Servindi, 17 de agosto, 2011.- Eduardo Vega, Defensor del Pueblo en funciones, resaltó el interés del Parlamento de aprobar una ley de Consulta Previa, aunque, precisó, ésta debe respetar el consenso logrado en mayo de 2010 con las organizaciones indígenas y desarrollar de manera integral lo que establece el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre el tema.

"La ruta a seguir debería basarse en el contenido de la autógrafa de la Ley del Derecho a la Consulta Previa a los Pueblos Indígenas u Originarios, aprobada por la mayoría absoluta de integrantes del Congreso de la República el 19 de mayo del 2010, texto que contó con el apoyo unánime de las organizaciones indígenas de alcance nacional", sostuvo el funcionario.

Vega reafirmó su compromiso de contribuir, en el marco de su mandato constitucional, a que la futura ley cuente con el mayor consenso posible de los pueblos indígenas.

La decisión del Parlamento de aprobar esta ley constituirá el primer paso para institucionalizar el diálogo intercultural entre el Estado y la población indígena, acotó.

Por su parte, Alicia Abanto, jefa del Programa de Pueblos Indígenas de la Defensoría, señaló que llevan varios años insistiendo en que el Estado dé cumplimiento al derecho a la consulta de los pueblos indígenas, de acuerdo con lo establecido en el Convenio 169 de la OIT, pues se trata de un derecho vigente en nuestro país desde hace más de 16 años.

Iván Lanegra, adjunto para el Medio Ambiente, Servicios Públicos y Pueblos Indígenas, sostuvo que el contenido de la autógrafa de ley "tomó en consideración el proyecto de ley presentado por la Defensoría del Pueblo, los resultados de la Mesa Nº 3 del Grupo Nacional de Coordinación, lo señalado por el Convenio 169 de la OIT, así como los consensos logrados por las organizaciones indígenas”.

Asimismo destacó el “esfuerzo de las organizaciones indígenas nacionales y regionales que han impulsado, desde hace mucho tiempo, la dación de una Ley del Derecho a la Consulta”.