- En el marco de la Ley de Consulta recién aprobada.

Por Gil Inoach Shawit*

27 de agosto, 2011.- La consulta previa causa mucho temor en el sector industrial y en todos aquellos que de una y otra manera desarrollan actividades económicas en territorios indígenas. Incluso hay carteras del Estado como el de Energía, Agricultura y Ambiente, preocupadas por reorientar las políticas de relación con dichos pueblos, por ser entidades relacionadas con los temas más sensibles, vinculados a las tierras, concesiones e impactos ambientales. Mas preocupación aún hay en el sector económico por si la ley le otorga el derecho a veto a los pueblos indígenas.

La Ley de Consulta Previa aprobada por el Congreso de la Republica el pasado 23 de agosto se desprende del Convenio sobre Pueblos Indígenas núm. 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y en este instrumento internacional -que también forma parte del derecho nacional desde 1993 con la ratificación del mismo por el Estado peruano- no contempla de manera literal el derecho al veto, pero si contempla que el proceso de consulta y el diálogo con los pueblos indígenas frente a cualquier medida legislativa debe realizarse de buena fe.

El diálogo de buena fe

El diálogo de buena fe implica transparencia en el manejo de la agenda pública con relación a los pueblos indígenas y de tener mucha cautela en no afectar sus derechos consagrados frente a cualquier medida que el Estado adopte. Si el Estado actúa desde esta óptica, lo que va a pasar como efecto es que se van a mejorar muchas normativas que restringen los derechos de estos pueblos, principalmente el derecho de ser considerados y reconocidos como pueblos descendientes de una raíz milenaria y, como tal, parte del fundamento constitutivo del Estado moderno.

Lo que el Estado va a encontrar -si busca dialogar de buena fe- no es el veto sino va a tener la sorpresa de entrar en la cuenta que muchos de los derechos colectivos de estos pueblos han sido denegados a lo largo de la vida republicana. Cada consulta que se realice se va a convertir en una dinámica emprendedora, en una suerte de hoja de ruta que le va a suministrar información sobre los grandes vacíos legales existentes y de paso también va a generar un proceso de mayor acercamiento, con nuevos canales apropiados y legítimos, a través de los cuales se deben crear nuevas políticas de relación con los pueblos indígenas.

La aplicación de los procesos de consulta va a llevar hacia un camino en el cual el resto de la sociedad del país tendrá una mayor conciencia sobre las demandas de los pueblos indígenas. Estas demandas no serán de ninguna manera un obstáculo para el desarrollo, sino, el oir y valorar -con respeto y dignidad- una voz que durante muchos siglos estuvo reclamando oportunidades de ser escuchada e incluida como un participante activo en el desarrollo.

Un desarrollo inclusivo y sostenible que beneficie a todos

De los procesos de consulta debe emanar una política de desarrollo que, como es de esperar, debe por cierto ser muy amigable con la diversidad biológica del que está compuesto el hábitat de los pueblos y comunidades indígenas, los que por su propia naturaleza cultural, son muy exigentes en que los ríos, las quebradas y los lagos no deben ser contaminados y los suelos ni los bosques deben ser degradados.

Estas demandas no son para nada cosas de otro mundo. En gran parte ya el Estado tiene normativas que en el papel protegen y promueven políticas de buen manejo de los recursos naturales. Lo que los indígenas siempre serán enfáticos en todas las consultas será en asegurar que tales normativas se cumplan y funcionen con eficacia, y si en el camino se encuentran vacíos legales que éstos se cubran con nuevas normas que sean necesarias.

Lo que salta a la vista por el olvido histórico que sufren los pueblos indígenas es la baja calidad de vida del que son víctimas por el empobrecimiento de su hábitat del que, paradójicamente, siendo posesionarios de los suelos de donde sale el petróleo, no son beneficiarios. No se explica por qué una comunidad ubicada a 500 metros de una explotación petrolera es más pobre e incluso carece de agua limpia porque las vertientes de donde se abastece están contaminadas por una actividad que enriquece a otros.

Con la consulta se llegará a saber que las comunidades no son ociosas como así las tildan, de manera despectiva, muchos sectores que las desconocen o buscan debilitarlas para adueñarse de sus tierras. Se habrá abierto así una oportunidad para conocer de cerca a los indígenas y saber de fuente propia que son fervientes trabajadores de sus tierras y dispuestas a aprovechar las primeras oportunidades de mercado que se les ofrezca para vender sus productos.

Cuando se les consulte a las comunidades lo primero que dirán es que necesitan de mercado para vender los cereales y granos naturales que producen en la zona. También dirán que necesitan información y apoyo en la difusión para promover la comercialización de sus artesanías, dirán que necesitan de capacitaciones técnicas para dar valor agregado a sus productos locales que salen de sus creatividades, etc.

El país sabrá entonces que los indígenas no se han quedado con las manos cruzados, sino que trabajan construyendo alternativas viables, pero que lamentablemente nunca han contado con el apoyo estatal.

Los pueblos indígenas también procuran que sus culturas sean respetadas y consideradas, y por sus propias iniciativas promueven, a través de sus organizaciones representativas, procesos inclusivos de formación en educación y en salud implementando programas propios y apropiados con visión de interculturalidad en respuesta a la realidad multilingüe y pluricultural de la que está compuesta el país.

La buena fe de la consulta apunta a descubrir la realidad cultural del país y el proceso debe estar dotado de un espíritu de innovación en la forma de ver el desarrollo para que las riquezas que salen de la explotación de los recursos naturales beneficien también a los posesionarios originarios en vez de empobrecerlos en nombre del desarrollo.

Es fortalecer la capacidad y el potencial humano que tienen los pueblos indígenas de impulsar y garantizar sus propias prioridades de desarrollo, pero también de ser actores claves para que dicho desarrollo genere sinergias que mejoren los niveles de vida de la población en general.

Conocer de cerca a los pueblos indígenas y entender sus aspiraciones de futuro es parte de la comprensión del diálogo de buena fe, en el que no se trata solo de entrar a consultar a las comunidades para que acepten las medidas de desarrollo que el Estado estima conveniente adoptar, sino, implica también fortalecer sus derechos como principales afectados, para velar por que sean protegidos de manera tal que también puedan gozar de manera directa los beneficios que resulten de la explotación de los recursos naturales dentro de sus territorios, al mismo tiempo que se cuida celosamente que sus medios de hábitat y formas de subsistencia no sean destruidas.

Con la consulta se mejorará el sistema de representación indígena de cara a las relaciones con el Estado pero también será fundamental para el Estado reconocer las formas propias de gobernanza que poseen y exigen los pueblos originarios para desarrollarse en sus territorios.

Si los diálogos no aterrizan en la implementación de medidas concretas que los apoyen y beneficien, ninguna consulta tendrá sentido porque entonces será una conversación más para seguir en la misma política que ya ha fracasado.

La consulta como instrumento de llegada

En conclusión, la consulta es un instrumento de llegada a los pueblos indígenas para informarlos de las medidas que pueden afectar sus derechos o sus intereses colectivos y escuchar de ellos sus propios puntos de vista, y, de ser el caso, identificar los “cuellos de botella” que mayormente son las principales causas de desconfianza.

Si la solución de los “cuellos de botella” tiene respaldo comunal y legal, compete al Estado implementar políticas administrativas o sancionadoras inmediatas para que dichos compromisos sean efectivos y de obligatorio cumplimiento para el que tiene interés de desarrollar alguna actividad económica en el territorio indígena.

En los casos en que sea necesario crear alguna medida legislativa para garantizar la solución de los problemas que los pueblos afectados presenten como condición para seguir adelante, la consulta implica también generar nuevas normas para llenar los vacíos en el que los indígenas sienten que sus derechos o intereses no están protegidos.

Además, hay que entender que la participación indígena debe ser efectiva. Los indígenas no deben ser simples observadores del proceso evolutivo de sus derechos sino actores claves en la ejecución de las leyes y otras disposiciones para vigilar y asegurar el pleno cumplimiento de las mismas una vez llegado a los acuerdos.

En ese sentido, la consulta, bien entendida y aplicada, es una herramienta innovadora que promoverá acuerdos, compromisos, normas, leyes y otras medidas en un camino que nunca antes se ha tenido en cuenta, y esto significará generar confianza, y, en consecuencia, inclusión social orgánicamente protegida.

El decir SI o NO corresponde al Estado, pero no se debe bajar la guardia frente a las decisiones plagadas de procesos no muy transparentes o que simplemente ignoran los derechos humanos de los pueblos indígenas frente a las actividades que el colectivo considera muy nocivas. En este sentido, aunque los pueblos indígenas no gozan del derecho al veto, éstos siempre mantendrán la posibilidad de defenderlos judicialmente o reclamarlos en otras instancias nacionales e internacionales.

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* Gil Inoach Shawit, es indígena del pueblo Awajún y se desempeñó como presidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP) durante dos periodos consecutivos, de 1996 al 2002.