Servindi, 24 de marzo, 2013.-Mediante un carta dirigida al presidente Sebastián Piñera la mesa ejecutiva de la entidad Pueblos Originarios Unidos (POU) solicita al gobierno mejorar los mecanismos de consulta con el fin de lograr un mejor proceso.

Indican que el ministro Joaquín Lavín y el asesor presidencial Matías Abogabir organizaron "un simulacro de mecanismo de consulta sobre la consulta, dejando sin participación alguna a amplios territorios indígenas".

Observan que este tipo de prácticas muestran al gobierno "como un vulnerador de derechos indígenas" que reproduce "las mismas nefastas prácticas de gobiernos anteriores".

En tal sentido piden que el gobierno rectifique el rumbo y que frene la "operación mutiladora" que amenaza a los pueblos originarios.

Detallan que POU nació durante el Encuentro Nacional Indígena de los días 30 de noviembre, 1 y 2 de diciembre de 2012, organizado por el Ministerio de Desarrollo Social (MDS), para la Consulta sobre la Consulta.

Asimismo, que constituyen un órgano supervigilante de los procesos de consulta y no se definen como un sujeto de consulta, pues no pretenden usurpar la voluntad y soberanía de las comunidades y territorios indígenas.

A continuación la carta diriga al presidente:

Carta dirigida al Presidente

Sr. Sebastián Piñera Echeñique

Presidente de la República de Chile

Presente

De nuestra consideración:

Nos dirigimos respetuosamente a Ud. para denunciar la conducta del Ministro de Desarrollo Social Joaquín Lavín Infante, y de Matías Abogabir, Asesor Presidencial Indígena, conductas por lo demás, relativas a la Mesa Nacional de Consulta Indígena.

Somos PUEBLOS ORIGINARIOS UNIDOS (POU), una orgánica indígena nacional, a la cual están ligadas más de 100 organizaciones desde Arica hasta Chiloé, la que nace durante el Encuentro Nacional Indígena de los días 30 de noviembre, 1 y 2 de diciembre de 2012, organizado por el Ministerio de Desarrollo Social (MDS), para la Consulta sobre la Consulta, como una reacción a la deficiente labor de Marcial Colín, Matías Abogabir y Joaquín Lavin, para organizar y desarrollar dicho evento.

Como es sabido, la consulta indígena es un mecanismo de diálogo, de negociación entre los indígenas y el Estado cuando éste pretenda dictar una norma, cualquiera sea y que afecte o sea susceptible de afectar los derechos e intereses de los pueblos indígenas. El mecanismo de consulta se aplica a tierras indígenas, medio ambiente, educación, salud, y todos los derechos que se nos reconocen en leyes y tratados. La consulta es un puente hacia el cumplimiento efectivo de nuestros derechos. Mutilar o destruir ese puente nos aleja de los derechos, amenaza y augura nuestra extinción, y genera políticas indígenas ineficientes, sin pertinencia y racistas, situación que ha venido ocurriendo en Chile desde los inicios de la República.

Es del caso que el día 30 de noviembre, nos percatamos que la mayoría de los hermanos asistentes al Encuentro Nacional ni siquiera habían revisado, leído o bien se les había explicado el complejo contenido de la "propuesta de gobierno" acerca de la Consulta Indígena, la cual fue objetada en numerosos artículos por el Relator sobre Derechos de los Pueblos Indígenas de Naciones Unidas, Sr. James Anaya, en un informe hecho público el día 29 de noviembre, por vulnerar los estándares del Convenio 169, objeciones motivadas por el envío de esta propuesta por el mismo gobierno de Chile al Relator, y por una denuncia internacional de la Alianza Autónoma de Pueblos Indígenas. Los únicos indígenas que fueron asesorados para ese proceso fueron los de la Región Metropolitana, quienes leyeron y analizaron la propuesta de gobierno, y llegaron con profundos cuestionamientos a la misma.

Acontece que desde nuestros inicios como POU, nos constituimos como un órgano supervigilante de los procesos de consulta con el gobierno. No nos definimos como un sujeto de consulta, pues no podemos usurpar la voluntad y soberanía de las comunidades y territorios indígenas. No somos quienes para amordazar la voz de nuestros propios hermanos. Sin perjuicio de lo anterior, participamos del proceso en el entendido que podríamos generar procesos de consulta en los territorios, y debatir el mejor texto junto a otros indígenas en la Mesa Nacional a celebrarse durante marzo.

En ese entendido, después del 30 de noviembre, pudimos reunirnos el 19 y 20 de enero, cerca de 50 delegados nacionales, a lo cual hay que señalar que esta reunión fue malamente financiada por el gobierno, pues con mucha dificultad logramos cubrir pasajes, pero no alojamientos ni alimentación, mientras que las orgánicas que trabajaron afines al gobierno recibieron un amplio financiamiento que incluyó traslado, hoteles, y alimentación, lo que además dejó de manifiesto un claro interés del gobierno por privilegiar a quienes trabajaron de acuerdo con su propuesta, en perjuicio de quienes hemos trabajado una propuesta con mayor autonomía y acorde a los estándares internacionales. En esta reunión, POU acordó recabar los presupuestos de los procesos de consulta durante febrero y marzo.

Sin embargo, acontece que febrero es una pésima fecha para comunicarse y organizar territorios indígenas, pues los pueblos tienen distintas actividades y sus propias dinámicas. En la región de Tarapacá hubo 2 Tambos Andinos en Iquique que concentran a los artesanos y cocineros indígenas de todos los pueblos, más los carnavales de cada pueblo, aparte que en ese mes ejercen sus actividades económicas de turismo, gastronomía, etc.

Paralelamente, en Arica se celebraron los carnavales, después del Inti Chámampi (Carnaval con la Fuerza del Sol de Arica, donde bailan las comunidades) y hubo lluvias del invierno altiplánico que impidieron la comunicación con los pueblos. En territorio likan antai, hubo también lluvias torrenciales y por ejemplo San Pedro de Atacama estuvo aislado.

En el sur hubo ceremonias (Ñguillatun) y otros factores que impidieron la buena comunicación, como el encarcelamiento de dos Autoridades Tradicionales en la región de Los Ríos.

Al final, los únicos que pudieron realizar consultas es el grupo minoritario del Consejero indígena Marcial Colín, quien actúa en acuerdo con Matías Abogabir y el Ministro Lavín y que se encuentra ultrafinanciado, además de la Mesa Regional Metropolitana, de la cual muchos de cuyos hermanos no pudieron viajar a sus territorios de origen durante vacaciones, lo que facilito el trabajo y comunicación con éstos.

El proceso encabezado por Zenón Alarcón, Consejero aymara en CONADI, aún no culmina en una propuesta completa. Tampoco el realizado por la Consejera mapuche Ana Llao, por lo que en la Mesa Nacional de Consulta se debaten en este instante sólo las propuestas de Marcial Colín, de la Mesa Metropolitana, y de Rafael Tuki.

A ello se suma que durante febrero, algunos hermanos preguntaron en sus regiones (en las CONADI regionales y PIDI respectivos) sobre el financiamiento de los procesos de consulta, para contratar asesores como se desprende del Convenio 169 de la OIT y los pronunciamientos del Relator James Anaya, contratar lugares de encuentro, traslado y alimentación, en definitiva, para hacer viables estos procesos, sin embargo en la mayoría de los casos se les señaló que sólo se financiaría a quienes debatieran sobre la base de la propuesta de Marcial Colín, lo que prueba una desigualdad inaceptable y una grave discriminación respecto de otras orgánicas que se encuentran realizando similares procesos, como nosotros.

El 13 de marzo, mediante un comunicado de prensa, nos enteramos que el Ministro Lavín anunció que la Mesa Nacional se reuniría desde el 12 de marzo y sólo por un mes, producto de lo cual, se entendería como nula cualquier posibilidad de que amplios territorios indígenas puedan realizar de manera suficiente sus procesos de consulta. Esta imposición viola todos los anuncios del gobierno, pues malamente podemos decir que el mecanismo de consulta sobre la consulta fue al menos consensuado, sino que fue hecho sobre la marcha, por acuerdos políticos donde nuevamente los indígenas miramos pero jamás hemos sido protagonistas.

Al final, el mecanismo de consulta sobre la consulta utilizado por el gobierno mediante la propuesta trabajada por Marcial Colín en acuerdo con el Ministerio de Planificación social, impide la consulta y participación de amplios territorios indígenas, los que simplemente no se han tomado en cuenta. No es un mecanismo de participación, sino que es un mecanismo para evitar esa participación, y que una minoría pauteada políticamente decida el destino de los pueblos indígenas. No hay plazos suficientes para realizar las consultas. Para la Ley Indígena, la consulta demoró tres a cuatro años. Y para esta consulta, que es de mayor y vital importancia por tratarse de un mecanismo amplio de consulta ¿va a durar un mes?. Lo anterior es ilógico y carente de toda racionalidad e insulta la inteligencia de cualquiera que entiende medianamente estos procesos. Los territorios que quieran hacer consultas, pueden hacerlo, pero deben saber que los resultados de sus procesos llegarán tarde y serán mal discutidos, pues por lo que vemos, está todo “cocinado”.

Peor aún, en el esfuerzo de derogar el Decreto 124 de la ex Presidenta Bachelet, ahora Matías Abogabir aparece con la idea de regular la consulta mediante una ley, y es sabido que en el Congreso no tenemos los votos suficientes para lograr que la consulta indígena chilena sea fiel al texto del Convenio 169 de la OIT y los tratados internacionales de DDHH de los pueblos indígenas. ¿Qué sabe el Congreso de consulta si ni siquiera consultó la ley de pesca y la ampliación de decreto ley 701 de Fomento Forestal? El Tribunal Constitucional ya señaló que la consulta es autoejecutable, que el Convenio 169 es ley, y que no requiere de otra ley para ser regulado. Existen ONG's y plataformas académicas que para ganarse fondos internacionales promueven esta idea, la que rechazamos por ilegal y nefasta para los pueblos.

Sr. Presidente, lamentamos tener que acusar ante Ud. a su Ministro Joaquín Lavín y a su Asesor Presidencial Matías Abogabir, que han organizado un simulacro de mecanismo de consulta sobre la consulta, dejando sin participación alguna a amplios territorios indígenas. Lamentamos que sus subalternos estén dejando a este gobierno como un vulnerador de derechos indígenas, y que en definitiva veamos hoy las mismas nefastas prácticas de gobiernos anteriores, que han ocasionado en el pasado y lo siguen ocasionando hoy, graves situaciones de atropellos y conflictos que no se saben en qué terminarán.

Por lo mismo, le pedimos que su gobierno rectifique el rumbo, que ejerza su liderazgo, que ponga orden, ante esta operación mutiladora que amenaza nuestra existencia. Sin consulta eficiente, ¿cómo mejorar la política de tierras, cómo evitar el robo de nuestras aguas, cómo modificar la educación intercultural, tener un sistema de salud indígena real, modificar las políticas del SAG, de INDAP, cómo proteger nuestras semillas amenazadas por las transnacionales, cómo debatir bien los proyectos de ley? Es su responsabilidad resguardar los derechos de las personas y los pueblos, incluidos los indígenas.

Junto con ello, cumplimos con señalarle que nos declaramos en libertad de acción para cuestionar esta Mesa Nacional y todos sus resultados, y ejercer nuestro legítimo derecho a la movilización para detener la agresión contra nuestra existencia y el bienestar de nuestros territorios.

Sin otro particular, nos despedimos atentamente.

Mesa Ejecutiva de Pueblos Originarios Unidos (POU)

Ariel León Bacián

Francisco Vera Millaquén

Gonzalo Peña Ávila