Servindi, 21 de julio, 2011.- El viernes 22 de julio se presentará el libro: “Impuesto a las Ganancias Extraordinarias de la Minería”, en la sala Miguel Grau del Congreso de la República, a partir de las 3 de la tarde. Se contará con la participación de destacados especialistas en el tema como Humberto Campodónico y Pedro Francke.

La publicación se realizó en base al proyecto de ley N°4143, propuesto por la parlamentaria Gloria Ramos Prudencio en junio del 2010. Esa norma crea un impuesto a las ganancias extraordinarias de la minería. Las empresas del sector obtienen desde el 2005 ganancias inesperadas por los precios excepcionales de los metales que se mantienen hasta hoy.

Entre el 2007 y el 2009, las compañías mineras han destinado al Estado 459 millones de dólares como aporte voluntario. De haberse aplicado el impuesto a las ganancias extraordinarias, el Estado habría recibido en ese mismo periodo 3 mil 403 millones de dólares. Es decir, 7.4 veces el aporte voluntario.

La iniciativa legal presentada es una respuesta a la necesidad gubernamental de contar con mayores recursos en el presupuesto público a fin de atender con mayor énfasis los sectores Educación y Salud. Ello permitirá además llevar adelante proyectos de desarrollo social.

Este libro es producto de un trabajo consensuado desde el parlamento con los gobiernos regionales y locales, así como con las organizaciones sociales. La publicación ha sido posible con el apoyo de CooperAcción y Derecho Ambiente y Recursos Naturales (DAR).

Cabe señalar, que el pasado miércoles 20 de julio, la congresista Gloria Ramos presentó la publicación: "Informe: Contaminación de Niños con Plomo en Sangre". Este texto se elaboró en torno al trabajo desplegado por el grupo especial de Plomo en Sangre, de la Comisión de Salud del Congreso de la República.

Como resultado de este informe, la parlamentaria presentó la iniciativa legislativa N° 3946, que modifica los artículos 5, 6 y 22 de la Ley General de Salud, la cual se aprobó por mayoría en el pleno del Congreso y se promulgó el 16 de junio del 2011 como la Ley N° 29712.

Esta norma le da potestad a las entidades de salud públicas y a los gobiernos regionales y locales para que efectúen convenios con las empresas extractivas a fin de atender a la población impactada por la contaminación ambiental propia de la explotación que realizan las empresas mineras, de hidrocarburos y gasíferas.