Por Gisella Evangelisti

31 de mayo, 2012.- Se están alistando los pabellones de la próxima Cumbre Rio +20 sobre el Ambiente, ocupando un espacio cuatro veces más grande de lo que ocupó la primera cumbre en 1992, donde Brasil se presentó al mundo como entusiasta defensor del ambiente.

En estos veinte años el cambio climático, debido a las emisiones de gases con efecto invernadero provenientes de las industrias, las plantaciones, y la ganaderia intensiva, (las mismas que se quiere expendir en Brasil) se ha vuelto dramáticamente evidente en todo el mundo.

Las cataratas de Iguazú, entre Brasil y Argentina, una de las maravillas del planeta, presentan en estos días un panorama desolador, con un hilo de agua en lugar del enorme y estruendoso caudal que las caracteriza, y en los estados de Bahía y Pernambuco cuatro millones de campesinos y campesinas sufren la peor sequía que ser humano recuerde.

En su campaña electoral, Dilma Roussef prometió preservar la Amazonia, tan importante para mantener la humedad de todo el planeta, y usar mano dura contra los deforestadores ilegales que la están arrasando día tras día.

Después que el Congreso votara recientemente un nefasto Código Forestal, que, en cambio, amnistiaba a los deforestadores, y disminuía las areas de protección de los bosques, ella, como mandataria, tenía la facultad de vetar o modificar el Codigo.

Dos millones de firmas recogidas por AVAAZ (www.avaaz.org) en tiempo récord a nivel internacional y numerosas iniciativas nacionales le habían pedido con fuerza, “Veta Dilma”. Los esperados vetos de Dilma han llegado el lunes 28 de mayo, según el cronograma previsto, y han sido publicados por el Diario Oficial de la Unión brasileña. Pero, han decepcionado a los millones de brasileños que habían confiado en sus promesas electorales, y han alegrado a la Sociedad Nacional de Agricultura, que reune los grandes latifundistas.

No de casualidad su representante Antonio Alvarenga ha felicitado a la presidente por no haber escuchado la campaña “irresponsable” de “Veta Dilma”, mientras un representante de la CNBB (la Conferencia Nacional de los Obispos Brasileños), Pedro Gontijo, deploraba esta decisión, por el mismo motivo, el no respetar la voluntad del pueblo.

Los vetos son 12, refiriéndose a 5 artículos y 7 párrafos de artículos, y a ellos ha sido agregada una Medida Provisional (la n.571/2012) para llenar los vacíos legales abiertos por los vetos. El veto del primer artículo del Código, que según los congresistas era un simple instrumento de regulación de las actividades agricolas, restituye al Código su carácter de protección ambiental, pero tratando de conciliarlo con el “desarrollo económico”, o sea los interese del agronegocio, y esto es, como ha demostrado la realidad, una ecuación imposible, pues el monocultivo o la ganaderia intensiva son dañinos para el ambiente.

Según las 163 organizaciones de la sociedad civil reunidos en el “Comité Brasil en defensa de los Bosques”, esta nueva edición del Código no representa un paso adelante, sino otro paso atrás en la protección de la selva, porque se suspenden las multas a los deforestadores antes de junio del 2008, (si hacen acciones de reforestación), y se disminuye la protección en las reservas legales, y en las Areas de Protección Permanente (APP), en zonas especialmente sensibles, como las orillas de los ríos, las nacientes, las laderas de los cerros, que en Brasil pocas veces superan los cien metros de altura.

En cuanto a la reforestación de las orillas de los ríos, se permite a los pequeños propietarios (con minifundios de 20 hectáreas) de reforestar solo una franja de 5 metros, a los grandes propietarios, una franja mayor, de al menos 30 metros.

Se abre también la puerta a la introducción de especies exóticas como los eucaliptus, sin considerar los daños que estos aportan a los terrenos. Se quita la obligación de construir con 20 metro cuadrados de verde por habitante en las expansiones urbanas, acogiendo el pedido del sector inmobiliario que ha financiado las campañas electorales de muchos diputados, incluso algunos del PT. Pero, sobre todo, se quita al Instituto Brasileño del Medio ambiente y Recursos naturales (IBAMA) la competencia hasta ahora exclusiva de dar licencia de deforestación, lo que en la practica significa dar vía libre al asalto a la selva.

¿Qué posibilidad tienen los pueblos frente a una decisión tan dramática, que compromete también las futuras generaciones? se preguntan los ciudadanos decepcionados. “No vamos a rendirnos”, avisa el “Comité Brasil en Defensa de los Bosques”, que se apelará al Supremo Tribunal Federal contra el nuevo Código, y a la vez promoverá acciones de protesta contra el gobierno durante la próxima Cumbre de Río +20.

Mientras tanto ha comenzado en el país la recolección de firmas necesarias a la presentación de una ley de iniciativa popular llamada “Deforestación Cero”, con la intención de llegar a una solución permanente del problema (Para colaborar, ver www.greenpeace.org).

Y en la Cumbre de los Pueblos, paralela a la oficial de los gobiernos, (donde con toda probabilidad serán elaborados magníficos y vacuos documentos), las organizaciones campesinas, indígenas y populares intercambiarán propuestas y acciones, para reforzar sus lazos y su presencia en el mundo, defendiendo su derecho a la soberania alimentaria, a la tierra, a los bosques, al buen vivir. Más que nunca, contra vientos y mareas.