Alerta Perú, 3 de marzo, 2011.- Como lo denunciara el fin de semana el diario La Primera, 22 candidatos al Congreso -de casi todas las tiendas políticas- están recibiendo apoyo publicitario por parte de la ONG “Reflexión Democrática”, dirigida por Roque Benavides, cabeza visible del Buenaventura y accionista de Minera Yanacocha, la principal aurífera del país.

Durante el día de hoy, tanto los propios congresistas como voceros oficiosos del sector minero han defendido el apoyo, que ronda los 20 mil dólares para cada candidato. Sin embargo, para analistas y dirigentes de comunidades afectadas por la minería, este aporte resulta muy irregular.

El aporte forma parte del programa “Impulso para un mejor Congreso”, que según la institución busca “promover la postulación de ciudadanos sobresalientes como candidatos al Congreso de la República”. Según Reflexión Democrática, el apoyo incluye: apoyo publicitario, es decir, contratación de publicidad electoral pagada en medios de comunicación masivos; material de campaña; asesoría en comunicaciones; y capacitación orientada a fortalecer sus capacidades para desarrollar una buena gestión parlamentaria, transparente, democrática y eficiente al servicio del país.

Sin embargo, Alerta Perú comprobó una curiosa coincidencia entre las regiones priorizadas por la ONG dirigida por el principal empresario minero del país, y las regiones en las cuales la minería tiene inversiones importantes.

De acuerdo al portal de Reflexión Democrática, podían postular al programa “precandidatos de las organizaciones políticas de las siguientes circunscripciones electorales: Lima, Lima Provincias, Callao, Ica, Arequipa, Cusco, La Libertad, Lambayeque, Piura, Cajamarca, Ancash, Junín, San Martín”.

De acuerdo al Ministerio de Energía y Minas, las regiones que concentraron el último año la principal inversión minera son: Cusco (557 millones de dólares), Arequipa (479 millones), Cajamarca (476 millones), Ancash (323 millones), Pasco (318 millones), Lima (267 millones), La Libertad (237 millones), Piura (197 millones), Junín (135 millones), Moquegua (116 millones), Huancavelica (87 millones) y Ayacucho (50 millones). Como puede verse, ocho de sus 12 regiones priorizadas concentran una fuerte inversión minera.

Reflexión Democrática asegura que su apoyo es transparente y sólo busca fortalecer la democracia apoyando a congresistas sobresalientes. Sin embargo, cabe preguntarse qué tipo de evaluación ha tenido esta institución para considerar, por ejemplo, que Luz Salgado, quien fuera una de las más agresivas defensoras de la dictadura de Alberto Fujimori, es una “ciudadana sobresaliente” que puede ayudar a “fortalecer la democracia”. La lista completa de candidatos apoyados incluye a 22 postulantes de Perú Posible, el APRA, el fujimorismo, Solidaridad Nacional y la llamada “Alianza por el Gran Cambio”.

Los únicos partidos que no están involucrados con este cuestionado apoyo son Gana Perú, que no presentó postulantes al programa, y los otros partidos más pequeños (¿a juicio de Reflexión Democrática no hay candidatos “chicos” que podrían merecer más apoyo que postulantes más conocidos y que en la mayoría de los casos están postulando a la reelección?).

Alerta Perú conversó con Magdiel Carrión, presidente de la Confederación de Comunidades Afectadas por la Minería, quien lamentó el hecho señalando que se trata de un “manejo político para traficar con la voluntad del pueblo, comercializando con la política para seguir destruyendo el país”. Carrión lamentó especialmente la presencia de Washington Zeballos, quien “está en la Comisión Ambiental y habla de la ley de consulta y los derechos de los pueblos indígenas”.

El líder campesino señaló además que, de ingresar al Congreso estos 22 postulantes, “no va a haber ninguna posibilidad de que se apruebe la Ley de la Consulta”.

Por su parte Percy Medina, en declaraciones a La Primera, señaló que “el tema del financiamiento de los partidos políticos es muy delicado porque cualquier entidad mediante el financiamiento de candidatos políticos busca comprar poder. Lo que debe hacerse para resolver todo tipo de dudas, es que la Oficina Nacional de Procesos Electorales investigue estas donaciones y de qué forma se hacen efectivas: si es a través de actos de capacitación o es entrega personalizada de dinero”. Por lo pronto, el abogado Pedro Quispe, directivo del Colegio de Abogados de Lima, ya presentó una denuncia ante la ONPE por este hecho irregular.

Financiamiento en cuestión

Este escándalo, más las dudosas contribuciones del narcotráfico a la campaña de Keiko Fujimori y el apoyo de empresas brasileras a la campaña de Alejandro Toledo han permitido poner en relieve un mal funcionamiento grave de la administración de los ingresos y aportaciones de los partidos políticos. Cabe señalar que es la primera vez en una elección nacional que el tema se trata tanto en los medios de comunicación. Pese al balance pesimista sobre el nivel de corrupción de los políticos, se observa sin embargo que ahora este tipo de información sale a la luz del día cuando antes estaba escondida.

Los esfuerzos para normalizar y hacer más transparente el proceso electoral fueron impulsados con la publicación en 2003 de la ley de Partidos Políticos (o ley 28094). La dicha ley dispone, entre otros, que “ la recepción y el gasto de los fondos partidarios son competencia exclusiva de la Tesorería” y que “ el acceso a las cuentas del partido está autorizado exclusivamente al tesorero”. Ahora bien, los cincos partidos políticos que han sido investigados en un reporte de verificación financiera de la ONPE, fueron pescados con vacíos en sus informes financieros. Es que la administración de los ingresos y aportaciones de los partidos políticos es bien nebulosa.

La tesorera de Perú Posible, Lydia Rodríguez Vilca, afirma desconocer la identidad de las personas que hicieron depósitos sobre la cuenta del partido. Por su lado, el tesorero de Gana Perú asegura que los 34 miles de soles que no fueron reportados están ahora mismo en “proceso de identificación”. El tesorero de Alianza por el Gran Cambio se excusa diciendo que no tenía conocimiento de los 87000 dólares que fueron gastados en propaganda. Es que el partido del economista PPK no tiene cuenta bancaria, dice haber recibido este monto en efectivo y por eso no fue declarado a la ONPE. Parece que desde la crisis financiera, los partidos políticos prefieren poner su plata bajo el colchón. Subimos un escalón en la escalera de la mala fe con la tesorera de Fuerza 2011, que justifica el no uso de las cuentas bancarias en las aportaciones financieras por la “ celeridad que exige la campaña”. Sin palabras.

Pero sin duda, quien se lleva las palmas es el secretario general de Solidaridad Nacional, Marco Parra, quien no supo decir al Diario16 quién era el tesorero del partido. En cuanto al dirigente del partido, Walter Menchola, reveló que los tesoreros eran dos: Mílcar Padilla Miraval, y una segunda persona de la cual “no recordaba el nombre”. Así se administran los recursos de la campaña electoral: cualquier persona puede dar o entregar dinero en las cajas del partido sin que se les pregunte quiénes son o de dónde viene la plata, lo importante es que haya dinero y de preferencia en efectivo.

Ante tanta desorganización y falta de voluntad de los partidos de remediarlo, la ONPE tiene pocas armas para sancionarlos. El único recurso punitivo que tiene es aplicar una multa que debería ser equivalente, como mínimo, a diez veces el monto de la contribución recibida. Pero desde la promulgación de la ley en noviembre de 2003, la ONPE no ha sancionado ni una vez a ningún partido. (MC / PM).

----

Fuente: Alerta Perú: http://www.alertaperu.org/publicar/nacionales/1676-la-bancada-de-yanacocha-y-el-financiamiento-electoral.html