Servindi, 26 de noviembre, 2012.- Hace algunos días indígenas de la comunidad guaraní Ypo`i, del estado Mato Grosso del Sur, responsabilizaron al terrateniente Firmino Escobar de la contaminación de su principal fuente de agua tras observar que sobre la misma flotaba una espuma blanca.

Se trata de un riachuelo que lleva el nombre de la comunidad y que habría sido contaminado por el mencionado terrateniente a fin de provocar un enfrentamiento por las tierras, ubicadas en Paranhos, municipio fronterizo con Paraguay, que considera de su propiedad.

El Ministerio Público del estado de Mato Grosso del Sur solicitó a la Policía Federal que investigue las denuncias por poder tratarse de un caso de envenenamiento de aguas intencional, y que se envíe con urgencia un equipo profesional para que analice la condición sanitaria del agua.

Para la comunidad Ypo`i estas tierras forman parte de su territorio ancestral. Sin embargo, ellos solo ocupan una fracción de éstas debido a que en un primer momento les habían sido arrebatadas por el terrateniente.

En 2009, luego de que un dictamen judicial permitió a la comunidad volver a su territorio, la actitud beligerante de Firmino Escobar recrudeció. Prueba de esto es que bloqueó la carretera que llega hasta la comunidad guaraní, limitando así su acceso al agua, comida y atención médica.

Según los denunciantes el pasado 14 de noviembre dos contenedores con sustancias químicas fueron vaciados en el riachuelo. Tras el hallazgo, los indígenas manifestaron que se trató “de un acto deliberado y no de un accidente”.

Según la ONG Survival Internacional los miembros de la comunidad tomaron imágenes de una gran cantidad de espuma blanca que se extendía por la fuente de agua que recorre el campamento de la etnia.

Esta información fue entregada a la estatal Fundación Nacional del Indio (Funai). Los indígenas aún ocupan solo una pequeña parcela del territorio que consideran suyo. Ellos se encuentra a la espera de que las autoridades delimiten la zona en 2013.

De acuerdo con un comunicado del Ministerio Público, si la denuncia es comprobada, los responsables podrán ser condenados a penas de hasta 15 años de cárcel por los delitos de envenenamiento y contaminación de agua potable.

Según el Consejo Indigenista Misionero, una comisión del episcopado de la Iglesia Católica, desde 2009 fueron asesinados tres indígenas de esta comunidad por defender su derecho a las tierras en disputa.