Servindi, 10 de junio, 2012.- Más de 22 mil millones de dólares destinados a la inversión de proyectos se encuentran trabados debido a las acciones de resistencia de las comunidades, según un informe publicado en el diario La Tercera de Chile.

Varios sectores económicos atraviesan un clima de incertidumbre para invertir tras la señal de alerta de Colbún, generadora del grupo Matte, que pidió aplazar el trámite ambiental de la línea de transmisión de la central HidroAysén por falta de condiciones de una política energética consensuada.

Al menos hay ocho proyectos mineros y energéticos que presentan diversos grados de dificultad en su tramitación por la oposición de las comunidades.

Este grupo de proyectos suman 22.084 millones de dólares y comprenden cerca del 18 por ciento del total de iniciativas de inversión al 2020.

Los empresarios están preocupados porque muchos de estos casos hayan pasado al terreno judicial, en el cual, sostienen, los tribunales no son la instancia adecuada para pronunciarse sobre el fondo técnico de los proyectos.

La propuesta que impulsa actualmente el Gobierno y los inversionistas es la creación de tribunales ambientales.

El Congreso chileno aprobó en enero de este año una ley que crea tres tribunales (Antofagasta, Santiago y Valdivia) con jurisdicción en 15 regiones, los cuales empezarían a operar a fines de año y a partir del siguiente.

El diario recoger la opinión de un funcionario: “Si bien siempre las oposiciones podrán derivar a los tribunales ordinarios, esperamos que los proyectos cuestionados se discutan previamente en el tribunal ambiental, lo que agilizará la tramitación y resolución de las causas”.

Por su parte, el presidente Sebastián Piñera se comprometió a acelerar la agenda sectorial y los cambios legales comprometidos.

Derechos de los pueblos en segundo plano

Las preocupaciones de los empresarios y las acciones del Gobierno no toman en cuenta los derechos de los pueblos indígenas, para quienes el Convenio 169 de la OIT representan una verdadera traba a las inversiones privadas.

Como refiere La Tercera, el Convenio 169 es "un elemento de gran incertidumbre para los inversionistas", quienes consideran que cuenta con claridad en su aplicación y que carece de reglamentos que definan cómo debe cumplirse.

El malestar pasa también porque han sido los tribunales quienes han zanjado la disputa a veces aplazando los proyectos y considerando la jurisprudencia existente en materia de derechos humanos y colectivos.

En tal sentido, la autoridad administrativa ha sido puesta en duda por algunos fallos judiciales.

La Tercera menciona el caso del proyecto minero El Morro (Goldcorp) que fue paralizado por la Corte Suprema al acoger un recurso interpuesto por la comunidad agrícola diaguita de los Huascoaltinos para que se cumpla con el derecho de consulta previa.

Igual suerte siguió el parque eólico Chiloé (Ecopower).

"El gobierno está trabajando en dos frentes. Uno es el nuevo reglamento del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), que introducirá una consulta indígena especial dentro del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) y, además, sumará un mecanismo de consulta para los proyectos que requieran procesos de evaluación ambiental más simples, como es la Declaración de Impacto Ambiental (DIA)", da cuenta el matutino.

“ Estas consultas serán separadas del proceso de participación ciudadana, aunque tendrá los mismos plazos”, indica el director ejecutivo del SEA, Ignacio Toro.

Lea el artículo de La Tercera: Inversiones por US$22 mil millones trabadas por resistencia de comunidades