Servindi, 29 de noviembre, 2010.- La concesión del proyecto minero Crucitas fue cancelada por el Tribunal Contencioso Administrativo, al comprobar la existencia de daño ambiental por la tala de 50 hectáreas de almendros y por detectar irregularidades en los permisos para extraer oro.
Para grupos ambientalistas la medida es positiva pues el proyecto afectaba los recursos acuáticos de las comunidades de la cuenca del río San Juan, que comparten Costa Rica y Nicaragua.
El tribunal anuló el decreto 34801-Minaet firmado por el ex presidente Óscar Arias que declaró de interés público el proyecto Crucitas, a cuyo amparo se permitió la tala del bosque de almendros amarillos, especie en veda que preserva el hábitat de lapas verdes.
El tribunal también anuló el permiso de viabilidad ambiental otorgado por la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena) a favor de Industrias Infinito S. A. al encontrar irregularidades.
El Setena, afirman los jueces, debió exigir un segundo estudio de impacto ecológico cuando la minera introdujo cambios en el proyecto y redujo el área de explotación aurífera. Sin embargo, ese segundo estudio nunca se hizo.
Como parte de sus facultades, el tribunal notificó al Ministerio Público para que considere abrir una causa judicial en contra del ex mandatario, el ministro de ambiente de entonces, la ex secretaria del Setena y cinco funcionarios más.
“Se condena a Industrias Infinito S. A., al Estado y al Sistema Nacional de Áreas de Conservación a la reparación integral de los daños ambientales provocados por la tala rasa llevada a cabo en las propiedades de Industrias Infinito S. A.” sostuvo el tribunal presidido por Eduardo González.
Juicio ambiental
La sentencia cierra el primer juicio contencioso administrativo que se sigue contra la empresa minera Industrias Infinito, cuya demanda interpuso la Asociación Preservacionista de Flora y Fauna Silvestre (Apreflofas), el Frente Norte por la Vida (Unovida) y el abogado ambientalista Álvaro Sagot.
Los demandantes denunciaron al Estado por impulsar un megaproyecto minero que ponía en riesgo de extinción a especies como el almendro amarillo y la lapa verde.
La sentencia, favorable a los ambientalistas, fue emitida siete meses después de que la Sala IV rechazara un recurso de amparo interpuesto por Edgardo Araya, a nombre de Unovida.
En aquella oportunidad, los magistrados constitucionales no encontraron “riesgos ambientales” en la exploración minera Crucitas.
Con respecto a dicha resolución, el co-juez David Fallas, argumentó ayer que la Sala IV hizo un abordaje constitucional del caso, “sin detenerse a analizar temas de legalidad propios de la jurisdicción contencioso administrativa”.
Tras darse a conocer la parte dispositiva de la sentencia, el procurador ambiental Mauricio Castro prefirió no referirse hasta que conozca el texto integral, el cual se leerá el 14 de diciembre.
Juan Carlos Obando, gerente de Relaciones Corporativas de Industrias Infinito, intentó evadir a la prensa. Sin embargo, se enfrentó a un grupo de ambientalistas que lo esperaban en las afueras del Tribunal, en Calle Blancos de Goicoechea.
De manera escueta, José Manuel Echandi, abogado de los trabajadores de la mina Crucitas, adelantó que impugnarán el fallo ante la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia.
Por su parte, Edgardo Araya, de Unovida y Álvaro Sagot se mostraron muy satisfechos. “Este es un mensaje de que aquí el poder político y el poder económico no pueden hacer lo que quieren. La institucionalidad de este país se ha reforzado con esta sentencia. Es un triunfo de todos los costarricenses”, declaró Araya.
El abogado no descartó continuar un segundo juicio contra la mina, esta vez por el supuesto daño en los acuíferos de la zona.
Por su parte, Industrias Infinito anunció que mañana se conocerán las acciones legales que adoptará frente a la sentencia del Tribunal Contencioso Administrativo.