La información da cuenta que el crimen, en el que resultó herida su esposa Lucía, ocurrió en la carretera Tokuko a las 7:00 p.m. del domingo.

Según Ernesto Villegas, ministro de Comunicación e Información, se han puesto en marcha las investigaciones para esclarecer el atentado.

"La investigación está en marcha (...) No podemos adelantar hipótesis respecto a este hecho condenable y repudiable desde todo punto de vista, pero en general coloca sobre el tapete la lucha por una justa distribución de la tierra", indicó la autoridad a un programa de televisión nacional.

Constante criminalización

A través de un comunicado, el Programa Venezolano de Educación y Acción en Derechos Humanos (Provea) acusó al Gobierno de haber realizado una “constante criminalización” contra el dirigente “debido a su movilización en defensa de los derechos del pueblo yukpa”.

Provea señaló que Sabino fue encarcelado durante 18 meses y era “permanentemente hostigado” por efectivos policiales.

Asimismo, denunció que organizaciones que colaboran con la lucha del pueblo Yukpa, como la organización Homo et Natura, han sufrido campañas de desprestigio “a través de medios estatales”, indica el pronunciamiento.

En el documento, la organización demanda un investigación “expedita y transparente” para determinar la autoría intelectual y material del asesinato.

Provea indicó que durante 2012 seis indígenas han sido asesinados mediante la modalidad del “sicariato”.

Denuncian  complicidad de organismo estatal

De acuerdo a Lusby Portillo, coordinador de la Sociedad Homo et Natura, Romero fue asesinado por su lucha en defensa de las tierras de su pueblo y señaló que el dirigente había recibido veinte amenazas de muerte.

Asimismo, exigió que se separe al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) de la invesigación, pues, aseguró, sería cómplice del asesinato.

Castillo demandó que se solucione el problema de distribución de tierras para los Yukpas asentados en la Sierra del Perijá a fin de evitar más muertos.