Perú: Clavero: "Borrador de reglamento de ley de consulta es peor que insuficiente"

Bartolomé Clavero, es experto independiente en derechos indígenas. Foto: Iván Herrera (Servindi)

Servindi, 20 de enero, 2012.- El exvicepresidente del Foro Permanente de Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas, Bartolomé Clavero Salvador, calificó de “insuficiente” el borrador de reglamento de la Ley de Consulta Previa elaborado por el viceministerio de Interculturalidad, y advirtió que tal como está permitiría a las empresas y al Estado burlar la obligación de la consulta previa.

Junto a los líderes del Pacto de Unidad conformado por organizaciones indígenas y campesinas del Perú, el experto independiente cuestionó la propuesta del reglamento presentada por el viceministro Lanegra a la Comisión Multisectorial formada para su elaboración.

“El borrador es bastante insuficiente o peor que insuficiente. Es que deja posibilidades para que el Estado no cumpla con la obligación de consultar y para que la empresa pueda sortear o burlar esa obligación del Estado y eso es lo que debe evitarse a la luz del Convenio (N° 169 de la OIT)”, afirmó.

El borrador del reglamento debilita la consulta

Afirmó que no es claro hasta qué punto el reglamento en discusión confirma los compromisos internacionales contraídos por Perú con el Convenio 169 de la OIT.

“No está claro en el reglamento porque, ante los puntos claves, en vez de aplicar el Convenio 169, adopta medidas propias y decisiones que, en general, debilitan el mecanismo de la consulta previa”, señaló el experto en derecho indígena.

En su opinión, hay casos en el borrador del reglamento en que no es necesaria una consulta, y que contravienen el Convenio 169.

“Se trata de casos generales en los que, por ejemplo, (...) hay un acuerdo previo y directo entre comunidad y empresa; como hay acuerdo, no hay consulta”.

Sin embargo, señaló, las empresas muchas veces coactan y corrompen a la población de múltiples formas para acceder a los recursos en tierras indígenas.

Al respecto, afirmó que “el Convenio 169 dice que en todos los casos el Estado tiene la obligación de consultar para cualquier afectación, no caben supuestos de acuerdos directos entre comunidades y empresas (…) sin la garantía del mecanismo de consulta que es obligación del Estado en todos los casos,” explicó.

De igual manera, Clavero incluyó entre los puntos problemáticos de la Ley de Consulta su no retroactividad.

“La ley dice algunas cuestiones muy problemáticas como que este compromiso sólo tendrá efectos a partir de la ley y no a partir del momento en que entró en vigor este convenio internacional”, señaló.

Comisión Multisectorial sesgada

El jurista español también advirtió la presencia de un “sesgo” en la Comisión Multisectorial encargada de la elaboración del reglamento de la Ley de Consulta.

“El momento es muy delicado porque se está queriendo sesgar desde el Gobierno los aspectos más inciertos de la ley en una línea absolutamente contraria al Convenio169 que es la norma fundamental para este asunto", afirmó Clavero.

Asimismo, cuestionó que el acuerdo de la Comisión disponga que el mecanismo de evaluación interna del reglamento sea hecho “en el marco de la ley”, puesto que “la ley no es la norma que rige el procedimiento de la consulta previa sino el Convenio, y la ley aplica el Convenio” explicó.

Problemas fundamentales de la Ley de Consulta

Bartolomé Clavero señaló que el borrador se inhibe de precisar algunos aspectos vinculados con el derecho de consulta previa, que son fundamentales para garantizar su cumplimiento.

Explicó que la ley no precisa ni aclara “cuestiones fundamentales como cuál es el valor del consentimiento, qué procede si no se llega a un acuerdo o a un consentimiento, cómo se procede a las evaluaciones de impacto ambiental sobre todo en lo que son impactos en las comunidades”.

El Estado no puede decidir quiénes son indígenas

Gladis Vila Pihue, dirigente de la Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú (Onamiap), afirmó que una preocupación de los pueblos indígenas es la identificación de los sujetos de derecho.

“El Estado no puede decidir quiénes son indígenas, somos nosotros los que tenemos que autoidentificarnos, y decir quiénes somos los indígenas”, declaró.

Gladis Vila Pihue, dirigente de ONAMIAP. Foto: Iván Herrera

El Indepa no está en capacidad para realizar la consulta

Vila Pihue aseguró que al Pacto de Unidad le preocupa saber cuál es la entidad pública que va a llevar adelante la aplicación de esta ley de consulta.

En ese sentido, consideró que el Instituto Nacional de Desarrollo de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuano (Indepa) actual no está en capacidad de llevar adelante el proceso de la consulta.

A nombre de los integrantes del Pacto de Unidad exigió la creación de “una institucionalidad de pueblos indígenas dentro del Gobierno, de rango ministerial y con autonomía presupuestal, administrativa y con representatividad y participación de varones y mujeres”, con el fin de viabilizar la reglamentación y la Ley de Consulta.

“No somos obstaculizadores del desarrollo”

A su turno, el presidente de Aidesep, Alberto Pizango afirmó que los pueblos originarios están planteando ”el verdadero desarrollo armónico para el país, que garantice las generaciones venideras”.

Pizango Chota exhortó a los periodistas asistentes a que no muestren a los pueblos originarios como “obstaculizadores del desarrollo”.

“Lo que nosotros estamos planteando es que realmente haya ese respeto y que ese buen vivir llegue a todos los peruanos”, expresó el líder indígena.

Indicó que el proceso de diálogo que se está iniciando no va terminar este año, sino que terminará “cuando el Estado peruano realmente respete los derechos de los 30 millones de peruanos.”