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Por Blanche Petrich

La Jornada, 17 de enero, 2013.- Jaime Martínez Veloz, ex priísta de cepa colosista, dos veces miembro de la comisión legislativa para la negociación con los zapatistas (Cocopa) en los años 90, asume su nuevo cargo dentro del gobierno de Enrique Peña Nieto como comisionado para el Diálogo con los Pueblos Indígenas como “la decisión más complicada” que le ha tocado asumir en su carrera política, pero como “un riesgo que vale la pena correr”.

Su reto es generar condiciones para reactivar la interlocución con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y hacer realidad el primer acuerdo de las fallidas negociaciones de San Andrés Larráinzar, firmadas en 1997: una ley de cultura y derecho para los pueblos indios.

Reconoce que su punto de partida es un escenario “sin puentes de comunicación” con el EZLN. Disiente de quienes piensan que es a los rebeldes chiapanecos a quienes corresponde dar el primer paso y sentarse “ya” a negociar. Hoy es el turno del Estado, afirma. “Es desde aquí donde se debe dar el primer paso.”

El gobierno, haciendo eco de la descalificación de los acuerdos de San Andrés en su momento, anuló todo ese esfuerzo colectivo que significaron las negociaciones de Larráinzar (de 1995 a 1997). Faltó a su palabra. Creo que hoy es posible que el Estado haga eco de lo que un día se firmó.

Hablar con todos

Sin saber siquiera dónde va a despachar, formando apenas un grupo compacto de colaboradores, Martínez Veloz dedica estos días a hablar y concertar ideas con todo tipo de interlocutores que van desde los partidos políticos, incluido al aún en formación Morena, movimientos sociales, entre ellos el que encabeza Javier Sicilia, y todo un abanico de agrupaciones indígenas, académicos y legisladores, incluyendo a los antiguos integrantes de la extinta Conai (Comisión Nacional de Intermediación), que en su momento encabezó el obispo de San Cristóbal de las Casas, Samuel Ruiz García.

Martínez Veloz, bajacaliforniano, considera que sin la movilización de los zapatistas el 21 de diciembre pasado en Chiapas, “el tema indígena no hubiera vuelto al centro del debate nacional. El EZLN, una organización a la que admiro por su proceder, fue determinante”.

El PRI, que en 1997 faltó a su palabra...

- ¿Quiere decir que es posible que el Congreso actual, con mayoría priísta, apruebe aquella ley que en 1997 fue desdeñada por todos los partidos políticos? ¿Que ahora sí es posible la ley, el acuerdo de derechos y cultura indígena?

Exactamente.

- Pero fue un gobierno priísta, el de Ernesto Zedillo, el que faltó a su palabra. Hoy es otro gobierno priísta, el de Peña Nieto. No son otros, son los mismos personajes.

Es el mismo partido. Hay personalidades que estuvieron en aquel tiempo y que están ahora. Pero hay una diferencia. En 18 años yo hice un esfuerzo para que los funcionarios en el poder escucharan nuestras opiniones en este tema. Yo nunca me alejé de las comunidades, siempre seguí involucrado, atento a sus necesidades.

“Nos escucharon, a veces, sin hacernos caso. Mi presencia molestaba. Omito nombres. Ahora, en cambio, es la primera vez que me manda llamar un secretario de Gobernación. Miguel Ángel Osorio Chong lo hizo el 11 de enero. Pidió mi opinión: dije que tenía que haber acciones unilaterales, que tenía que activarse en la legislatura la Cocopa, como un instrumento importantísimo; que había que darle relevancia a la figura del comisionado... nunca pensé que iba a ser yo. Plantee la necesidad de revisar los procesos para excarcelar a los presos zapatistas Francisco Santiz y Alberto Patishtán y la reposición del proceso legislativo de la ley indígena original.”

- Esta comisión no se denomina para el Diálogo en Chiapas, sino para los Pueblos Indígenas. ¿Quiere decir que también va a abordar otros conflictos en otras regiones, como Ostula y Cherán, en Michoacán; Atenco, en el estado de México; las comunidades de la Costa Chica de Guerrero y la seguridad nacional; el Istmo o los triquis en Oaxaca; Wirikuta, en San Luis Potosí... tantos otros focos rojos encendidos?

El bajacaliforniano agrega a la lista –incompleta– uno que le resulta más cercano: los pescadores cucapás y responde. Esta comisión reconoce que lo que está pasando en Chiapas tiene  repercusiones de carácter nacional y que no puede haber una nueva relación entre el Estado y los pueblos indígenas sin una nueva ley.

En el fondo... esto no es un problema de cuatro municipios, como muchos lo quisieron ver. Lo que vamos a hacer es un trabajo interinstitucional, intragubernamental, para que las dependencias atiendan los asuntos que les conciernen. Estos compromisos están en el Pacto por México.

La década de expoliación panista

Martínez Veloz llega a la entrevista con varias carpetas y copiosa información sobre lo que ocurrió en la “década perdida”, después de que la clase política desdeñara la ley indígena pactada. “Mentirosamente se dijo que lo que se pretendía era balcanizar al país, que el garantizar que los pueblos indios de México pudieran gozar el uso y disfrute de las riquezas en sus territorios significaba dejarlos que acapararan esos recursos. ¿Y qué ha pasado en la docena gobernada por el PAN?”

Muestra cuadros estadísticos que ilustran que hoy la situación de pobreza y explotación en las comunidades indígenas de todo el país son más extremas que en 1997: “De 2000 a 2010 se le entregaron a las empresas mineras 56 millones de hectáreas, una cuarta parte del país.

Más de lo que se apropió la colonia española en más de 300 años de dominio. De 1521 a 1830, España extrajo del subsuelo mexicano 192 toneladas de oro. De 2000 a 2010, en 10 años del siglo XXI, se extrajo más del doble... 419 toneladas. Más de 70 por ciento de estas empresas son extranjeras. Y la mayor parte de estas compañías mineras están en terrenos indígenas o ejidales.

“Y frente a estos datos, la pobreza en territorios indígenas contrasta brutalmente. Yo pediría, precisamente a quienes denostaron el trabajo realizado por la Cocopa y satanizaron los acuerdos de San Andrés Larráinzar que nos expliquen esta realidad histórica”.

- Es decir, hace 18 años los partidos negaron a las comunidades indígenas una ley que protegiera sus derechos sobre esos recursos. Luego llegó el PAN y se produjo esta enorme expoliación de riquezas en los territorios indígenas que describe. Las corporaciones llegaron, ahí están... y parece ser que para quedarse. ¿Cómo van a cumplir esa ley si hoy la realidad es mucho peor de la que era en 1997?

No estoy en contra de la inversión privada, pero no puede haber un país donde se genere una enorme riqueza y ésta no se quede en una parte proporcional en la nación que se origina.

- Pero para que las trasnacionales accedan a cambiar sus políticas y dejen algo de la riqueza que sacan a los pueblos, ¿qué se necesita? En Bolivia hubo las revoluciones del agua, del gas. En Ecuador hay una nueva constitución, en Venezuela las reivindicaciones bolivarianas. ¿Y aquí?

Aquí tenemos el Pacto por México, donde de manera precisa existe el compromiso de que una nueva ley minera deje beneficios en las comunidades de donde extraen sus riquezas.

- ¿Acaso veremos algún día a los firmantes del pacto confrontando y exigiendo regalías a las mineras canadienses, a los corporativos internacionales, al Grupo México? Inverosímil.

Ese es nuestro dilema. Si seguimos por esta ruta en la que la brecha entre ricos y pobres es cada vez mayor, no va a haber estabilidad, va a haber nuevas confrontaciones. Sólo construyendo mecanismos de equidad y de reparto justo va a haber estabilidad y prosperidad.

Yo confío en que lo que pactaron los tres partidos y el gobierno se va a hacer efectivo. Y es algo que embona con los acuerdos de San Andrés. Hoy sí hay una realidad nacional más grave, más lacerante, pero también hay una serie de consensos que antes no teníamos.

- El capital trasnacional ya entró a los territorios indígenas, ya creó derechos...

Esta ley no está regateando sus concesiones, pero tienen que tributar, pagar por sus concesiones. De 2005 a 2010 tuvieron utilidades por 52 mil millones de pesos. Y de esos solamente quedaron en México 650 millones, 1.18 por ciento. Nada más.

- Justamente. Tendría que ser muy radical el cambio del gobierno para exigir a estos poderes privados un trato menos inequitativo. Y no se ve por dónde...

Pero eso ya está pactado. No es asunto de fe. Existe un compromiso.

- ¿Cree usted que los firmantes del Pacto por México tienen la fuerza, o la voluntad, de poder exigir un reparto de utilidades más justo? Si de eso ni se habla.

Por eso digo que hay que construir el mayor número de consensos para lograrlo.

- ¿Hablando de consensos, ¿las comunidades indígenas, incluyendo al EZLN, serían parte del consenso?

Claro. En la iniciativa de ley se contempla que las comunidades tendrán uso y disfrute de sus riquezas naturales. Esto pasa por el reconocimiento de estos derechos en la Constitución, por una nueva ley minera, por los derechos ejidales. Por sentido común esta brecha tiene que empezar a ser menos grande.

- ¿Cómo espera que el Ejército Zapatista de Liberación Nacional reciba el nombramiento que acaban de darle?

Para mí, el EZLN es una de las organizaciones más emblemáticas, más convincentes en su proceder. Entre lo que más admiro de ellos es cómo se involucran en la actividad política a partir de sus convicciones de la construcción de un nuevo país. Ellos decidirán cómo reaccionan.

- ¿No existe duplicidad de tareas entre esta comisión y la Comisión Nacional para el Desarrollo Indígena que preside Nuvia Mayorga?

Ni chocan ni duplican funciones. Nosotros no tenemos nada que ver con la operación de programas. Tenemos que ver con las posibilidades de generación de acuerdos, de consensos, hacer política para construir las condiciones que permitan reanudar el diálogo. Esa es nuestra ruta.

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Fuente: La Jornada: http://www.jornada.unam.mx/2013/01/16/politica/007n1pol