Por Marcos Matías Alonso

19 de marzo, 2011.- Es un hito en nuestra historia saber que el pasado 9 de febrero el pleno de la LIX Legislatura del Congreso aprobó, sin ninguna objeción, la “Ley de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Guerrero”.

La clara fundamentación y la incuestionable exposición de motivos que presentó Victoriano Wences Real, propició su adopción por unanimidad. Esta Ley entrará en vigor al siguiente día que el Titular del Poder Ejecutivo lo publique en el Diario Oficial. Es preocupante que antes, durante y después de la aprobación de la Ley, no hubo voces indígenas que discreparan sobre dicha legislación. También estuvo ausente la postura de alguna instancia gubernamental para prevenir o alertar sobre las “ventajas” o “desventajas” de la Ley Indígena.

Hasta cierto punto, es alentador que Guerrero deje de ser una de las entidades con mayor rezago en materia de legislación indígena. Posiblemente no están incluidos todos los derechos indígenas y afromexicanos, pero será la plataforma primordial para que el gobierno entrante elabore la nueva “Constitución Política de Guerrero y sus Pueblos Indígenas”. Debemos avanzar progresivamente, tanto en la protección de los derechos constitucionales, como en su aplicación hacia la política pública, esfera es donde los pueblos perciben el impacto de la ley.

La Ley Indígena contiene capítulos temáticos como el derecho a la salud, el desarrollo económico, las mujeres, los niños y los adultos, el fomento artesanal, la educación y el apartado sobre el aprovechamiento de los recursos naturales en las regiones indígenas. Comento su aplicación en estos dos ejes:

La educación indígena

En el artículo 54 manifiesta textualmente: “El Estado, a través de la Secretaría de Educación Guerrero, integrará el Sistema de Educación Indígena, desde la educación básica hasta la superior, que estará al cargo de una instancia coordinadora general, la cual deberá garantizar a las comunidades y pueblos indígenas la educación de las nuevas generaciones en su propio idioma y en el marco de formación bilingüe e intercultural…”.

Este es el soporte jurídico que dará respuesta a la demanda del magisterio indígena. La Ley Indígena abre la puerta para crear la Subsecretaría de Educación de los Pueblos Indígenas, como una instancia de coordinación para fortalecer la educación indígena, desde el nivel básico hasta el superior, garantizando la pedagogía de la diversidad cultural como ruta de futuro para los educadores indígenas del siglo XXI.

En reciente reunión con el magisterio indígena, nos explicaron el fundamento pedagógico en que sustentan su propuesta y expusieron que los educadores indígenas quieren participar en la erradicación del rezago educativo y eliminar el analfabetismo. Su participación ofrece alternativas potenciales, porque ningún programa suprimirá el analfabetismo sin la contribución de los educadores indígenas. En este rubro, es alarmante el saldo de la actual administración, que deja 386 679 analfabetas, en su mayoría indígenas.

El nuevo gobierno que en breve entrará en funciones, además de tener una oportunidad para responder a la demanda del magisterio indígena, también en él tiene aliados potenciales para instrumentar el programa “Cero Analfabetismo en Pueblos Indígenas”. Manos a la obra. No hay tiempo que perder ni distraerse de los grandes temas que el pueblo reclama. Con la suma de esfuerzos, en el futuro próximo, Guerrero puede convertirse en un territorio libre de analfabetismo.

El analfabetismo es una expresión de la pobreza

Son dos caras de la misma moneda. A mayor tasa de analfabetismo, mayor índice de pobreza. Es imposible disminuir el analfabetismo si no se reduce la situación de miseria. Los porcentajes de analfabetismo y pobreza aumentan o disminuyen conjuntamente. Un programa de “Cero Analfabetismo” será insuficiente si no es acompañado de un “Guerrero sin Hambre en Pueblos Indígenas”, que disminuya su situación de penuria.

Nuestra conciencia no estará tranquila mientras en Cochoapa y muchos pueblos indígenas reine la mortalidad infantil, carezcan de salud y no cuenten con los satisfactores indispensables para sobrevivir. La guerra contra el analfabetismo y la pobreza debe obligarnos actuar con la mayor velocidad posible. No hay tiempo para esperar.

La Ley Indígena contiene un capítulo sobre territorios indígenas y sus recursos naturales y regula aspectos de controversia. Es alentador el contenido del artículo 69:

“Las autoridades y los particulares, deberán consensar con las comunidades indígenas, los proyectos e iniciativas de obras que impacten los recursos naturales comprendidos en sus territorios”.

Consensar implica dialogar, consultar y respetar la decisión de las partes; en otras palabras, es el derecho constitucional de aceptar o rechazar la realización de un proyecto en sus regiones. Su aplicación no será de la noche a la mañana, pero marcará ruta en la relación de armonía entre los pueblos indígenas y el gobierno. Este es un nuevo esquema para procesar la diferencia de posturas en torno a proyectos como el de “La Parota”. La legislación abre una ventana a los procesos de paz y previene la explosión de conflictos.

En estos temas estoy ocupado y preocupado. Esta es la guerra frontal que debemos dar. Un combate implacable para atender los desafíos de Guerrero y no volcarnos hacia una guerra fratricida. Los problemas ancestrales de los pueblos indígenas no pueden esperar. La causa noble de su defensa reclama esfuerzos conjuntos que debemos transitar con alta responsabilidad. No hay tiempo que perder.

---

Fuente: Artículo de opinión publicado en El Sur. Acapulco, Guerrero 9 de marzo del 2011. Recibido por Servindi del autor.