Servindi, 2 de marzo, 2011.- El presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas de la LXI Legislatura, Manuel García Corpus, anunció que este mes se presentará ante la cámara de senadores y de diputados, una propuesta de la Ley General de Consulta a Pueblos y Comunidades Indígenas para su aprobación.

La norma busca dotar de derechos plenos a los pueblos y comunidades indígenas, incluyendo los derechos a la consulta y libre determinación, así como brindarles elementos legales en diversos rubros. Así, se evitarán arbitrariedades y abusos del Gobierno, en decisiones que en muchos casos, afectan a las comunidades.

“Es necesario contar con un instrumento que de equidad, certidumbre y sobre todo, establecer una relación entre el Estado y los pueblos y comunidades indígenas del país para respetar su derecho a la consulta y libre determinación.

Por ello, el Senado de la República y el Congreso de la Unión promueven la Ley General de Consulta a Pueblos y Comunidades Indígenas”, indicó.

La Ley también contribuirá a conservar los recursos naturales y ecosistemas, preservar la identidad cultural y los modos de vida de los pueblos originarios, entre otros aspectos. Por esa razón, a partir del próximo 7 de marzo, en Miahuatlán de Porfirio Díaz, se dará inicio a una serie de foros regionales en la materia.

Estos encuentros se celebrarán además en Juchitán, Pinotepa Nacional, Tlaxiaco y Guelatao. Posteriormente, se efectuarán otros de carácter nacional y uno de tipo internacional, que contará con la asistencia de especialistas en el tema.

En ese sentido, se llevarán a cabo 17 foros regionales a nivel nacional y 53 talleres micro regionales, entre otras actividades, cuyos resultados y acuerdos se ha previsto se difundan el 14 de marzo.

Luego, se pasará al proceso de discusión y se presentará la propuesta al pleno de la cámara de senadores y de diputados.

Con la aprobación de la norma, México sería el único país de América Latina en contar con una Ley General de Consulta a los Pueblos y Comunidades Indígenas.

En el Perú se inició un proceso similar para concretar un instrumento en materia jurídica a favor de los indígenas el cual se aprobó por el Congreso el 19 de mayo de 2010. Pero la norma no se promulgó hasta la fecha por observaciones del Presidente de la Republica.

Manuel García sostuvo que con esta ley los megaproyectos como el de Paso de la Reyna y Paso Ancho, en Oaxaca, así como toda acción del gobierno que altere las formas de vida de las comunidades originarias, necesariamente tendrán que ser consultados. Así, lo establece el Convenio 169 de la OIT.

“Los pueblos tendrán la oportunidad de escuchar, ser oídos y convenir cómo impulsar los proyectos que no violenten su identidad cultural y social, generando una nueva relación del gobierno federal con el estado mexicano, que no sea de imposición o de crear condiciones de aparente desarrollo. Se trata de que éstas acciones vayan de abajo hacia arriba” afirmó.

La idea que es que las iniciativas emanen de las comunidades, agencias, rancherías y de los diversos sectores sociales hacia las instituciones para inscribir las propuestas y convertirlas en políticas públicas, conforme lo demanda el régimen democrático.