Servindi, 7 de enero, 2012.- Las ligerezas en las "conjeturas" del gobierno del presidente Salvador Piñera contra la Coordinadora Arauco Mapuche (CAM) por el incendio forestal en Carahue tienen la intención de aplicar la Ley Antiterrorista antes de terminar la investigación judicial.

Según sus propias palabras, el ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, cuenta con antecedentes necesarios que le permite “conjeturar” que los incendios forestales en La Araucanía, Maule y Bío-Bío, fueron provocados por personas, en el caso de La Araucanía por miembros de la CAM.

Varios colectivos mapuches rechazaron las acusaciones de Piñera y su ministro, y las calificaron de irrespetuosas para su pueblo.

"Perturban la atención acerca de las verdaderas causas de estos siniestros en lugares que se han plagado de plantaciones forestales exóticas de pino y eucaliptos y que buscan encubrir verdaderas responsabilidades", señala un comunicado suscrito por Mapuexpress y el Grupo de Trabajo por derechos colectivos.

Los incendios forestales, que ocasionaron la muerte de siete brigadistas y un lugareño, se produjeron en parte del territorio ancestral mapuche de Wallmapu.

El comandante de bomberos de Carahue, Héctor Rebolledo, se desmarcó de la hipótesis terrorista del gobierno al señalar queel siniestro se produjo debido a que un grupo de personas estaría haciendo carbón en el sector. Es lo que manejamos nosotros”, acotó.

Asimismo, una lluvia de críticas de diversos sectores de la sociedad cayeron sobre el gobierno chileno por estas acusaciones extravagantes que buscan aplicar la Ley Antiterrorista y por la irresponsabilidad del Estado para prevenir y enfrentar la crisis.

Colectivos mapuches informaron que antes de los incendios forestales, miles de hectáreas de plantaciones forestales de pino en el centro sur de Chile se encontraban desvastadas por una plaga descontrolada de una especie denominada avispa taladrora “forestal Sirex noctilio”, que ha afectado sus intereses en comercio y exportación, y que puede ser corroborado en el Servicio Agrícola y Ganadero “SAG”.

Pidieron que estos hechos, en caso de no existir colusión, sean investigados por las empresas aseguradoras por siniestros de incendio. "Esperamos que los órganos pertinentes de fiscalización y justicia que por años se han dedicado a la persecución y criminalización de personas mapuches, esta vez, hagan su trabajo e investiguen al interior de las mismas empresas forestales", dijeron.