De Gisella Evangelisti*
21 de abril, 2012.- “No es un buen momento para la Monarquía”, titulan en estos días los periódicos españoles. El rey, que es presidente honorario del WWF ibérico, ha sido cuestionado por un viaje de cacería a elefantes en Botsuana, mientras su hija Cristina de Borbón y su yerno Iñaki Urdangarin son indagados por usar por intereses privados los fondos públicos recibidos para una fantomática Ong “sin fines de lucro” que han creado, la Asociación Instituto Noos.
Léase, pagaban con estos fondos públicos la limpieza de candelabros de plata, o el arreglo de la bodega de vinos, a pesar de contar con los pingues sueldos debidos a la realeza. El escándalo ha salpicado también al Rey, que conocía el embrollo. Las criticas y burlas de ciudadanos indignados se están multiplicando en Internet y alguien comienza a preguntarse por cuál pecado original los Españoles, en pleno siglo XXI y con un país en quiebra, deben seguir pagando los caprichos de una costosa monarquía, como si fuera una enfermedad genética, en vez de promover un referéndum y decidir democráticamente el destino de la institución.
El Rey ha pedido genéricamente “disculpas” al pueblo español, por su inoportuna cacería, para evitar la tempestad que se le venía encima. Mientras tanto su heredero, el príncipe Felipe de Asturias, en un acto de inauguración de la ampliación de una refinería en Cartagena, defendía la Repsol contra la nacionalización impulsada por Argentina definiéndola “un ejemplo de empresa española moderna”. Una declaración, como veremos, llena de falacias.
El gobierno español está desplegando un gran esfuerzo diplomático en defensa de la multinacional, y amenaza con dejar de comprar soya, carne, y biocombustibles argentinos. Mientras varios países del G20 condenan la medida de nacionalización, la mayoría de los periódicos españoles, como “El País”, comenta que esta medida unilateral de Argentina contrasta con “las reglas del juego” existentes en campo internacional y constituye un peligro para las empresas multinacionales, que podrían retirar sus inversiones en los países del sur del mundo.
Pero, ¿de cuáles reglas del juego estamos hablando? ¿Es de veras Repsol española? Y ¿cuánto los ( sufridos) ciudadanos españoles serán afectados por esta medida?
Lo preguntamos a Mónica Vargas, investigadora y activista del 'Observatorio de la Deuda en la Globalitzación (ODG), que juntos a otras organizaciones como “Ecologistes en Acción”, “ACSUR- las Segovias”, la “Asociación catalana de Ingenieros sin Fronteras”, el “Observatorio de las Multinacionales en America Latina” (OMAL) y “Repsolmata”, entre otras, ha emitido un comunicado que viaja por la red para dar una información más realista sobre las actividades de la petrolera.
Revisamos con ella algunos datos.
-La compra de YPF por Repsol se realizó en 1999 mediante presiones de la diplomacia española sobre el presidente argentino Menem, para que vendiera YPF a un precio por debajo de su valor real. Así, se subestimaron las reservas y se saneó la empresa con dinero público antes de venderla por 13.158 millones de dólares a Repsol.
Per supuesto, tras la compra de YPF, el Tesoro Argentino perdió una parte importante de la renta petrolera que recibía, mientras gracias a esta medida, la pequeña empresa de origen española se internacionalizaba, hasta llegar a operar en muchos países de America Latina, Asia y África. Ahora Repsol se retiraría de Argentina con un saldo positivo de 8.813 millones de dólares, sin contar la indemnización que recibirá de gobierno argentino.
- Sin embargo, Repsol no creó puestos de trabajo, sino que los ha destruido. YPF tenía más de 55.000 trabajadores, de los cuales sólo quedaron unos 6.000 después de la privatización. Además, la búsqueda de la competitividad ha llevado a rebajar las condiciones de seguridad de sus plantas, lo que ha provocado la muerte de 9 trabajadores en la refinería de Puertollano.
- Daños sociales. Repsol ha mostrado una absoluta indiferencia ante los derechos de las poblaciones indígenas en América latina. Para hablar de Argentina, en el yacimiento de Cerro Bandera, los derechos de la comunidad mapuche Lonko Purrán (Provincia de Neuquén) fueron sistemáticamente violados. En el yacimiento de Loma de la Lata, sus habitantes, también mapuches, tienen hasta 17 metales pesados ??en su sangre, padecen trastornos nerviosos, enfermedades en la piel y hasta se han dado casos de anencefalía fetal. Los Mapuches pidieron en 2002 a la Repsol una indemnización de 445 millones de dólares, que fue desatendida Para estos casos y otros similares, la empresa fue juzgada y condenada por el Tribunal Permanente de los Pueblos desde 2006, pero no ha movido dedo para reparar los daños causados a las comunidades.
- Daños ambientales. Repsol actúa activamente en la pérdida de biodiversitad. Sus actividades extractivas están presentes en zonas muy sensibles desde el punto de vista ambiental, como el Parque Nacional Madidi, la Reserva de la Biosfera Pilon Lajas, el Parque Nacional lIsiboro Sécure, el Parque Nacional Amboró, el Parque Nacional Aguaragüe (todos en Bolivia), el Parque Nacional Yasuni (Ecuador ), o la Reserva Llancanelo (Argentina); en Perú, como parte del Consorcio Camisea. En plena crisis ambiental mundial, el negocio del petróleo, que emite gases con efecto invernadero, contribuye al cambio climático de manera grave e irreversible.
- ¿Cuáles son las posibles motivaciones de la medida tomada por Argentina?
Repsol pretendía explotar los recursos del campo argentino de Vaca Muerta, descubierto hace poco. Este campo contiene petróleo de esquisto, una reserva que Repsol evalúa en 22.807 barriles equivalentes de petróleo. Para extraer este crudo hay que inyectar al subsuelo grandes cantidades de sustancias químicas, envenenando la tierra para siempre. Mientras otros países, como Francia, han prohibido esta práctica por sus graves impactos ambientales, Repsol pretendía llevarla a cabo en Argentina. El gobierno argentino, obligado a importar petróleo porque no controla lo que produce, apuesta a la independencia energética, con el apoyo masivo de la ciudadanía: de allí esta medida, que estaba en el aire desde tiempo.
-¿Es la Repsol un ejemplo de modernidad?
Si ser modernos es evadir impuestos, sí. És una de las multinacionales con sede en España (que no española) que cuenta con más presencia en paraísos fiscales, donde tiene 13 filiales a través de las cuales minimiza el pagamento de impuestos.
En Bolivia le ha tocado aumentar las regalías debidas al estado boliviano, y a pesar de esto, no se ha retirado del país por sus altas ganancias.
La mayoría de su accionariado está radicado en el exterior, no es español, por lo tanto es un eufemismo definirla “empresa española”.
Además, Repsol es un ejemplo de un modelo energético que ya tiene los días contados, un modelo obsoleto basado en la producción de hidrocarburos. .En Argentina el pico del petróleo había alcanzado en 1999 y, desde entonces, la producción de sus campos ha menguado. Ni la explotación del yacimiento de Vaca Muerta, ni otros como los que pretende explotar Repsol en Canarias o en la costa brasileña cambiarán substancialmente el panorama de agotamiento de los combustibles fósiles.
Hay que cambiar de paradigma, invirtiendo en otros tipos de energía. Por ello, si el gobierno español asume de veras el compromiso de luchar contra el cambio climático, no debería defender una empresa petrolera, sino dar más impulso a la energía verde.
Finalmente, hay que cambiar las reglas del juego entre las empresas y los países del Sur, que son injustas.
- ¿Quién es el Observatorio de la Deuda?
Somos unos cuantos voluntarios que en 2000, juntándonos en una plataforma de 50 organizaciones, hemos logrado movilizar un millón de personas en toda España (500.000 en Cataluña) alrededor de la “Consulta Social por la Abolición de la Deuda Externa”. Hemos denunciado la injusticia de la deuda que asfixia a los países de sur del mundo y los obliga, para pagarla, a privatizar y pasar a manos extranjeras sus recursos energéticos, y sus minerales. Existía un mecanismo del estado español, el FAD, (Fondo de Ayuda al Desarrollo) que favorecía en la práctica a las empresas españolas, impulsando su internacionalización. Se daban créditos a los países del sur pero a cambio que la mitad de ellos fueran destinados a compra de bienes y servicios de empresa españolas. Con la campaña “¿Quién debe a quién?” denunciamos este mecanismo que de hecho empeoraba el problema de la deuda, y presionando sobre los parlamentarios hemos obtenido que en la Ley de Cooperación del 2006 los dos rubros (las donaciones a los países y la financiación encubierta a las empresas españolas) se diferenciaran. Ahora estamos contribuyendo a difundir en Internet, a través de las redes sociales, como Facebook y otras, unas noticias atentas al impacto de las mineras sobre la vida de la gente y sobre el medio ambiente, que contrastan con frecuencia con la “verdad oficial”.
Se contabiliza la producción de petróleo, por ejemplo, y sus ganancias, pero no se contabilizan los daños ambientales y sociales. No encontrarás en los informes de Repsol o de los países productores el coste que implican los daños provocados por una empresa al agua, la tierra, la gente envenenadas.
Cuando la Repsol deja a un país, ¿quién paga por la naturaleza destruida y la gente enferma?
En conclusión, el Observatorio de la Deuda, juntos con Ecologistas en Acción, OMAL, el ODG, ACSUR-Las Segovias e ISF denuncian que en defender Repsol, el Gobierno NO defiende los intereses de la ciudadanía española, sino dedica tan necesitados fondos públicos al servicio del interés de unos cuantos, que actúan con total impunidad social, ambiental y fiscal.
Es hora de profundos cambios en el mundo, concluye Mónica Vargas, y la decisión del Gobierno argentino es una prueba clara de que la correlación de fuerzas está cambiando.
Para más información: www.quiendebeaquien.net, www.Ecologistasenacción.org, www.Observatorio de las Multinacionales en América Latina.org (OMAL) ACSUR-Las Segovias Asociació Catalana d’Enginyerie Sense Fronteres (ESF) www.Repsol.com
www.la comunidadelpais.com, www.fobomade.org.bo
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*Gisella Evangelisti es escritora y antropóloga italiana. El presente documento forma parte de la Campaña informativa del Observatorio de la Deuda en la Globalización- ODG.