(Imagen: eltiempo.com.ec)

Servindi, 11 de diciembre, 2012.- La XI Ronda Petrolera, que licitará más de 4 millones de hectáreas de territorios amazónicos del centro y sur de Ecuador, se inició, el pasado 28 de noviembre, en Quito, con una accidentada protesta convocada por las principales organizaciones indígenas del país.

La manifestación fue liderada por la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (CONAIE) y la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonia Ecuatoriana (CONFENIAE), frente al hotel Marriott de Quito, donde se dio inicio a la XI Ronda Petrolera, en el marco de la VII Reunión Anual de Petróleo y Energía.

Las organizaciones indígenas rechazan la licitación porque afirman que fue hecha de manera inconsulta y por los impactos sociales y ambientales que podría tener la actividad la actividad petrolera en sus territorios.

Accidentada protesta

Con un simbólico “derrame de petróleo” en la puerta del hotel Marriott, música, pronunciamientos y roces con la policía, se llevo a cabo una manifestación liderada por CONAIE y CONFENIAE en representación de siete nacionalidades indígenas de Ecuador.

El presidente de CONAIE, Humberto Cholango, afirmó, en la manifestación, que la consulta hecha por el Gobierno a las comunidades es una “falsedad absoluta” y advirtió a los empresarios que “no hay garantías para sus inversiones” y que aquellos que quieran proseguir con la iniciativa petrolera harán frente a la resistencia en sus territorios.

Por su parte, la asambleísta indígena Diana Atamaint, señaló que el accionar del gobierno “afecta los derechos de los pueblos y nacionalidades que vivimos en estos territorios”.

De acuerdo al portal Amazon Watch, los indígenas sobrepasaron la entrada del hotel y fueron repelidos por la policía y elementos de seguridad privada con gas pimienta.

A pesar del incidente, varios líderes indígenas lograron ingresar a la sede del evento y expusieron sus demandas públicamente frente al ministro de Recursos Naturales No Renovables, Wilson Pástor, informó Amazon Watch.

Durante la presentación del Ministro, intervino Franco Viteri Gualinga presidente de CONFENIAE quien tildó de ilegal el proceso de consulta realizado por el Gobierno, puesto que no consideraría el punto de vista negativo de las comunidades hacia la exploración petrolera. Igualmente señaló que la licitación estaría violando la Constitución del país.

Indígenas rechazan licitación

El mismo 28 de noviembre, las organizaciones CONAIE – CONFENIAE emitieron un comunicado exigiendo la suspensión de la Ronda Petrolera.

El documento denuncia que el Estado estaría incumpliendo sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorIDH), cuyo acatamiento es obligatorio para Ecuador.

Igualmente, afirman que son nulas las consultas a las comunidades de las zonas de influencia porque “su reglamentación no contó con la participación de los pueblos, no respetaron sus métodos tradicionales de toma de decisiones, no incluyeron procedimientos culturales adecuados como el idioma”.

Por lo tanto, concluye que las consultas “no son previas, no son libres, no son informadas y se han desarrollado con mala fe”.

“No vale la pena sacrificar un territorio ancestral donde se mantienen los últimos bosques tropicales primarios del hemisferio occidental por una apuesta incierta y poco rentable para el país”, señala Franco Viteri en el comunicado.

Pronunciamiento de DESC

Por su parte, el Comité de Derechos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas (DESC) emitió un pronunciamiento sobre la situación de Ecuador, el 30 de noviembre, señalando que para el gobierno de Correa “la consulta previa no implica consentimiento”, y la equipara a meros eventos de “socialización” de los beneficios.

Igualmente, el DESC cuestionó la elaboración del reglamento de la consulta (Decreto 1247) cuya puesta en vigencia se dio días antes de que la sentencia del Caso Sarayaku sea conocida por las partes, por ello, el reglamento no incorpora los estándares contemplados en la sentencia.

Asimismo, afirmó que el mencionado reglamento se hizo sin participación de la parte indígena.

El organismo instó al Gobierno a realizar consultas que “incluyan la expresión libre del consentimiento frente a la procedencia o no de un proyecto” y que dé “espacios y tiempos suficientes para la reflexión y la toma de decisiones”.

Igualmente, sugirió la suspensión del Decreto 1247 del presente año y que se diseñe “de manera participativa con los pueblos indígenas las medidas legislativas para regular el derecho a la consulta y surta las consultas pre legislativas a que haya lugar”.

El Comité sugirió al Estado acatar las órdenes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la sentencia del caso Sarayaku y expreso su preocupación “por las investigaciones y las condenas penales contra líderes sociales e indígenas que han participado en manifestaciones públicas”.