Foto: Periodistas en español
Servindi, 24 de junio, 2011.- El diputado por los pueblos indígenas del departamento del Beni, Pedro Nuni, denunció que detrás del proyecto de la carretera interdepartamental Villa Tunari-San Ignacio de Moxos existe una intención oculta de expandir el departamento de Cochabamba.
Asimismo sostuvo que la solución al conflicto que enfrenta los indígenas de Cochabamba y Beni pasa por aplicar el derecho constitucional de la consulta a quienes viven en el territorio indígena Parque Isiboro-Sécure (TIPNIS).
Actualmente el límite entre los departamento de Cochabamba y Beni no está definido y sirve como límite natura el Parque Nacional y Territorio Indígena Isiboro Sécure (TIPNIS).
“La construcción de la carretera que une los departamentos de Beni y Cochabamba debe ser consensuada para que esta incursión vial no implique destrucción del hábitat natural de la flora y fauna que existe en el territorio del TIPNIS”, manifestó el asambleísta.
El diputado exigió a las autoridades nacionales que expliquen el verdadero motivo por el que quieren llevar adelante el proyecto de la carretera en el tramo II, que atraviesa TIPNIS, y que ocasionará daño ecológico en el lugar y para la vida de los indígenas moxeños, yucarés, chimán y tapiete.
Además explicó que las tres organizaciones territoriales: el territorio indígena Parque Nacional Isiboro Sécure, el Territorio Multiétnico Número Uno y el Territorio Indígena Mojeño-Ignaciano, son las que deben debatir y analizar profundamente la importancia de la carretera para llegar a un acuerdo.
Adelantó que la solución práctica al conflicto es el diálogo directo con el presidente Evo Morales, para iniciar el proyecto con el consentimiento de las naciones y pueblos indígenas originarios.
Los pobladores de Tipnis, por su parte, advirtieron que se resistirán a la construcción de una carretera por un territorio declarado como Área Protegida y Tierra Comunitaria de Origen (TCO).
Por su parte, la Subcentral del TIPNIS dijo que existe la posibilidad de rediseñar el tramo II, pero sólo si el Gobierno suspende inmediatamente la construcción de los tramos I y III, iniciada el 3 de junio.
ABC niega violación al derecho de consulta
Antonio Mullisaca, secretario general de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) -encargada de la obra-, negó que haya existido una violación del derecho a la consulta a los pueblos, porque “no hubo una consulta ni consenso porque no se llegó a establecer el acceso al lugar y no se hizo un estudio”, reconoció.
“Son tres tramos, en dos podemos proceder porque recibimos una categorización y la licencia ambiental desde 2008, tanto en Villa Tunari como en San Ignacio de Moxos, por parte del Gobierno. Sólo un tramo (II) falta, por lo que estamos en reuniones ahora con la gente del TIPNIS para llegar a acuerdos”, añadió.
Sobre la obra
La construcción de la carretera demandará 415 millones de dólares, de los cuales, 332 millones de dólares provienen de un crédito del Banco de Desarrollo del Brasil.
El tramo II comprende 167 kilómetros que atraviesa el parque nacional. Según el asambleísta indígena, el Gobierno “discrimina” la posición de las comunidades por ser pocos.