Por César Gamboa Balvín *

Hace unos años hablar de la consulta previa como un derecho especial para los pueblos indígenas era arar en el mar. El Estado se negaba a reconocer tal derecho, tanto por miopía política como por rechazo a la diferencia cultural que existe en Perú.

Después del conflicto de Bagua y de tantos otros, y ante la existencia de una Ley de Consulta y un proceso de reglamentación de dicha norma, pues parecería que hemos logrados consensos para reconocer tal derecho. Nada más alejado de la realidad.

El 22 de noviembre pasado, este gobierno difundió su borrador de reglamento de consulta como una propuesta minimalista y nada garantista de derechos. Frente a ello, las organizaciones indígenas del Pacto de Unidad han presentado sus principios mínimos no negociables, lo que ha llevado a una serie de enfrentamientos mediáticos que han generado desconfianza entre ambas partes.

Asimismo, el proceso de diálogo Estado-pueblos indígenas debe dejarnos lecciones aprendidas para no volver a repetir los errores del pasado. Magros Talleres en el que han participado más de 300 personas y que no contaban con información previa, con una falta de metodología, con problemas logísticos, mediocre transparencia y rebasados por las expectativas locales indígenas, es muy poco lo que ha podido enriquecer al proceso, aunado a la desconfianza, muchos de estos pueblos, ya defraudados, están planteado la modificación de la ley de consulta, pues estos talleres no se centraron en sus virtudes, sino más bien en sus limitaciones.

La inconclusa y chanflona propuesta de reglamento de la ley de consulta debe elevar los estándares de la ley, no colocarlos por debajo: el que no se asegure a la consulta antes del otorgamiento de la concesión; no se señalen los casos de consentimiento; se confunda acuerdo previo entre pueblos indígenas y empresa con la consulta, todo ello hace concluir que el mejor producto que se tuvo en este proceso fue el reglamento minero energético de consulta expedido en mayo del 2010.

Si este fin de mes tendremos reglamento de consulta, esto no asegurará una buena implementación. Pese a los aires triunfalistas del gobierno y críticos de las organizaciones indígenas, la autocrítica huelga por doquier. Es muy probable que se planteen acciones en contra de la ley de consulta, pero esto sucede por un planteamiento estatal que vacía de contenido el derecho, por romper los pocos lazos de confianza que quedaban con las organizaciones indígenas y la sociedad civil, pero peor aun, no comprender el juego político que se está llevando a cabo en nuestro país. La consulta era una de las últimas reglas del juego que podían dar viabilidad al modelo de desarrollo. Si fracasa, entraremos nuevamente a las reglas de los conflictos socioambientales, cuando pensábamos que podíamos superarlas.

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* César Gamboa Balvín es director de la ONG DAR (Derecho, Ambiente y Recursos Naturales)

Publicado originalmente en el diario La Primera