...de nuestra dignidad para enfrentar la realidad y crudeza de los diálogos de paz.

Por Armando Valbuena Goauriyu*

“Sobre la desnudez fuerte de la Verdad, el manto diáfano de la fantasía.”

21 de septiembre, 2012.- Los Pueblos Indígenas al caer en la guerra con Castilla, perdimos el dominio del territorio y los bienes de nuestras propiedades incluidos los componentes del subsuelo, entre estos los minerales (oro, diamantes, esmeraldas etc.), causando también el deterioro de nuestras leyes y sus correspondientes normas morales de formación cotidiana.

Quienes ganaron la guerra pusieron en duda nuestra esencia de seres humanos y por la tanto la exclusión de derechos, ya sean en nuestras leyes y leyes castellanas, de allí el “limbo” de si las personas de los Pueblos Indígenas tenían o no el acceso al goce de la ciudadanía.

Eso fue resuelto por el “ala progresista” de la época encabezada por el dominico Francisco de Vittoria ante la entidad político-administrativa del naciente Imperio español bajo el mandato del rey, quien con argumentación ideológica cristiana fundamentada en el concilio de Jerusalén del año 46 hasta el anterior de Trento -igual que el antiguo y nuevo testamento- demostró que las personas de las naciones indígenas son seres humanos y por lo tanto ciudadanos con derechos al goce de vida en calidad de plebeyos.

Fue necesario que esa fundamentación sustentara elementos del derecho a una Guerra Justa, a la libre autodeterminación de los pueblos, al derecho natural y el derecho de gentes, y se da inicio por parte del derecho castellano al goce de derechos para lo cual fue necesaria la implementación del Derecho Indiano, escenario dominante de los ganadores de la guerra, para estructurar el sistema político-administrativo del nuevo imperio en las tierras ancestrales de los Pueblos Indígenas, entre estos el pueblo indígena Ette enaka (conocido en el proceso de castellanización como Chimilas) y se da inicio al respeto y amparo al derecho y las formas de explotación de la tierra.

El sistema jurídico Castellano en la legislación para el Abya Yala, conocida como derecho indiano, por ejemplo en el Titulo 3º, libro 6º, de la recopilación de 1690, reconoce sistemas de gobierno autóctono, respetando las costumbres, solo para mencionar una entre muchas. Esto tuvo vigencia hasta la expedición de la ley del 11 de octubre de 1821, que se convierte en el primer estatuto sobre la propiedad en el nuevo estadio de vida por la que atravesamos los pueblos indígenas con la creación de la República de pensamiento liberal traído de Europa, pensamiento liberal fundamentado en el goce y uso de la propiedad privada.

De allí en adelante se crean varias constituciones y en cada momento que se menciona el uso y goce de los derechos civiles y políticos de los Pueblos Indígenas, se va postergando y aplazando trascendental situación hasta que en el año de 1886 se presenta un proyecto de ley para el uso y goce de los derechos civiles y políticos de los pueblos indígenas, el que finalmente se aprobó luego de tres años de debate y nos consideró ciudadanos en tres niveles: salvajes, semisalvajes y civilizados, bajo la tutoría político-administrativa y jurídica de la iglesia Católica: la Ley 89 de 1890.

Tres siglos de relación con el reinado de Castilla que con el usufructo de nuestros bienes construyó el Imperio español, vivimos el despojo de los bienes de nuestros territorios, perdimos guerras y batallas, fueron asesinados nuestros líderes políticos y militares, exterminadas algunas culturas, se exterminó a intelectuales de manera colectiva y selectiva, a estrategas militares, violadas las mujeres, despojada la propiedad, y se eliminaron paulatinamente, mediante el proceso de castellanización, las lenguas ancestrales, todo en medio de la guerra cuyas expresiones continuaron con la nueva República, se manifestaron a comienzos de 1900 por parte del pueblo indígena Huitoto, o en 1971 por el pueblo indígena Wayuu en Manaure, o por el pueblo indígena Yukpa en el año 2012.

Las constituciones en Colombia desde 1810 siempre han sido construidas en el marco de las guerras internas y luego de formalizada, el conflicto interno ha continuado, el despojo de las tierras a los Pueblos Indígenas nunca se ha detenido, ni siquiera con la Constitución de 1991. Se han realizado distintos procesos de paz, han asesinado y perseguido a firmantes de los acuerdos, se ha exterminado a partidos políticos físicamente como lo fue el Partido Unión Patriótica (el de la compañera Aída Abella) y allí seguimos los indígenas sin acuerdos para la paz.

Treinta años tiene la estructuración de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), creada como una herramienta de trabajo político y organizativo de los Pueblos Indígenas y hace parte de la Mesa Permanente de Concertación entre los Pueblos Indígenas y el Gobierno Colombiano. Fue constituida bajo el mando de líderes incorruptibles antigobiernistas para el fortalecimiento de quienes han sido despojados de sus bienes y así lo entendieron los Uwa quienes llegaron desde sus territorios ancestrales caminando al primer congreso.

Lo asimiló Alfonso Palma Capera, Pijao, a quien con nobleza y carácter antigobiernista el tercer congreso le colocó la más grande tareas del momento: lograr elegir una voz y un voto en la Asamblea Nacional Constituyente, y luego coordinar el qué hacer para que nosotros fuésemos reconocidos como ciudadanos con derechos plenos. Y luego realizar el más grande acto de consulta previa ejercido en Colombia sobre el Plan de ordenamiento territorial, y a solo tres años de su mandato resolvió que las tareas encomendadas eran lo suficiente y se realizó entonces el nuevo congreso que Colocó a Abadio Green Stocel, Thule, como presidente.

Las tareas organizativas del Coconuco (QEPD) Anatolio Quirá Guaña en los Pueblos Indígenas aun se resisten a desaparecer a pesar de tantos efectos directos y colaterales de la guerra o conflicto interno y también de las cooptaciones de este gobierno a líderes nacionales, regionales y de base, y entre sus grandes tareas que aún faltan por realizar están las conclusiones del Congreso de los Pueblos Indígenas realizado en Cota, Cundinamarca, en el año 2001, sacadas de la mochila olvidada en la Junta Directiva de la ONIC realizada el 27 y 28 de agosto del 2012 que es el del proceso de Paz para los Pueblos Indígenas y de los Colombianos también.

Corren vientos de alegría para muchos colombianos, empresarios, obreros, campesinos y terratenientes, estudiantes y propietarios de bancos ante el inicio de los  diálogos para la paz, pero los pueblos indígenas quienes le arrebatamos la llave de la paz al presidente actual, debemos esforzarnos más para hacer parte de este proceso ya que lo que está en juego son los territorios ancestrales y la sangre de la tierra que para los Nasa es el oro y para los Uwa el petróleo, la Reforma Agraria, ambiental y minera no es para el uso, goce y usufructo de multinacionales mineras, agroindustriales y petroleras, es para resolver la paz de los Pueblos Indígenas, campesinos y obreros y en general para todos los colombianos.

Lograr estar en los espacios de diálogos de paz para que se nos garantice el uso y goce del dominio de la propiedad ancestral no es con sonrisas, diálogos y prebendas de mandos medios gubernamentales (estilo de la nueva generación de “Autoridades indígenas”). Es con el fortalecimiento de los procesos de organización y lucha, legado vertical honesto y combativo de Bernabela Riondo, Edilberto Imbachi, Cristobal Secue, Alvaro Ulcue y muchos apreciados compañeros.

Simplemente una reflexión para el qué hacer de las organizaciones asociadas a la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), sobre los Diálogos para la Paz, iniciada desde la montaña ancestral y sagrada de los Nasa: Berlín.

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*Armando Valbuena Goauriyu, del pueblo Wayúu, fue presidente de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) de 1999 al 2003 Fue designado Sabio Indígena de la Humanidad por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) en el 2009.