Por Roger Rumrill

23 de marzo, 2011.- El 28 de octubre del año 2007 el presidente Alan García publicó en el diario “El Comercio” el artículo “El síndrome del hortelano” con un sobre título que dice: “Poner en valor los recursos no utilizados”.

“Hay millones de hectáreas para madera que están ociosas, otros millones de hectáreas que las comunidades y asociaciones no han cultivado ni cultivarán…”, sostiene García en un párrafo de su artículo.

En otro párrafo agrega: “Así pues, hay muchos recursos sin uso que no son transables, que no reciben inversión y que no generan trabajo. Y todo ello porque el tabú de ideologías superadas, por ociosidad, por indolencia o por la ley del perro del hortelano que reza: “Sino lo hago yo, que no lo haga nadie”.

“Por el contrario, la propiedad formal por grandes empresas colectivas como los fondos de pensiones permitiría hacer inversiones de largo plazo desde la siembra hasta la cosecha años después”. Luego remata en otro acápite: “Esa misma tierra vendida en grandes lotes traería tecnología de la que se beneficiaría también el comunero, pero la telaraña ideológica del siglo XIX subsiste como un impedimento. El perro del hortelano”.

Los más de 100 decretos legislativos promulgados para la implementación del Tratado de Libre Comercio (TLC) y una decena de ellos cuestionados por los pueblos indígenas y cuya derogatoria exigieron, traducen a pie juntillas el pensamiento, la filosofía y la ideología del presidente Alan García Pérez sobre los territorios amazónicos y sus habitantes ancestrales, los indígenas, y por lo tanto, vulneran sus derechos y amenazan su presente y futuro.

Es más, la Comisión Multipartidaria encargada de estudiar y recomendar la solución a la problemática de los pueblos indígenas, en su informe, establece en sus conclusiones que “Todos los decretos legislativos analizados vulneran el artículo 55 de la Cuarta Disposición Final y Transitoria de la Constitución, al no interpretar los preceptos constitucionales relativos a las comunidades campesinas y nativas de conformidad con el Convenio de 169 de la OIT”.

Asimismo, la citada Comisión afirma en sus conclusiones que “Todos los decretos legislativos analizados vulneran el Convenio 169 de la OIT respecto del derecho a la Consulta Previa y Participación, provistos en los artículos 6 y 7.

Igualmente concluye que “Todos los decretos legislativos analizados contravienen el artículo 19 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, respecto al derecho de consulta”. A las mismas conclusiones han arribado destacados constitucionalistas, entre ellos el Dr. Francisco José Eguiguren Praeli en su informe del 05 de agosto del 2008.

Como los recursos estratégicos del siglo XXI y de la economía post crisis sistemática del capitalismo son el agua, la energía, las tierras y la biodiversidad, el gran capital trasnacional se ha lanzado a la caza de de estas riquezas, en especial tierras, tal como revela un reciente estudio del Banco Mundial titulado Generando el interés global sobre las tierras de cultivo.

Si desde la fundación del capitalismo los obreros lucharon para humanizar el sistema que ahora está en crisis por sus profundas contradicciones y porque es antinómico a la justicia social y porque su lógica de ganancia está basada en la transacción de los bienes de la naturaleza, la batalla final para salvar el planeta y en este caso a la Amazonía, está siendo dada por los indígenas.

La decisión tomada por la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), la más importante organización indígena amazónica, de desconocer el informe oficial de los sucesos trágicos en Bagua del 05 de junio del año 2009, que pretendió exculpar la responsabilidad política del gobierno de esos luctuosos acontecimientos, el reclamo para que cese la persecución judicial y acoso policial a sus líderes, la exigencia de que el poder judicial cambie la orden de captura por la de comparecencia al líder Alberto Pizango Chota y la justa demanda de derogatoria que los decretos legislativos que amenazan las tierras y territorios indígenas, entre otras exigencias, es una clara señal que la resistencia se mantendrá firme.

Los pueblos indígenas andino-amazónicos encarnan la nueva utopía social del siglo XXI. Si en el siglo XX la lucha de los pueblos fue por los derechos humanos y la democracia, en los albores del siglo XXI a esos objetos ahora se suman la lucha por la Madre Naturaleza, la biocracia o ecocracia. Es decir, la lucha por la vida.

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Fuente: Crónica Viva: http://www.cronicaviva.com.pe/index.php/component/content/article/76-roger-rumrill-en-linea/15693-qel-perro-del-hortelanoq