Servindi/Vía Campesina, 22 de junio, 2011.- Un llamado internacional en contra del acaparamiento de tierras formularon cientos de organizaciones campesinas, no gubernamentales y de otros gremios, durante las reuniones sobre agricultura que celebra el G20 en París entre hoy y mañana. 

A la fecha, más de 500 organizaciones de todo el mundo se han unido al "Llamamiento de Dakar contra el acaparamiento de tierras", redactado originalmente en el Foro Social Mundial en febrero pasado.

Mientras los ministros de agricultura de los 20 países más ricos del planeta discuten qué hacer con la volatilidad de los precios de los alimentos y la creciente crisis alimentaria, millones de hectáreas de tierra fértil, junto con sus respectivos recursos de agua, con miras a continuar la explotación privada.

Dichos recursos son expropiados de las manos de campesinos, ganaderos, pastores, pescadores y pueblos indígenas, para convertirlas en operaciones masivas de explotación agrícola para la producción de alimentos o agrocombustibles en los mercados internacionales.

Esta práctica ocasiona el despojo y el desplazamiento forzoso de millones de familias campesinas y pueblos rurales e indígenas de sus tierras así como la privación de su sustento.

En el llamamiento de Dakar, entregado al Gobierno francés que preside el G20, las principales organizaciones de la societad civil urgen a los gobiernos a poner fin inmediatamente a los acaparamientos de tierras masivos y a devolver a las comunidades las tierras robadas. Por el momento, el G20 favorece el acaparamiento de tierras mediante su apoyo a la Inversión Agrícola Responsable (RAI, por sus siglas en inglés - referida como PRAI en el texto borrador del G20).

Las organizaciones instan al Comité de las Naciones Unidas de Seguridad Alimentaria Mundial (CSA) a rechazar definitivamente los principios dirigidos por el Banco Mundial relativos a la Inversión Agrícola Responsable, que son ilegítimos y no pueden aportar equidad al acaparamiento de tierras, así como a desarrollar directrices obligatorias y efectivas sobre la tenencia de tierras que respeten y protejan los derechos de las personas, especialmente el derecho a los alimentos. En lugar de eso, la CSA debería lanzar un proceso inclusivo sobre qué tipo de inversiones se necesitan para apoyar a las campesinas y los campesinos y los pequeños productores de alimentos.

La petición sostiene que los gobiernos nacionales y las instituciones internacionales deberían garantizar los derechos de las personas a la tierra, en lugar de firmar contratos con grandes inversores privados. Muchos consideran la agricultura familiar sostenible, los modelos de producción agroecológica y unos mercados locales fuertes como la mejor opción para alimentar a las personas y proteger el planeta.

Cientos de organizaciones de la sociedad civil, incluyendo movimientos campesinos, grupos de mujeres y organizaciones no gubernamentales, harán un llamamiento internacional contra el acaparamiento de tierras en el marco de la reunión sobre agricultura del G20, celebrada en París el 22 y 23 de junio.

En una importante conferencia académica sobre el acaparamiento de tierras celebrada a principios de año en Brighton, en el Reino Unido, se presentaron estudios de investigación de más de 100 casos de “inversiones de terreno a gran escala”. En general, no demostraron ningún tipo de efecto positivo para las comunidades locales (3), sino todo lo contrario, en muchos casos, se desahucia a la gente y se les arroja a la pobreza.