Fotos: Jonathan Hurtado / Servindi

Servindi, 18 de julio de 2012.- Representantes del Observatorio de Conflictos Mineros cuestionaron la manera en que viene operando el gobierno con el fin de acallar las protestas sociales surgidas en algunas regiones. Ellos mostraron su preocupación porque esta forma de proceder a la que calificaron como “represiva y de persecución” se extienda a otras partes del país.

José De Echave, miembro de CooperAcción, así como Javier Jahncke, de Fedepaz y el ingeniero Pablo Sánchez, de Grufides; advirtieron también que en el último año se ha incrementado en casi dos millones de hectáreas (de 24 millones 057, 405 hectáreas en junio de 2011 a 25 millones 889,992 ha. a junio de 2012) el territorio concesionado en el país.

Ellos formaron parte de la mesa que presentó el X Informe del Observatorio de Conflictos Mineros en el Perú.

Cuestionaron asimismo el doble papel que tiene el Ministerio de Energía y Minas en desmedro de las atribuciones que se le ha asignado a su similar del Ambiente.

Los conflictos han cambiado

Para José de Echave los conflictos ya no tienen el carácter que se le asignaba hasta hace algún tiempo de oponerse solamente al proyecto en sí. Sostuvo de este modo que los conflictos de manera más clara y contundente cuestionan hoy las políticas públicas que están detrás de las actividades extractivas.

Explicó que dentro de estas políticas públicas se encuentran temas como el de las concesiones, el de los estudios de impacto ambiental, el del rol del Estado en términos de fiscalización y control, y la ausencia de mecanismos de consulta y participación ciudadana.

José de Echave lamentó el trato que le están dando algunos medios a los conflictos sociales

"Los conflictos tienen su origen en los impactos acumulativos que ha tenido la actividad minera en las regiones. En Cajamarca, por ejemplo, los impactos acumulativos vienen desde del año 1993 y en la actualidad existe una decena de proyectos mineros de mediana envergadura, lo que ha generado una situación de estrés social muy significativo", afirmó De Echave.

Por esto indicó que es importante preguntarnos en términos ambientales y de sostenibilidad hasta cuánto una provincia, una región, un distrito o una cuenca puede aguantar la minería. Recordó así que los estudios de impacto ambiental aparecen como instrumentos insuficientes y desfasados.

Javier Jahncke de Fedepaz, sostuvo respecto a este punto que es necesario repensar los EIA. “Las evaluaciones ambientales estratégicas son una opción, están planteadas en la normatividad pero falta reglamentarlas y es necesario avanzar en este proceso”, señaló.

20,3% de la superficie del Perú está concesionado

En su exposición el representante de CooperAcción presentó parte del reciente informe del Observatorio que ofrece un acercamiento a la realidad minera que viven cinco regiones. De esta forma se alerta sobre la situación que enfrenta Cajamarca donde el 48% de su territorio está concesionado.

Cifras igual de alarmantes se encuentran en Apurímac donde las concesiones han crecido significativamente. Desde el 2007, éstas han aumentado en un 30.3% lo que lleva a que este año las concesiones representen el 58.8% del territorio lo que llevará, a decir de los expertos, a que Apurímac sea el próximo distrito minero al igual que pasó con Yanacocha en Cajamarca.

Dar clic en la imagen para agrandar. El último año se han entregando concesiones de manera tal que una quinta parte del país se encuentra concesionada

El X Informe del Observatorio de Conflictos Mineros también da a conocer la situación en la que viven regiones como Junín donde el futuro de La Oroya sigue en suspenso. También se abordan los casos de Cusco y Piura, esta última también en suspenso por el anuncio del reinicio de las operaciones del proyecto minero Río Blanco.

De Echave recalcó sobre las áreas en concesión –cerca de 26 millones de hectáreas que representan el 20,3% de la superficie del Perú– que todas ellas no necesariamente se van a convertir en una gran mina ya que esto lo determinará la fase de exploración.

Bienes públicos que son reemplazados por bienes privados

Los representantes del Observatorio señalaron que el caso Conga demuestra y plantea una discusión de fondo sobre el tema de los bienes públicos. Señalaron así que un sistema de lagunas altoandinas es un bien público que tiene características y es de libre acceso.

Objetaron en este sentido que este bien público va ser reemplazado por reservorios que van a ser un bien privado que será controlado, manejado y regulado por una empresa privada: Yanacocha, por lo menos en el tiempo que dure la fase de explotación.

Lo que no se dice de los reservorios

Pablo Sánchez, ingeniero de la ONG Grufides, alertó a su turno sobre la importancia que se le está dando al tema de los reservorios en Cajamarca que supuestamente mejorará el abastecimiento de líquido en la región y criticó que no se hable de la naturaleza de los relaves.

Ingeniero Pablo Sánchez explicando sobre las reales dimensiones del proyecto minero Conga

“Los reservorios serán llenados con agua tratada del proceso minero, no agua natural. Al fracturar la roca, lo que se produce son flujos de agua subterránea que van a tratar de llenar el gran hueco del tajo abierto. El agua al combinarse con el oxígeno, se convierte en agua ácida. Ésta será bombeada fuera del tajo y con esta agua serán llenadas los reservorios”, explicó.

Sánchez precisó que esta agua será tratada el tiempo que dure el proyecto minero pero que luego ya tendrá que ser el Estado quien se encargue de hacer el mantenimiento del reservorio ya que la fuente artificial necesita mantenimiento a perpetuidad.

“Y si al irse Yanacocha, el Estado no se hace cargo, tendremos un pasivo ambiental permanente, una gran relave minero en una cabecera de cuenca”, sentenció.

Ministerio del Ambiente debe asumir su papel

Los expertos reafirmaron la necesidad de una política de ordenamiento territorial y cuestionaron en otros aspectos el doble rol del Ministerio de Energía y Minas que por un lado promueve la actividad minera y por otro es la autoridad ambiental del sector.

Janhcke, de Fedepaz, manifestó así que es necesario que la cartera del Ambiente asuma como corresponde, a nivel del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), su papel de ejercer acciones de evaluación de los estudios ambientales.

Sobre el ordenamiento territorial destacó se desarrollen respetando de manera participativa la protección de las comunidades campesinas y nativas que están vinculadas ambas con la denominación de pueblos indígenas.

Sobre la situación en Piura donde se ha anunciado el reinicio de operaciones del proyecto Río Blanco, Janhcke sostuvo que es necesario que se culmine con el proceso que se ha iniciado con el Sernamp y el Minam para calificar de zona reservada la zona de los páramos en esta región donde en muchos casos se encuentran concesiones mineras.

La prensa y los conflictos sociales

Sobre este punto el representante de Grufides remarcó que hoy la actividad minera en el fondo se está desarrollando sobre una “matriz cultural sumamente racista y discriminatoria”. Cuestionó de este modo que el gobierno esquematice el conflicto a los reclamos de un “grupo de revoltosos”.

“Es completamente discriminador pensar que los campesinos necesitan un azuzador para convertirse en un actor social. Cuando son en el fondo los campesinos los que han iniciado esta lucha y son los dirigentes los que se han subido a esta dinámica y pretenden representarla más o menos bien”, aseveró Sánchez.

De Echave a su turno remarcó que los conflictos no son homogéneos. “Hay como un intento de la prensa por homogenizar los conflictos (…) y la visión que tenemos que los conflictos tienen sus particularidades”.

“Detrás de la conflictividad hay una agenda legítima. La caricatura (en los medios) tiene como objetivo decir hay una mano oscura de alguien”, concluyó.