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Por Alfredo Seguel

Mapuexpress, 24 de octubre, 2012.- Las nuevas exigencias del mercado internacional en materias ambientales y de derechos humanos; las plagas que han venido afectando a la industria forestal chilena como la de las avispas taladradoras y los vaivenes del mercado internacional, la resistencia y protestas a la expansión de la industria forestal y de celulosa, serían factores que han venido alterando las proyecciones de exportaciones.

Durante el primer semestre del 2012 más del 10 % es la disminución en comparación al año anterior, que ya venía en picada post trauma terremoto. Sigue la tendencia.

Las dos principales empresas forestales chilenas son Mininco (CMPC) y Arauco (Copec), que en suma de superficie acaparan cerca de las 2.000.000 de hectáreas en Chile de superficie destinadas a las plantaciones de monocultivo de especies exóticas de pino y eucaliptus y concentradas mayoritariamente en el centro sur de Chile, emplazadas en gran parte en el territorio ancestral del Pueblo Mapuche.

Asimismo, estos dos grupos económicos con el amparo, promoción, beneficios y ventajas otorgadas por el estado chileno desde la dictadura militar, tienen hoy estratosféricas acumulaciones de fortunas que entre ambos, se estima entre los 16 a 20 mil millones de dólares, con exportaciones abiertas por los diversos tratados de libre comercio realizados por los diversos gobiernos de la concertación y hoy de la coalción.

Sin embargo, este lucro desproporcionado y abusivo en desmedro de territorialidades, sus poblaciones y ecosistemas, gravemente impactado, ha venido en picada en estos últimos tiempos.

En efecto, en el primer semestre del 2012, un análisis del Instituto Forestal (INFOR) da cuenta de estas bajas, comparado con las exportaciones registradas entre enero y abril, meses en que las ventas al extranjero disminuyeron en 10.9%, respecto de los primeros cinco meses del año anterior, según cifras entregadas por este instituto pro forestal, organismo dependiente del Ministerio de Agricultura.

El director del INFOR, Hans Grosse, puntualizó en mayo de este año, que esta situación “viene a reflejar una extensión de la crisis mundial por cuanto las exportaciones forestales chilenas han disminuido en los principales mercados, a excepción de Perú”.

En ese sentido, el análisis de la institución señala que el monto exportado a la nación incaica creció en un 2,9%, mientras que las caídas más notorias se dieron en las ventas a Italia, que disminuyeron en un 43,9%, Argentina (-19,5%) y Corea del Sur (-16,7%).

Sin embargo el debacle continúo y ya pasando al segundo semestre, en agosto de este año, se reconocía por ejemplo que la utilidad de la chilena Arauco, una de las mayores firmas forestales del mundo, cayó un 65,8 por ciento interanual en el segundo trimestre, afectada por el fuerte descenso en los precios internacionales de la celulosa, informó el miércoles la empresa.

Indicaban expertos al respecto: “El rubro forestal chileno es uno de los que más ha sufrido los efectos de las turbulencias globales, que han golpeado el valor de las exportaciones”, publicaba terra el 29 de agosto.

Arauco, filial del grupo Empresas Copec, ganó 62,1 millones de dólares entre abril y junio, comparado con los 181,6 millones que obtuvo en igual período del 2011. "El exceso de oferta, la menor producción de papeles en algunas zonas presionó el mercado hacia la baja en forma significativa y en los mercados más importantes todo lo ganado el primer trimestre se perdió durante el segundo", dijo la empresa en el reporte al regulador de valores. De esta manera, en el primer semestre Arauco acumuló beneficios por 113,57 millones de dólares, un descenso interanual del 67,9 por ciento.

Los puntos de su caída

A parte de los vaivenes del mercado internacional, existen nuevas exigencias para las relaciones multicomerciales particularmente en materias ambientales y de derechos humanos. Una de ellas son las exigencias a que las empresas chilenas tengan certificaciones con estándares internacionales lo que hasta el momento, estos dos grupos, no han podido lograr.

Las empresas han obtenido hasta el momento un sello estatal chileno hecho a su medida. CERTFOR Chile reinaba desde el año 2000 a favor de las principales empresas chilenas Forestales para evadir sus obligaciones en materia ambiental y en Derechos Humanos, poder limpiar su imagen y obtener suculentos negocios Internacionales.

Hoy, los mercados exteriores se van volviendo más exigentes e incorporan diversos indicadores en sus estándares. Las empresas requieren nuevos sellos para avalar su productividad y comercio como “sustentables” y no califican.

También, en ese contexto, considerando los conflictos que tienen las empresas con comunidades mapuche en Chile, los impactos socio ambientales que se le atribuyen, más plagas que afectan a su calidad, entre otras, definitivamente las empresas no están siendo viables en los negocios y las proyecciones que hay de duplicar al año 2025 los monocultivos industriales de pino y eucaliptus, es decir llegar a unas 6.000.000 de hectáreas, se hacen cada vez más inciertas e inviables.

Cabe mencionar que uno de los elementos de mayor dificultad que presentan son las plagas, una de ellas es la de Sirex noctilio o Avispa taladradora, extendida desde la Región del Maule hasta la región de los Lagos y que ha puesto en jaque a las empresas forestales chilenas.

Dicho insecto va provocando la muerte de los pinos que ataca, debido a que las hembras colocan sus huevos dentro del tronco de los pinos, junto con una sustancia tóxica producida por ellas, que mata los árboles. Este devastador escenario coincide con los focos de incendios forestalesa principios de año y los diversos oficios por controlarla han sido infructuosos.

Los impactos que ha venido generando la industria

Desplazamiento del Bosque Nativo; pérdida de los recursos hídricos, superficiales y subterráneos que ha sido una de las constantes denuncias entre la IX y X regiones (Los monocultivos exóticos actúan como verdaderas bombas de agua); uso indiscriminado de plaguicidas y contaminación de ecosistemas; acorralamiento de comunidades rurales por los monocultivos; destrucción de caminos rurales y polución por el tránsito de la maquinaria pesada, principalmente en tiempos de cosecha; pérdida de Flora y Fauna (también plantas medicinales y alimenticias) ante el desplazamiento del bosque nativo y ecosistemas; suelos ganaderos y agrícolas reemplazados para la introducción de forestales industriales lo que conlleva a la pérdida de soberanía y seguridad alimentaria; transgresión de lugares sagrados; aumento emigración (disminuye fuente laboral) y pobreza en lugares de alta concentración forestal, son parte de sus consecuencias.

Como consecuencia de este modelo, la destructiva industria de celulosa se viene expandiendo, propiedad de estos mismos grupos económicos como las de Angelini: Nueva Aldea, Celco, Licancel, Constitución, Arauco, Valdivia; O bien, la del Grupo Matte: Laja, Santa Fe, Pacífico-Mininco, que son un ejemplo de estas consecuencias cuyos impactos hace rato han quedado a la vista.

La expansión de la industria en terrenos de campesinos y comunidades

Considerando que el patrimonio forestal de las grandes compañías está prácticamente agotado en las regiones VII y X Regiones para adquirir grandes paños, la expansión va apuntada a incorporar paralelamente a sectores campesinos y mapuche para que se transformen en forestadores y para este fin se hizo una prórroga del Decreto Ley 701 va en ese sentido como política de estado, bajo la complicidad y sometimiento de los sectores políticos gobernantes.

El Decreto Ley considera en el presente ciertas modificaciones que potencian la entrega de incentivos a esta actividad, contemplando un incentivo del 90% para los pequeños propietarios, en las primeras 15 hectáreas, un 75% para los medianos propietarios y un 50% para los grandes propietarios, según comunicó CONAF.

Esta prórroga ha sido celebrada por diversos sectores políticos de la Alianza por Chile y de la Concertación y se ha considerado como un importante beneficio y oportunidad que, según comentarios de varios legisladores, beneficiará principalmente a pequeños y medianos propietarios rurales.

Cabe mencionar que dicho Decreto (701) se instaló en 1974 durante la Dictadura Militar tendiente a otorgar beneficios con arcas fiscales a los principales grupos económicos del País (Matte y Angelini) para imponer bajo subsidios un oligopolio en la industria Forestal.

La Corma (Corporación de la Madera) ente articulador del sector mega forestal chileno, ha reconocido que sus inversiones dependen de tasas de forestación. Jorge Seroni de ExpoCorma señalaba a la presensa en el 2005 que el fuerte aumento en el valor de la tierra en los últimos 20 años hace muy poco rentable para las empresas forestales la compra de predios para comenzar proyectos de forestación como los que se iniciaron hace más de dos décadas. Asimismo agregó sobre la proyección en las plantas de celulosa, las que se construyen, indicó, cada 150 mil hectáreas de “bosques”.

Esta versión empresarial señaló que “ahora corresponde al Estado generar las estrategias y los instrumentos para que los actuales propietarios de esas tierras pueden entrar al negocio forestal, con un horizonte de 15 a 25 años. Agregó que existen unos 4 millones de hectáreas en la Séptima, el norte de la Octava y la Novena Región de terrenos aptos para ser forestados”. En el presente, como política de estado se pretenden doblar las más de 3.000 de hectáreas que hay en el presente al año 2025.

Conflicto Forestal con el Pueblo Mapuche

Cabe mencionar que una de las principales razones del conflicto Forestal y Comunidades Mapuche, es por la tenencia de la Tierra. Una importante parte de los territorios que se reivindica está en poder de las Empresas, ya sea por reclamaciones ancestrales o de denuncias de usurpación contemporánea.

Asimismo, la expansión forestal en el territorio ancestral Mapuche ha sido una afrenta al Derecho Propio, la Cosmovisión y Cultura Mapuche. La arremetida de la industria se ha convertido en un símbolo de neo colonialismo y contaminación social.

Por otra parte, decenas de personas Mapuche han sido o están siendo perseguidos judicialmente por tribunales civiles y Fiscalías Militares por su participación en movilizaciones en zonas urbanas y rurales en el marco de conflictos con empresas Forestales. A esa cifra, se suman órdenes de detención y presos entre las VIII y X regiones.

Decenas de ministros especiales y numerosas Fiscalías Militares se han encargado de investigar "hechos de violencia" -desde fines de 1997- en el marco de los conflictos territoriales. Decenas de dirigentes y comuneros Mapuche se encuentran sometidos a proceso, en varios casos juzgados por la ley 12.927 de Seguridad Interior del Estado y la ley 18.314 o Antiterrorista, creadas desde la dictadura militar y que fueron aplicadas de manera activa y vigente en los últimos gobiernos, como forma de control social a las protestas sociales Mapuche. A esta aplicación, se agrega que numerosas personas mapuche han debido enfrentar el Sistema Procesal Penal, que entró en vigencia desde el año 2000.

En el año 2002 desde el asesinato del joven Mapuche Alex Lemún, asesinado por un oficial de carabineros en un predio que la comunidad reclamaba de la empresa forestal Mininco, se inicio el plan de operación paciencia, coludidamente por sectores públicos y privados quienes arremetieron con diversas estrategias para desmovilizar.

Como efecto de esta represión, zonas rurales Mapuches en Ercilla, Traiguén, Lumaco, Chol Chol, Imperial, Collipulli, Purén, Tirúa, Lebú, Cañete, entre otras, han debido enfrentar numerosos allanamientos y operativos policiales con graves secuelas a la vida social, cultural y sicológica de las familias, hechos que se repiten hasta el día de hoy.

La última, fue el levantamiento mediático del gobierno chileno en el marco de los incendios forestales quienes de manera irresponsable y desprolija emitieron declaraciones públicas desde el Presidente de la República de Chile, Sebastián Piñera, de su ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, y de las autoridades regionales designadas, quienes afirmaron tener antecedentes de que los incendios forestales que afectan a diferentes territorios mapuche del sur de Chile, tendrían una causal de origen “terrorista” y que de manera paralela han responsabilizado a organizaciones Mapuche, junto con anunciar la aplicación de la Ley antiterrorista solo en la región de la Araucanía cuando los mayores focos incendiarios han sido en la Región del Bio Bio.

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Fuente: Mapuexpress: http://www.mapuexpress.net/?act=news&id=9340