Servindi, 16 de diciembre, 2010.- La Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep) y la Confederación Nacional de Comunidades Afectadas por la Minería (Conacami), denunciaron el intento del gobierno y del Congreso por aprobar a toda marcha una Ley Forestal que beneficiaría a intereses extranjeros.

Demandaron una explicación a la Embajada de Estados Unidos por un supuesto financiamiento y lobby por parte de uno de los programas de USAID, la agencia norteamericana de cooperación.

Asimismo, hacen un llamado a sus bases y a la opinión pública a movilizarse pacíficamente y organizar plantones frente a la embajada de Estados Unidos para que esclarezca su responsabilidad, y ante otras entidades como el Congreso.

Aquí el comunicado.

Alto a la Ley Forestal del saqueo y la imposición

¿Está detrás… la embajada de Estados Unidos ?

Los pueblos indígenas amazónicos, andinos y costeros, rechazamos el intento del partido aprista de aprobar dictatorialmente, el proyecto de Ley Forestal 4141, en esta legislatura, porque su contenido viola abiertamente el Convenio 169-OIT al no respetar nuestro derecho al territorio y por beneficiar a los latifundios madereros; y porque tampoco han cumplido con efectuar adecuadamente el requisito de consulta previa a los pueblos indígenas, y ni siquiera cumplieron con el quórum reglamentario de la Comisión Agraria y de Descentralización del Congreso. Todo ello vicia esta posible ley de inconstitucionalidad.

Responsabilizamos de este atropello, de sus consecuencias sociales y políticas a: Aníbal Huerta, del partido aprista y presidente de la Comisión Agraria del Congreso; a los funcionarios de la Dirección Forestal y de Fauna Silvestre del MINAG, como Gustavo Suárez de Freitas, y Silvia Hooker del MINCETUR que han asustado nuevamente con que primero está someterse al TLC con Estados Unidos y después está la soberanía del Perú y los derechos indígenas; a SPDE y CARE como ONG que se prestaron a este engaño y autoritarismo.

Exigimos una aclaración a la Embajada de Estados Unidos, respecto a los informes de que todo este proceso ha sido financiado y presionado por PERU FOREST SERVICE INITIATIVE, programa de USAID, incluyendo dinero para corromper y dividir a débiles dirigentes indígenas.

Denunciamos que este grupo se ha BURLADO de los líderes indígenas que asistieron a las “audiencias” regionales y reunión nacional, quienes pidieron que siga la información y debate hasta la siguiente legislatura, y se les prometió que se les escucharía. Una vez más, los racistas del “Perro del Hortelano” mienten, engañan, manipulan y atropellan todo para seguir sirviendo a sus patrones del poder maderero, TLC, y de otros oscuros intereses.

Denunciamos que el texto de la actual Ley Forestal:

• Abandona a los bosques andinos, los más destruidos, cuyas comunidades nunca fueron consultadas.
• Facilita que grandes proyectos (mineros, petroleros, represas) destruyan bosques, tapándolos con “declaraciones de impacto” mentirosas y pagando migajas por supuestas compensaciones (art. 38)
• Regala los bosques amazónicos para latifundios madereros de más de 40 mil ó 100 mil hectáreas o para parques nacionales (sin límite de extensión), sin solucionar primero a miles de comunidades que esperan años ser tituladas o ampliadas (arts. 57, 60)
• Permite superponer “títulos habilitantes” o concesiones (madera, turismo, parques) encima de territorios indígenas, ya  que no se respeta su posesión y se les condiciona ese derecho a  que sus papeles estén “en trámite” (Sexta Disposición Final)
• Falta más apoyo concreto al Manejo Forestal Comunitario, con fondos y ratificando la RJ 232-2006 que sigue siendo ignorada como única norma existente sobre este tema (art. 59)
• Permite agresiones a los pueblos en aislamiento voluntario que pasen por zonas madereras, ya que no se excluyen esas zonas de paso, y se encubre con “protocolos” que no se cumplen (art. 50)
• Fomenta las plantaciones forestales, engañando que son bosques, y ocultando sus impactos dañinos a la salud de los ecosistemas (arts. 4, 12, 109)

Exigimos:

• Se consulte efectivamente a los pueblos indígenas y se resuelva sobre la ley en la siguiente legislatura, sin ceder a presiones de mafias internas o intereses extranjeros.
• Se modifique sustancialmente los artículos cuestionados por las organizaciones indígenas, ambientalistas y sociedad civil.
• Aprobación en el Congreso del dictamen de la Comisión de Pueblos Andinos y Amazónicos, insistiendo en la autógrafa de Ley de Consulta aprobada en el Congreso el 19 de mayo del 2010, y no se siga con el caos de hacer consultas de modo arbitrario según los temas y sectores (forestal, minero, petrolero, etc)
• Decreto Supremo que asigne fondos e inicie el saneamiento territorial indígena amazónico por más de 9 millones de ha que están pendientes, en lugar de la mecedora del DS 107-2010-PCM que crea una “comisión” que va estudiar lo que ya se sabe y no se quiere resolver.
• Pronunciamiento inmediato de la Defensoría del Pueblo rechazando esta violación del Convenio 169 y llamando a que se cumpla debidamente con la consulta a los pueblos indígenas.

Llamamos:

• A las organizaciones indígenas, a pronunciarnos y movilizarnos democrática y pacíficamente, en defensa de nuestros derechos.
• Organizar plantones ante la Embajada de Estados Unidos para que esclarezca su responsabilidad, y ante las oficinas de los responsables de este atropello ya señalados anteriormente.
• A las ONG, agencias de cooperación y especialistas, dedicados a temas forestales y pueblos indígenas, a definir su posición claramente.
• A la opinión pública nacional e internacional, a recordar que el Baguazo fue consecuencia de las mismas mentiras y asuntos “se cae el TLC si no hay ley forestal”; y agotar todos los esfuerzos para que haya paz, que cese la violencia del engaño y el abuso sobre los derechos indígenas; seamos escuchados y se cumpla el Convenio 169 para avanzar hacia el diálogo y la concertación efectiva.
• A los aliados de los pueblos indígenas, a apoyarnos en nuestra defensa legal, si se impone este ley, para luchar por su derogatoria ante el Poder Judicial, Tribunal Constitucional, Corte Interamericana de Derechos Humanos, Organización Internacional del Trabajo (Convenio 169), Comisión para la Erradicación de la Discriminación Racial (CERD) de la ONU y ante el Relator Especial de Pueblos Indígenas de la ONU.

Consejos Directivos de AIDESEP y CONACAMI