Maquinaria detectada el domingo 27 de enero en montes del patrimonio indígena

Servindi, 31 de enero, 2013.- Mayúscula sorpresa se llevaron indígenas del pueblo Ayoreo Totobiegosode cuando el domingo 27 de enero encontraron maquinaria pesada para el desmonte y apertura de picadas recorriendo sus tierras, que le fueron restituidas y tituladas en 1997.

En el lugar se supo que los operarios de las maquinarias respondían a Carlos Martínez, quien a su vez fue contratado por Wildo Gonzalez y Rodrigo Fernando Villagra Martínez, quienes son conocidos por establecer una disputa judicial sobre el terreno de los Ayoreo Totobiegosode.

Ellos alegan que la finca colindante ex Ioannidis se extiende sobre la propiedad indígena a pesar que el patrimonio territorial indígena fue titulado por el Instituto de Bienestar Rural (IBR, actual INDERT) en 1997.

El 27 de agosto de ese año Hugo Halley Merlo, titular del IBR, llegó hasta el lugar para entregar a los representantes indígenas el título de la Finca N°  16.981 -hoy Matrícula N° 236-, propiedad fiscal, reclamada jurídicamente desde inicios de los años noventa.

De esa manera se concretó un largo anhelo de los Ayoreo Totobiegosode para resguardar parte de sus tierras y bosques tradicionales. Desde entonces los recursos de la zona han sido protegidos en todos estos años, impidiéndose el ingreso de extraños por ser una zona de refugio para sus parientes en condición de aislamiento.

La aparición en tiempos recientes de los Gonzalez y Villagra Martínez crea una gran zozobra en las comunidades Totobiegosode pues ellos arguyen ser propietarios de gran parte de las tierras tituladas a los indígenas, según afirman por haberlas adquirido a la señora Josepha Eder de Ioannidis.

Derechos ancestrales y mensuras inscritas vs Impericias jurídicas y tierras malhabidas

La asociación Gente, Ambiente y Territorio (GAT) sostiene que los títulos alegados por Gonzalez y Villagra Martinez, de unas 24.000 ha, no sólo afrentan los derechos de posesión ancestral y actual de los Ayoreo Totobiegosode sino que tienen origen estrictamente espurio.

Como bien se indica en el informe final de la Comisión Verdad y Justicia, Tomo IV (2008; pp.125 y 197), los títulos que actualmente se intentan imponer sobre dominio legal indígena se registran como “adjudicados” a Josepha Eder de Ioannidis en abierta violación a disposiciones del Estatuto Agrario de 1963 (Ley N° 854).

La referida norma establecía, entre otras disposiciones infringidas, un máximo de 8.000 ha. para lotes ganaderos en la Región Occidental e igualmente que no podía otorgarse más de un lote a cada beneficiario.

Si bien la Procuraduría General de la República inició investigaciones y trámites desde los años de la administración de Nicanor Duarte Frutos y que culminaron el 2008, no se conocen resultados de la mencionada gestión.

La demanda por nulidad de título se inició con trámites muy lentos hasta la fecha. A esto se le suman los fallos arbitrarios que parecen coadyuvar con el atropello ininterrumpido a las tierras Ayoreo Totobiegosode, indica GAT.

Los indígenas han reclamado ante diferentes instancias públicas la protección de sus bosques y la cautela de sus parientes sin contacto que se refugian en dichas zonas, requiriendo se respeten sus derechos humanos, culturales y ambientales.

La violación a garantías establecidas en la normativa nacional y convenios internacionales ratificados por el Paraguay no encuentran aún respuesta ni sanciones por parte de los poderes y órganos estatales.

Existe mucho temor en la población indígena de que avance el trabajo de las máquinas, el desmonte de sus bosques y se produzca el contacto forzado con las familias en aislamiento, creándose -como antaño- graves escenarios de genocidio.

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Fuente: Con información de Gente, Ambiente y Territorio (GAT): http://www.gat.org.py/v5/index.php?detalle=358&titu=7&sec=40