Delegados indígenas y de la sociedad civil en la audiencia de la CIDH

- Jefe de Estado de Bolivia responde a criticas por consulta de "mala fe" en el TIPNIS. Oeneges temen represalias y cese de licencias.

Servindi, 19 de marzo, 2013.- Duras críticas recibió la amenaza del presidente Evo Morales de retirarse del Sistema Interamericano de Derechos Humanos por parte de organizaciones de derechos humanos de su país. Yolanda Herrera, presidente de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB), afirmó que tal decisión crearía indefensión en la población.

Herrera aseguró que Bolivia tiene unas cincuenta denuncias ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la mayoría por hechos ocurridos durante la dictadura.

También están pendientes las denuncias correspondientes a la consulta y represión de Chaparina, ambas en el marco del conflicto por la carretera del TIPNIS, las cuales quedarían sin tratamiento de proceder la amenaza del mandatario.

La amenaza de Evo Morales

Evo Morales, afirmó el lunes 18 de marzo que está “pensando seriamente” retirarse de la CIDH, pues considera que responde a los intereses de Estados.

"Yo considero a la CIDH como otra base militar (de EE UU), insinúan, tratan de juzgar a países, ¿qué aportan?", señaló Morales y cuestionó que la organización esté emplazada en Estados Unidos, país que “no ha ratificado ningún acuerdo de defensa de los derechos humanos".

Morales afirmó tal intención luego de haber sido consultado sobre las demandas de los pueblos indígenas del Territorio Indígena - Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) que recibió la CIDH en una audiencia celebrado el viernes 15 de marzo.

La denuncia del TIPNIS

El 15 de marzo líderes indígenas denunciaron ante la CIDH que la consulta sobre la proyectada carretera en el TIPNIS no fue hecha "de buena fe” y no se ajusta a los estándares internacionales y legislación nacional para la consulta.

Los dirigentes Fernando Vargas, de la Subcentral del TIPNIS y Adolfo Chávez, de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (Cidob) se enfrentaron, en la audiencia, con autoridades del Gobierno boliviano, como el Ministro de Gobierno, Carlos Romero, e indígenas de algunas comunidades del parque.

Por invitación del Gobierno de Bolivia, acompañaron al Ministro los indígenas Melva Hurtado, Pedro Moye, Gumercindo Pradel y Carlos Fabricano, quienes afirmaron que no se presentaron “para defender al Estado”, sino, para hacer frente a Chávez, a quien acusan de imponerse como dirigente y de “no hacer caso al pueblo”.

Vargas y Chávez sostuvieron que la consulta promovida por el Gobierno "no tuvo que ver con el proyecto vial, ni sobre sus posibles impactos". Asimismo, observaron la ausencia de mecanismos de coordinación entre el Estado boliviano y las organizaciones representativas indígenas, cuestionamientos que no habrían sido absueltos por los representantes del Estado.

Por su parte, el Ministro Romero, indicó que no existe hasta la actualidad “licencia final”, ni contrato para la polémica obra.

Según el embajador de Bolivia ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Diego Pary, no existe hasta la actualidad una “decisión final”, puesto que el Gobierno se encuentra revisando un informe sobre la consulta elaborado por el Tribunal Supremo Electoral.

Al respecto, los dirigentes opositores a la carretera replicaron que existen contratos firmados hace cuatro años antes de haberse llevado a cabo la consulta y que ésta no ha sido “informada” ni “libre”. Más bien, se denunció la entrega de regalos a las comunidades para que la acepten.

Pidieron a la CIDH visitar a las comunidades del TIPNIS, a fin que elaboren un informe sobre el cumplimiento de los derechos que habrían sido afectados en la consulta oficial sobre la construcción de la carretera.

También exigieron que el Estado Boliviano presente un amplio informe sobre los violentos hechos de San Miguel de Chaparina, donde unos 500 policías atacaron el campamento de la marcha de protesta contra la proyectada vía y dejaron varios heridos.

Amenaza a las ONG

El clima político se enrareció aún más cuando sectores vinculados a las organizaciones no gubernamentales (ONG) expresaron su temor de que la ley para la otorgación de personerías jurídicas –aprobada el 5 de febrero-, esté dirigida a cerrarlas como represalia por su apoyo a las agrupaciones opuestas a la construcción de la vía del TIPNIS.

El artículo 14 de la mencionada ley dispone la revocatoria de la personalidad jurídica cuando se realicen “actividades distintas a las finalidades señaladas en sus estatutos”. En este caso, la norma establece el retiro de licencias sin proceso previo.

Ante esa posibilidad, las organizaciones no gubernamentales anunciaron que propondrán un reglamento que evite suspensiones arbitrarias de sus licencias.

Cabe recordar que el gobierno de Evo Morales acusó de “conspiración” a una serie de ONG que participaron en la resistencia a la construcción de la carretera a través del parque Isiboro Sécure.