Discutible rol del Ejército en zona de frontera queda al descubierto en complicidad con operadores mineros del entorno presidencial
- Documento prueba el apoyo de las Fuerzas Armadas de Perú a la minería ilegal extranjera en zona de frontera.
Servindi, 26 de mayo, 2011.- Un convenio que prueba el apoyo de las Fuerzas Armadas del Perú a las operaciones mineras ilegales de la empresa Afrodita recibió este fin de semana James Anaya, relator especial sobre los derechos de los pueblos indígenas de las Naciones Unidas.
Lo escandaloso de la situación es que el Ejército Peruano se compromete en mayo de 2010 a proveer transporte de personal hasta el área de la concesión, seguridad y comunicación a una empresa cuyas actividades fueron suspendidas en febrero del mismo año por el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (OSINERGMIN).
La suspensión indefinida de las actividades exploratorias de minera Afrodita en la Cordillera del Cóndor fue un hecho público debido a que fue anunciado el 17 de febrero de 2010 por Pedro Sánchez, ministro de Energía y Minas y Javier Velásquez Quesquén, entonces presidente del Consejo de Ministros.
El convenio detalla que la Secretaría General del Ministerio de Defensa "opinó favorablemente" por el apoyo a las actividades mineras de Afrodita y que incluso informaría a la Zona de Vigilancia de Fronteras N° 2 "a fin que se otorguen las facilidades para la realización de los trabajos de exploración de la empresa".
El "convenio de la vergüenza"
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Comandante EP José Sosa Dulanto-Badiola |
El "convenio de colaboración recíproca" suscrito por la sexta brigada del Ejército peruano y la Compañía Minera Afrodita señala que la finalidad es brindarse ayuda mutua y recíproca "dada la colindancia de sus instalaciones y la dificultad que para el normal desarrollo de las actividades de ambos supone la zona".
El acuerdo habría sido suscrito el 3 de mayo de 2010 por José Sosa Dulanto-Badiola, Comandante General de la sexta Brigada del Ejército Peruano; Jorge Bedoya Torrico, gerente general de Afrodita SAC, y Carlos Armando Ballón Barraza. El convenio de dos años "es renovable automáticamente por periodos similares a solo juicio de los titulares".
La empresa minera se compromete a pagar anualmente al Ejército ochenta mil nuevos soles (S/. 80,0000) - aproximadamente 28,600 dólares- en cuatro partes, al inicio de cada trimestre. Además, Afrodita se compromete a otorgar atención médica para el personal del Ejército, así como energía eléctrica “en el área de operaciones de la empresa”.
La copia del documento que lleva las firmas de los titulares del convenio fue recibida de manera anónima por el apu (jefe tradicional) Zebelio Kayap, presidente de la Organización de Desarrollo de las Comunidades Fronterizas del Cenepa (ODECOFROC) quién la hizo pública a mediados de abril.
Entrega al relator
El "convenio de la vergüenza" -como ha sido calificado por las organizaciones indígenas amazónicas- fue entregado en manos del Relator Especial James Anaya el viernes 20 de mayo en New York, en el marco de las reuniones que éste sostuvo con las organizaciones indígenas durante el Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas.
La delegación peruana estuvo integrada por el indígena shipibo Cecilio Soria Gonzáles, presidente de la Red de Comunicadores Indígenas del Perú (REDCIP), Adda Chuecas y Hernán Coronado, ambos del Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica (CAAAP) y Jorge Agurto, de Servindi.
La delegación peruana pidió al relator Anaya -a nombre del Grupo sobre Pueblos Indígenas de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos- que solicite de manera formal al Estado peruano información sobre el convenio debido a que las autoridades peruanas han rehusado confirmar o negar la suscripción del mismo y se niegan hasta la fecha a pronunciarse sobre el tema.
El Estado peruano debe responder al relator si el documento es auténtico. De ser así deberá determinar responsabilidades
Documento demuestra flagrantes mentiras de las autoridades
Cade destacar que las autoridades peruanas siempre han negado la acción de apoyo del Ejército a las actividades de Afrodita a pesar de las constantes denuncias efectuadas por la organización ODECOFROC, afiliada a la nacional Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP).
Las comunidades rechazan las actividades de Afrodita por desarrollarse en la Cordillera del Cóndor, provincia de Condorcanqui, región Amazonas, territorio ancestral del pueblo Awajún y Wampis, sin la consulta ni el consentimiento de las comunidades indígenas.
Minera Afrodita pone en grave riesgo la salud de los ríos Cenepa y Marañón, de cuyas aguas se abastecen más de trece mil pobladores indígenas de las etnias Awajún y Wampis que viven en la zona fronteriza con el Ecuador.
ODECOFROC denunció la oscura intervención del lobbysta Carlos Armando Ballón Barraza a quién sindican como el operador del recorte en más de 80 mil hectáreas del Parque Nacional Ichikat Muja, área que es cabecera de cuencas de varios ríos que irrigan un territorio de gran biodiversidad.
El recorte del Parque Nacional se realizó debido a un supuesto lobby, que denunciaron, entre otros, César Hildebrandt, en una columna del diario La Primera, y favoreció la instalación de 84 concesiones mineras que intentan operar sobre un área fronteriza de extrema fragilidad ambiental.
La misma denuncia se efectuó en la publicación: “Crónica de un engaño. Los intentos de enajenación del territorio fronterizo Awajún en la Cordillera del Cóndor a favor de la minería” , y en el video “La Amazonía en venta”, editados con el auspicio del Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas (IWGIA).
En los documentos se argumenta y demuestra que el Estado actuó de mala fe y sujeto a lobbys empresariales al recortar el Parque Nacional Ichigkat Muja.
Por último, se debe mencionar que de acuerdo al artículo 71 de la Constitución Política del Perú se prohibe a los extranjeros tener directa o indirectamente minas o tierras dentro de los 50 kilómetros de frontera.
Como lo sostiene la investigación de ODECOFROC el titular de Afrodita Jorge Bedoya Torrico transfirió su concesión a Dorato Perú, una empresa que finge ser peruana pero es subsidiaria de Dorato Resources, empresa canadiense que es parte del Grupo Cardero.
Por otro lado, es conocido que el vicepresidente del Grupo Cardero: Carlos Ballón -quién es uno de los que firma el "convenio de la vergüenza"- es amigo y asesor en temas de minería del actual presidente Alan García Pérez.
Acceda al convenio de la vergüenza con un clic en el siguiente enlace: