunado encuentro entre Waorani y Taromenanes tuvo el saldo de dos ancianos Waorani fallecidos por herida de lanza.

Boguenei, la anciana fallecida poco antes de morir expresó que los propios aislados le explicaron que la causa del ataque es por que sienten acorralados por amenazas externas y sienten en peligro su supervivencia.

Entre las propuestas del CDES y el Observatorio se encuentra el desaparecer de inmediato los generadores de energía de las petroleras que espantan a los animales perjudicando la actividad tradicional de caza.

La lejanía de los animales obliga a los aislados a trasladarse entrando en conflicto con pobladores de otras zonas.

Los generadores pueden sustituirse por cableado, tratando de no afectar zonas sensibles, indican las instituciones.

También debe detenerse la entrega de licencias para nuevas actividades petroleras (exploración, sísmicas, pozos, etc.), para tala de bosques o  cualquier obra de infraestructura.

Asimismo, se debe detener la titulación de propiedades de tierras en zonas de influencia de indígenas aislados, pues implica un incentivo para el cambio de uso del suelo, afectando directamente a los ecosistemas en los que viven estos pueblos.

El Estado ecuatoriano debe promover alternativas económicas para reducir actividades como la tala ilegal y la expansión de frontera agrícola.

Finalmente, recalcan la necesidad de tener en el imaginario colectivo el derecho a la autodeterminación y en consecuencia respetar la opción del aislamiento y que sería violado mediante un contacto forzado.

A conintuación el comunicado completo del CDES:

El peligro de tener la vida en peligro. Pronunciamiento del CDES por matanza de aislados Taromenane

Quito, 2 de abril de 2013

Ha vuelto a suceder: la vida de los indígenas aislados, los más vulnerados dentro de una región históricamente vulnerada y abandonada, ha vuelto a existir para el imaginario ecuatoriano y del mundo. Una vez más volvemos a darnos cuenta de que existen a través de sus muertes. Eso nos hace preguntarnos: ¿Es la Vida de estos Pueblos realmente valorada, respetada y garantizada por el Estado, que por una parte les reconoce, pero por otra es incapaz de implementar las políticas de protección que hubieran impedido más muertes?

El Ministerio de Justicia anunciaba a través de su cuenta de Twitter lo siguiente: “Se confirma ataque de #waoranis a miembros de #pueblosaislados, se desconoce el número de víctimas y lugar exacto del siniestro". Desconocíamos más datos concretos y contrastados sobre lo sucedido, pero desde el Centro de Derechos Económicos y Sociales sí sabíamos -y sabemos- que esta compleja situación necesita respuestas responsables y comprometidas que pongan como eje central, por encima de todo, la vida de las personas afectadas por este conflicto.

Recordamos que esta posible matanza responde a lo acontecido hace apenas un mes, el día 5 de marzo, en Yarentaro. Un desafortunado encuentro entre Waorani e indígenas aislados Taromenane se saldó con la vida de 2 ancianos Wao. Boguenei, la anciana fallecida, antes de morir expresó lo que los propios Aislados le explicaron sobre las causas de ese ataque con lanzas: encuentran su supervivencia acorralada por amenazas externas como las petroleras y los subsiguientes efectos de éstas, los madereros, o el aumento demográfico que demanda el uso de los limitados recursos de la tierra.

¿Quién es responsable de este conflicto que terminó en muerte y al que, por lo tanto, se ha de exigir respuestas responsables? Tanto Waorani como indígenas aislados no son sino víctimas del abandono histórico del Estado y de un conflicto interno cuyas raíces se asientan y se nutren de las presiones externas. Dichas presiones, en un Estado de Derecho, han de ser resueltas por las Autoridades competentes en base a los Planes y Reglamentos ya existentes para la protección de la vida de los Aislados y, por ende, del resto de habitantes de la zona. Es al Gobierno a quien le corresponde disminuir las presiones y evitar que el conflicto interno estalle, como ha sucedido, de manera violenta. Pero ¿Cómo actuar cuando sentimos a un Estado que no ha sido capaz de operativizar la prevención del conflicto ni la protección ni garantía de los Derechos de estos Pueblos?

¿Para comprender este vacío de políticas responsables tenemos que hablar de indiferencia, de negligencia o de intereses encontrados? Nos planteamos si no estaremos ante la preferencia del Gobierno por los planes extractivistas del Ministerio de Recursos No Renovables, y su interés económico estratégico, frente al peso que deberían tener los Derechos de las Personas. Tal vez tenga esta jerarquía que ver, precisamente, con las más que tibias soluciones que se ha asomado a sugerir el Estado ante los hechos del pasado 5 de marzo, medidas que recuerdan ostensiblemente a las políticas asistencialistas de compensación que vienen ejecutando históricamente las empresas petroleras. Distintos tiempos, distintos actores, pero una misma política de “remiendo con parche”, en el mismo territorio marginal donde viven los mismos olvidados de siempre.

Conmocionados por la noticia, desde el Centro de Derechos Económicos y Sociales, y en especial desde su Observatorio de Derechos Colectivos, queremos expresar nuestro máximo rechazo a cualquier solución simplista que implique poner en riesgo la vida de más personas, tanto de los Indígenas Aislados como de las comunidades Waorani o los colonos.

La situación crítica actual no justifica de ningún modo que el Estado u otros actores promuevan o permitan procesos de contacto de ningún carácter. Expresamos el más rotundo rechazo al contacto. Esta solución es sumamente injusta y sería la traducción de la irresponsabilidad del Estado, que lleva años sin afrontar, reconocer, ni prevenir el problema. Además, necesitamos ser conscientes de que hablar de contacto no implicaría sino más presión sobre los Aislados y, por lo tanto, más muertes (en enfrentamientos así como las ocasionadas de manera masiva a causa de enfermedades transmitidas por la sociedad envolvente, ante las cuales sus posibilidades de sobrevivencia serían mínimas).

Afirmamos contundentemente que sí se puede afrontar esta ardua situación a través de medidas concretas, realistas y factibles:

- La inmediata desaparición de los generadores de energía de las petroleras y la sustitución de éstos por cableado y la reubicación a una distancia adecuada del territorio de los aislados. El uso de estos generadores en zonas sensibles no es sino un reflejo de la reducción de costos que realizan estas empresas en detrimento del entorno y sus habitantes, en este caso los indígenas aislados, pues su sonido espanta la caza y, por lo tanto, su alimento. La falta de sustento es una de las causas que hacen que estos pueblos nómadas se trasladen a otros territorios, entrando en conflicto con pobladores de otras zonas.

- Ejecutar una moratoria de entrega de licencias para nuevas actividades petroleras (exploración, sísmicas, pozos, etc.), para tala de bosques, o para cualquier obra de infraestructura.

- Detener la titulación de propiedades de tierras en zonas de influencia de indígenas aislados, pues implica un incentivo para el avance de un grave cambio del uso del suelo, afectando directamente al ecosistema de estos pueblos.

- La necesidad de pensar en planes para el retroceso de actividades externas (cultivos, viviendas, zonas de caza), una vez solventadas las anteriores propuestas.

- Es esencial la intervención para el mejoramiento de las condiciones de vida de la población local. En ese sentido, una de las claves está en la creación de alternativas económicas dirigidas a minimizar actividades como la tala ilegal y la expansión de la frontera agrícola.

Es urgente por parte de todos, sociedad civil, organizaciones sociales, no gubernamentales y Estado, preguntarse, desde la honestidad, por qué estas 5 propuestas son o no oportunas. Es imprescindible para pensar cualquier solución no obviar los Derechos Humanos – Individuales y Colectivos- ni toda su concreción a través de diferentes herramientas, directrices, reglamentos, normativas y planes -nacionales e internacionales- ya existentes para la protección de los Pueblos Indígenas en Situación de Aislamiento.

También es básico tener en el imaginario colectivo tanto el Derecho a la Autodeterminación (el aislamiento es su opción y el contacto forzado violaría este derecho), como el Derecho al Territorio (clave como sustento de la vida). Así mismo, es imperante que establezcamos un debate abierto y responsable sobre lo ocurrido: hacemos un llamado a la sociedad ecuatoriana para asumirlo desde toda su complejidad para intentar resolver el conflicto, algo que sucederá probablemente a medio-largo plazo pero que ha de ser tomando en cuenta, de manera responsable, desde este mismo instante, antes de que la supervivencia, contradictoriamente, se siga convirtiendo en muerte.

Los indígenas aislados han sido y siguen siendo despojados de su territorio. Desde el CDES y su Observatorio de Derechos Colectivos, lanzamos una señal de alerta hacia todos y todas para que los Pueblos en Situación de Aislamiento no sean también despojados de su Derecho a Vivir Aislados, ni de lo único que les queda: su Derecho a la Vida.

No somos Waorani. Ni somos indígenas aislados. Pero todas estas muertes que se vienen dando y se darán si no se asumen responsabilidades, también a nosotros nos matan.

Centro de Derechos Económicos y Sociales (CDES)

Observatorio de Derechos Colectivos